El Tribunal de Cuentas condena a Mas y a su equipo a devolver 4,9 millones por el 9-N
El expresident, que recurrirá el fallo, argumenta que los gastos de la consulta fueron «legales» porque «la Generalitat no se siente perjudicada»
Varapalo del Tribunal de Cuentas al independentismo. Los responsables del primer desafío secesionista, la consulta del 9-N de 2014, responderán de sus actos con su propio bolsillo. El órgano fiscalizador del Estado condenó ayer a Artur Mas y a nueve altos cargos de su Gobierno a devolver a las arcas de la Generalitat 4.946.788,16 euros, además de los intereses y las costas del juicio contable. El expresidente catalán puede perder su casa de Barcelona, un lujoso piso de 200 metros cuadrados cerca de la Avenida Diagonal, que fue embargado como fianza.
El juicio contable ha estimado las demandas interpuestas por Abogados Catalanes por la Constitución, Societat Civil Catalana y la Fiscalía. La sentencia, dictada por la consejera de Cuentas Margarita Mariscal de Gante, exministra de Justicia, responsabiliza a Mas de la totalidad de los fondos públicos malgastados, como máximo responsable del 9-N. Esto no significa que ten- ga que abonar los 4,9 millones de euros, ya que en varias partidas comparte responsabilidades con otros altos cargos de su Gobierno. La cuenta que le corresponde al expresidente, si todos cumplen con su parte, ronda los dos millones de euros. Pese a esto, la responsabilidad es solidaria, lo que significa que si alguno de los condenados no paga, el resto responderá con su patrimonio.
El Tribunal de Cuentas había impuesto una fianza de 5,25 millones de euros, que se cubrió con el patrimonio que aportaron los acusados y, principalmente, con la recaudación de fondos que llervaron a cabo las organizaciones independentistas ANC y Òmnium Cultural. Por la vía de esta «caja de resistencia» se entregaron 2,9 millones.
Tras Artur Mas, la mayor responsabilidad contable ha recaído en Irene Rigau, exconsejera de Educación de la Generalitat, que ha sido condenada al pago de algo más de 2,8 millones de euros, correspondientes a la adquisición de los 7.000 ordenadores que se utilizaron en las mesas de votación. Uno de los principales argumentos de los condenados era que esos ordenadores están en poder de la Consejería de Educación, que los repartió en varios colegios públicos, pero el órgano fiscalizador no entra en ese extremo, ya que fueron adquiridos para la votación del 9-N.
Le sigue Francesc Homs, exconsejero de Presidencia, que responde por un importe de 1.979.063,28 euros. Este dinero se destinó, entre otros fines, a la campaña de publicidad institucional, a la elaboración del soporte informático, al envío de propaganda y a la contratación del centro de prensa.
La cuarta mayor condena, 865.675 euros, ha sido para Joana Ortega, exvicepresidenta de la Generalitat y exconsejera de Gobernación. Entre las partidas de gastos de las que es responsable destaca el soporte informático y la compra de material para la consulta. Por su parte, la sentencia recoge condenas de 806.403,52 para Jordi Vilajoana –secretario general de la Presidencia con Artur Mas– e Ignasi Genovés –director general de Difusión de la Generalitat–, en ambos casos por la campaña de publicidad. Lluis Bertan, subdirector general de Administración, Servicios y Proyección Externa de la Generalitat, responderá por casi 700.000 euros, los que costó el soporte informático para la votación ilegal, mientras que Jaume Domingo, exdiputado en el Parlament y director del Diario Oficial de la Generalitat, devolverá al erario autonómico 307.962,71 euros. Esta cifra corresponde al envío de propaganda postal. Por último, Josefina Valls y Teresa Prohias (ambas como directoras de Servicios) tendrán que abonar 81.143,73 euros por distintos conceptos. Además de reintegrar esos 4,9 millones de euros a las arcas de la Generalitat, los condenados, que recurrirán, también deben asumir los intereses y las costas del juicio contable. La sentencia aún no se va a ejecutar, dado que no es firme. De hecho, Artur Mas, Joana Ortega, Francesc Homs e Irene Rigau anunciaron ayer que recurrirán en apelación a la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas. Si no lograran su objetivo, les quedaría la opción de presentar un recurso de casación en
Condenados Dicen que «no aceptamos la sentencia» porque es una «aberración» y un «escarmiento»
el Tribunal Supremo. Los cuatro exdirigentes independentistas emitieron un comunicado incendiario en el que consideraban el fallo como «una aberración jurídica que vulnera la propia jurisprudencia del Tribunal de Cuentas». De hecho, Artur Mas y sus otrora subordinados ni siquiera aceptan la decisión del Tribunal de Cuentas, como si eso estuviera en su mano: «No aceptamos en ningún caso la sentencia y reiteramos que de ninguna manera se ha producido ningún gasto irregular que comporte una responsabilidad contable que justifique la pena impuesta».
Como argumento esgrimen que «el gobierno de la Generalitat ha dejado claro que no se siente perjudicado económicamente y que los gastos del 9-N fueron legales». Durante el procedimiento contable, los presidentes de la Generalitat han sido Carles Puigdemont y Quim Torra.
«Un escarmiento»
El comunicado también sostiene que «durante el juicio penal, el mismo TSJC (Tribunal Superior de Justicia de Cataluña) desestimó el delito de malversación. Fuentes jurídicas consultadas por ABC aseveran que «una cosa es la vía penal y otra la contable».
Mas también entiende que «la decisión del Tribunal de Cuentas se encuentra muy lejos de la imparcialidad y pretende ser, por un lado, un escarmiento para todos aquellos que llevamos a cabo el proceso participativo del 9-N y, por otro, un aviso para navegantes». De hecho, el Ministerio de Hacienda denunció a Carles Puigdemont y a varios miembros de su equipo ante el Tribunal de Cuentas en octubre de 2017 por las subvenciones dadas a la ANC y a Òmnium, organizadoras del 1-O.