El Gobierno quiere contratar 3.000 orientadores para buscar empleo a los jóvenes
Pretende recortar la tasa de los menores de 30 años cinco puntos en tres años, hasta el 23,5% Elaborará un «estatuto del becario» que regule derechos y obligaciones de la empresa y evite fraudes
Los servicios públicos de empleo crearán una red de 3.000 orientadores para ayudar de forma individualizada a los jóvenes en paro a encontrar un puesto de trabajo, según se refleja en el «Plan de Choque por el Empleo Joven» que el Ministerio de Trabajo está negociando con empresarios y sindicatos. Las tareas de estos nuevos trabajadores se complementará con una red de mediadores jóvenes, aún sin determinar su número, «que provendrán de organizaciones sociales jóvenes», según refleja el plan.
Estos 3.000 nuevos contratados se incorporarán a la plantilla de los más de 20.000 trabajadores que tiene el servicio público de empleo, un organismo que apenas sigue encontrando empleo al 2% de los desempleados. Hoy, la mayoría acude a las oficinas del antiguo INEM solamente para tramitar su prestación, mientras visitan portales de empleo, rastrean en las redes sociales, buscan en anuncios en prensa o acuden a las webs de empresas de trabajo temporal.
El plan de choque que ha diseñado el Ministerio de Trabajo justifica la contratación de los nuevos orientadores de empleo en la elevada tasa de paro de los jóvenes de hasta 29 años, que en 2012 llegó hasta el 42,73%. Aunque en los últimos años esta tasa ha descendido de forma considerable, las cifras siguen disparadas y a la cabeza de Europa. En el primer trimestre del año se situó en el 28,06% frente al 16,74% que registró la tasa general. La idea del Gobierno con el nuevo plan de choque es recortarla hasta el 23,5% en los tres años de su vigencia, lo que supondría 168.000 jóvenes menos en paro.
La orientación y la contratación de tutores será solo un paso. También se busca dar un impulso a las «lanzaderas», una idea que ya aplican algunas comunidades autónomas, que busca mejorar la empleabilidad a través del «coaching». Y se persigue la igualdad de oportunidades entre sexos, el emprendimiento y mejorar la formación. En este último punto, se prevén diferentes mecanismos, entre ellos revitalizar los antiguos talleres de empleo, escuelas taller y casas de oficio. Los jóvenes que participen recuperarían la cotización por desempleo, lo que tendría un coste de 33 millones de euros.
Explica el documento que además de padecer elevadas tasas de desempleo la brecha salarial de los trabajadores jóvenes es del 50%; su sueldo medio está en 898,35 euros al mes. Frente a los 11.568 euros de media al año que perciben los menos de 25 años, los mayores de 55 años cobran casi el doble: 21.621 euros. Elevadas tasas de desempleo, menos sueldos y más precariedad entre los más jóvenes, argumenta el departamento que dirige Magdalena Valerio para recordar que las medidas que incluye el plan tendrán un especial impacto sobre el cumplimiento de la normativa laboral para evitar el fraude y los abusos que se pudieran cometer.
Evitar los «falsos becarios»
Con este objetivo el Ejecutivo creará el «estatuto del becario» que busca «integrar y regular» los derechos de los becarios y las prácticas no laborales para evitar los «falsos becarios». La nueva regulación perseguirá unas relaciones laborales que garanticen el carácter formativo, las tutorías y la obtención de los conocimientos necesarios por parte del alumno o aprendiz, así como el apoyo económico. En el plan se especifica que se deberá fijar la figura de un tutor en la empresa y un coordinador en el centro de estu-
dios que conozca el proceso de aprendizaje y pueda hacer un seguimiento del mismo.
Obligaciones del empresario
El plan toma como referencia la legislación francesa para regular el nuevo «estatuto del becario», en el que se propone incluir las obligaciones del empresario, las condiciones laborales y formativas del recurso a la recepción de becarios, las formas de integración en el proceso de formación, número de horas, duración máxima de las prácticas, el número máximo de becarios por empresa y tiempo, el periodo de carencia, la suscripción del convenio obligatorio y los contenidos mínimos del convenio.
También deberá reflejar el régimen de gratificación, la certificación de las pruebas, los permisos a los que tendría derecho el becario, sus derechos y un régimen de sanciones por incumplimiento de la empresa. Además, quiere que recoja el número de estudiantes en prácticas no laborales por tamaño de empresa. Y precisa que las prácticas extracurriculares se vincularán a un contrato en prácticas o a otras modalidades contractuales que determine el convenio.
Los jóvenes que salieron de España durante la crisis en busca de trabajo también serán objetivo. Se pondrá en marcha un plan de retorno del talento y de apoyo a la movilidad, que incorporará medidas de apoyo a la contratación y al autoempleo. También habrá respaldo para los gastos de desplazamiento y de primer alojamiento y un proceso de acompañamiento.
El plan de choque estará también dirigido a jóvenes con especiales dificultades para encontrar un trabajo. En el documento se afirma que un 34% de jóvenes españoles solo han cursado estudios de secundaria básica o inferiores. Dice de ellos que han sufrido con mayor dureza la crisis y que los que no están preparados se «enfrentan unos requisitos poscrisis». Cita el caso de los jóvenes que no han terminado la ESO o los inmigrantes. Para ellos el plan prevé atención personalizada sobre la inscripción en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil y sobre ofertas e itinerarios locales públicos y privados.
El coste del programa no está cuantificado en el documento. Sí se asegura que las medidas tendrán reflejo presupuestario, aunque el texto aún debe terminar de negociarse con los agentes sociales y con las comunidades autónomas que son las que tendrán que aplicar el plan de choque.
Costes
El coste del programa no está cuantificado aún y serán las comunidades quienes lo apliquen