Hacienda ignora a Podemos y no limitará el precio del alquiler

∑ La formación morada denuncia que Sánchez vulnera el pacto presupuestario

cen realmente las acciones de muchas compañías se encontraría con un laberinto legal en el que hay a su vez operadores colectivos como fondos de inversión o inversores de todo el mundo. Dentro del propio grupo IAG figura también la irlandesa Aer Lingus, aunque en este caso parece que la nacionalidad de sus accionistas está más clara y la Comisión ya ha garantizado en este caso concreto que no se vería afectada por un Brexit sin acuerdo.

Otra de las aerolíneas irlandesas, probablemente la que más se beneficia de poder operar en el cielo único, es Ryanair, que ya ha modificado sus estatutos para adaptarse a la salida del Reino Unido de la UE. En concreto, ha privado de derecho de voto a los accionistas no europeos y ha impuesto la obligación para estos de vender sus acciones solamente a inversores europeos, que en su caso sí adquirirían derechos de voto. «Con estas dos medidas se garantiza que Ryanair será propiedad y estará controlada por europeos en un escenario de Brexit radical» afirma la compañía de bajo coste. Por el momento, la empresa irlandesa se ha procurado una licencia de vuelo británica, lo que le permitirá operar rutas dentro del Reino Unido y fuera de la Unión Europea después del Brexit.

Por ahora, ni Iberia ni el conglomerado al que pertenece no ha desvelado cuales son sus planes concretos. Willie Walsh, director ejecutivo de IAG, se ha limitado a minimizar las informaciones que señalan que Iberia plantea graves problemas respecto a la legislación europea en caso de un Brexit sin acuerdo. Es más, cuando se le preguntó cómo planeaba persuadir a los reguladores de que seguirán cumpliendo las reglas de propiedad en una eventual ruptura sin acuerdo, Walsh respondió: «Magia». El Gobierno dio ayer un portazo en la cara a su principal socio parlamentario. Las medidas fundamentales exigidas por Unidos Podemos, y reflejadas en el acuerdo de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias de octubre, no aparecen en el proyecto de Presupuestos que hoy aprueba el Consejo de Ministros.

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, reprochó ayer al jefe del Ejecutivo que no haya cumplido con su palabra y pidió una rectificación para garantizar su apoyo a las cuentas públicas. «Hay muchos incumplimientos a día de hoy», afeó Echenique, después de reunirse con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para revisar el documento. El encuentro se dilató durante más de tres horas y tuvo lugar en el Congreso. Lo cierto es que en un primer momento el balance del partido morado fue positivo, pero tras «estudiar» el texto de Hacienda descubrieron que no era totalmente fiel al acuerdo.

«No nos parece serio que el Gobierno haya traído un borrador al Consejo de Ministros antes de haber solucionado estos compromisos», insistió Echenique. Con el Partido Popular y Ciudadanos totalmente en contra y el apoyo de los partidos independentistas en el aire, el aval del grupo parlamentario de Iglesias se le antoja necesario a Sánchez si quiere aprobar los Presupuestos. De lo contrario, se vería obligado a adelantar las elecciones generales y dar fin a la legislatura. En Podemos quieren aprobar los PGE –no pueden permitirse unos comicios– y por eso insisten en que seguirán «luchando» con el Gobierno para aprobar las demandas del pacto. A última hora de la tarde de ayer insistían en que presionarán a los socialistas para poder garantizar en la Ley Presupuestaria que no suba la factura de la luz de forma abusiva, recuperar el subsidio del desempleo a los 52 años, aumentar las ayudas a la dependencia y regular el precio de los alquileres en las zonas tensionadas.

Economía y Fomento

Especialmente delicado es este último asunto. La intervención del mercado inmobiliario se había convertido en una línea roja para los de Iglesias. El Gobierno, sin embargo, había dejado caer sus dudas sobre esta iniciativa.

Fuentes conocedoras del proceso de elaboración del real decreto que aprobó el Gobierno en materia de vivienda aseguran que Economía frenó la inclusión de topes al precio del alquiler. Finalmente el decreto recogió una batería de «medidas urgentes» que incluía, entre otras acciones, la ampliación de los contratos de tres a cinco años (a siete si el arrendador es una persona jurídica) y la limitación de las finanzas a dos mensualidades.

Fomento también recela de esta iniciativa. «No hay datos suficientes. Sería necesario crear un Observatorio de Vivienda que registrara de forma fiel la situación del mercado para empezar a plantear este medida», explican desde el departamento.