Las víctimas acusan a Interior de «ocultar» el traslado de tres etarras
∑ El Ministerio no vio «acercamiento» en llevar a uno de Cádiz a Ciudad Real y a los otros dos de Alicante a Valencia Un asesino y una pareja terrorista que buscó matar
«Ocultación», «traición» o falta al «compromiso de transparencia» son acusaciones que la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y la Fundación de Víctimas del Terrorismo lanzaron ayer contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras tener conocimiento por una información periodística del traslado carcelario de tres etarras, uno de ellos Sergio Polo, autor de tres asesinatos, por el último de los cuales fue condenado en marzo pasado a 110 años de prisión.
En un comunicado, la AVT –que no la Fundación de Víctimas– utiliza el término «acercamiento» para lamentar el cambio de ubicación de estos reclusos «a espaldas de las víctimas», al tiempo que recuerda que Marlaska aseguró a su llegada al departamento que habría comunicación previa a los colectivos de víctimas de estos movimientos y que en ningún caso beneficiarían a reos con delitos de sangre. Desde el Ministerio, fuentes consultadas por este diario precisaron ayer que Polo ha sido llevado del centro penitenciario de Algeciras (Cádiz) al de Herrera de la Mancha, en Manzanares (Ciudad Real), a 578 kilómetros de su Bilbao natal, lo que significa que sigue estando «en la mitad sur de España», por lo que –añaden– «no se consideró que se tratara de un acercamiento al no producirse el traslado dentro de un radio cercano al País Vasco». En todo caso, la Directora General de Apoyo a Victimas del Terrorismo, Sonia Ramos, se puso ayer en contacto con los colectivos de víctimas para pedir disculpas y dar explicaciones como las aquí expuestas.
La mudanza de Sergio Polo, alias «Lur», se autorizó el 29 de noviembre por razones de salud, –al parecer, un «trastorno de estrés postraumático»– ante lo que la AVT reprocha que tal diagnóstico no le eximió de tener que acudir como acusado al juicio contra él en marzo, vista en la que agregan que Polo no mostró «síntoma alguno de arrepentimiento» ni de «colaboración con la justicia».
En espera de un hijo
Los otros dos etarras que están en una nueva prisión son María Lizárraga Merino e Íñigo Gutierrez Carrillo, condenados De los tres traslados de etarras, el más doloroso es el de Sergio Polo, que integró varios comandos de ETA y cumple condenas por tres atentados que provocaron la muerte de tres personas. Los otros dos no mataron por falta de acierto. En la sentencia contra María Lizárraga por pertenencia a banda armada se advierte de que con sus fechorías pretendía cometer actos de «superior envergadura en pro de ETA». En cuanto a su pareja, Íñigo Gutiérrez, es culpable de «colaboración» en un atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Legutiano, en el que murió un sargento, aunque logró ser absuelto de otro contra la casa cuartel de La Rioja.
Condenados
Sergio Polo (Bilbao, 1974) Condenado a 110 años por asesinar al comandante Luciano Cortizo, en León en 1995. Acumula otros 29 años de prisión por el asesinato de un hombre de un tiro en la cabeza, 48 años por asesinar a un guardia civil y 11 años por colocar dos artefactos explosivos en Renfe, todo ello en 1993.
María Lizárraga (Pamplona, 1984) Condenada a 20 años en 2010 por pertenencia a banda armada.
Íñigo Gutiérrez Carrillo (Getxo, 1983) Condenado a 8 años de prisión por un delito de colaboración en el atentado contra la casa cuartel de Legutiano. la primera a 20 años por pertenencia a banda armada y el segundo a 8 años por colaboración, que han ido de la cárcel de Villena, en Alicante, a la de Picassent, en Valencia. Las mismas fuentes del Ministerio del Interior explican que ambos son pareja y van a tener un hijo, por lo que tienen que estar en un centro con una «unidad de madres», que no existe en Villena pero sí en Picassent, donde cumplirán su sentencia en módulos distintos.
Con independencia de promesas o de discrepancias sobre lo que es o no «acercamiento» de presos, la Fundación de Víctimas del Terrorismo cita la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, que establece en su artículo 51 la existencia de «cauces de información a la víctima acerca de todo lo relacionado con la ejecución penitenciaria, hasta el momento del cumplimiento íntegro de las penas. Particularmente, en los supuestos que supongan concesión de beneficios o excarcelación de los penados», algo que –reprochan– ha sido claramente obviado en este caso concreto.
Información previa
Desde la toma de posesión de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, el Ministerio del Interior ha autorizado a través de Instituciones Penitenciarias el acercamiento de una quincena de etarras y de dos miembros de los Grapo, que han sido comunicados previamente a las asociaciones de víctimas del terrorismo.
El primer traslado fue el 13 de septiembre para Kepa Arronategi, condenado a más de 158 años por, entre otros delitos, participar en el intento de asesinato del Rey Juan Carlos en el Guggenheim de Bilbao en 1997. Pasó de la cárcel de Almería a la de Zuera, en Zaragoza. El 26 de noviembre se aprobó el mayor traslado para cuatro presos de ETA y dos del Grapo, entre ellos Fernando Silva Sande, que colabora con los investigadores ofreciendo pistas sobre el lugar donde se encuentra el cadáver del empresario aragonés Publio Cordón. Tiene por delante una condena de 30 años y fue llevado a Teixeiro (La Coruña).
Pendientes de cada caso Desde la llegada de Sánchez a La Moncloa se han autorizado una quincena de acercamientos de miembros de ETA al País Vasco y dos de grapos