El Gobierno acepta que Marchena presida el TS para sacarle del 1-O

El Ejecutivo y el PP eligen a un presidente conservador para un CGPJ progresista

El Gobierno y el PP cerraron ayer el acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) dejando la presidencia del órgano y, por tanto, también del Tribunal Supremo, en manos del hasta ahora presidente de la Sala Penal, Manuel Marchena. La cesión del Ejecutivo al nombre propuesto por el PP, un prestigioso magistrado de perfil conservador, se traducirá en una mayoría progresista en el órgano de gobierno de los jueces, encargado de nombrar a presidentes de tribunales superiores de justicia, de audiencias provinciales, presidentes de Sala y magistrados del Alto Tribunal. Pero también en la salida de Marchena del tribunal que juzgará a los líderes independentistas del 1-O y que él mismo presidía. Esta circunstancia obligará a modificar la composición del tribunal.

El acuerdo adelantado por ABC preveía un reparto salomónico de los veinte vocales que integran el CGPJ, aunque, como adelantó ABC, no se descartaba que ese reparto se alterara si finalmente el elegido era el nombre propuesto por el PP, porque con el voto de calidad del presidente se habría impuesto la mayoría conservadora. De esta forma, los populares han cedido un vocal a los socialistas, que, a su vez, tendrán que negociar sus once plazas con Podemos, que, aunque critique el reparto del pastel, no quiere quedarse fuera del Consejo. Aunque desde Podemos hablan de cuatro vocales, no obtendrán más de dos.

Con la presidencia ya despejada, el perfil de los vocales que van a desembarcar en el órgano de gobierno de los jueces ya es una cuestión «menor» en la negociación, hasta el punto de que, como adelantó ABC, las personas a las que Sánchez y Casado encomendaron esta negociación, Rafael Catalá y Dolores Delgado, no se habían impuesto vetos a sus respectivos candidatos. Solo así puede entenderse que el PP permita que en el próximo Consejo se siente José Ricardo de Prada, el ponente de la sentencia de Gürtel que con sus cuestionadas afirmaciones posibilitó la moción de censura que echó a Mariano Rajoy de La Moncloa. Del entorno de Baltasar Garzón y amigo de la ministra Delgado, De Prada ha intentado hasta el último momento colarse en el Consejo por el cupo de juristas, ya que por el judicial no pudo hacerlo al no encontrarse en ese momento en el servicio activo, requisito imprescindible para concurrir con el aval de una asociación judicial o de los propios compañeros.

También se espera en el próximo CGPJ la presencia del también amigo de la ministra Delgado Fernando Andreu, y la de la juez y exdiputada de Podemos Victoria Rosell.

Ayer sólo trascendió el nombre de los ocho juristas, el cupo en el que el PP ha cedido un vocal al PSOE. La formación de Casado ha propuesto al exdiputado José Miguel Castillo, al senador y exjuez Manuel Guillermo Altava y a la fiscal Rosa Rubio, mientras que el PSOE ha hecho lo propio con el citado De Prada, la fiscal Pilar Fernández, la catedrática Carmen Sáez, el secretario de gobierno de la Audiencia Nacional Luis Martín Contreras y el exvicepresidente del Principado de Asturias Bernardo Fernández Pérez.

En plena «guerra fría»

Según supo ABC de fuentes próximas a la negociación, el nombre de Manuel Marchena estuvo encima de la mesa desde el momento en el que se abrió el melón de la presidencia, hasta el punto de que si bien se jugó al despiste en los últimos días para no desactivar la operación –se ha llevado a cabo en plena «guerra fría» entre Sánchez y Casado–, los populares no llegaron a hablar de ningún otro candidato. Tenían claro que Marchena reúne las cualidades que se requieren para un presidente del Poder Judicial: solvencia jurídica, experiencia profesional, gestión y el respeto de la carrera.

Aunque para el entorno de la ministra Delgado no era el candidato más idóneo –por su participación en los procesos que desembocaron en la inhabilitación de su amigo Garzón–, un sector del Gobierno aprobó desde el primer momento su candidatura, aunque lo que trascendiera era el supuesto interés del Ejecutivo por que la presidencia del Supremo recayera en una mujer.

Lo cierto es que la candidatura deMarchena estuvo este sábado pendien-

te de un hilo, cuando una filtración interesada que se atribuye a Justicia intentó quemar su nombre, con escaso éxito a la vista de los resultados.

Fue entonces cuando Catalá, en aras de que el acuerdo no se frustrara, llegó a negar incluso que Marchena fuera candidato de los populares y se pusieron en circulación los nombres de los magistrados Santiago Martínez-Vares y Ricardo Enríquez. A esas alturas de la negociación el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya no pensaba dar marcha atrás.