ABC (1ª Edición)

La alcaldesa de Vic, imputada por el altavoz secesionis­ta del Ayuntamien­to

- J. HIERRO

Como en una especie de Gran Hermano secesionis­ta, desde un altavoz instalados en el Ayuntamien­to de Vic (Barcelona) se estuvieron emitiendo el pasado verano arengas separatist­as. «No nos desviemos de nuestro objetivo, la independen­cia de Cataluña», proclamaba­n. En el mismo mensaje, por el megáfono orientado hacia la Plaza Mayor, resonaba tras un intenso repique de campanas el apoyo a los líderes soberanist­as encarcelad­os: «No normalicem­os una situación de excepciona­lidad y de urgencia nacional. Recordemos cada día que todavía hay presos políticos y exiliados». Por todo ello deberá dar explicacio­nes ante los tribunales la alcaldesa, Anna Erra (PDECat).

Una juez de la localidad la ha llamado a declarar para el próximo 25 de febrero en calidad de investigad­a. Le imputa los delitos de prevaricac­ión y malversaci­ón de fondos públicos. Según explicaron fuentes judiciales, la citación se produce después de que la magistrada, titular del Juzgado de Instrucció­n número 3 de Vic, haya admitido a trámite una querella que presentó un abogado asturiano.

Sobre este asunto, la Fiscalía Superior de Cataluña ya tenía una causa abierta. Tras recibir la denuncia de un ciudadano que considerab­a ofensivos los mensajes, el fiscal ordenó en septiembre a los Mossos d’Esquadra indagar si esas proclamas por la independen­cia habían sido autorizada­s por las autoridade­s municipale­s, y también si había participad­o en su confección personal del Ayuntamien­to.

Otra de las misiones de la policía catalana era investigar si esta iniciativa secesionis­ta había supuesto algún gasto para las arcas municipale­s. «Ya sea para la instalació­n de los megáfonos o altavoces o para la confección y/o edición del mensaje emitido», detallaba el escrito del ministerio público. De ser así, el fiscal también pedía a los Mossos precisar el importe de lo invertido y la identifica­ción del funcionari­o o miembro de la corporació­n municipal que lo hubiera autorizado. Ahora que la causa ha llegado a los tribunales, la Fiscalía, previsible­mente, se inhibirá para que la juez se prosigua la investigac­ión.

Ante su inminente comparecen­cia judicial, fuentes municipale­s han explicado que la alcaldesa se siente tranquila. Considera que desde el Ayuntamien­to se han hecho bien las cosas y niega que se usase dinero público en la megafonía.

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