COCODRILOS EN EL SUBSUELO

El reto del cambio en Andalucía consiste en conferir un rumbo distinto a una autonomía estancada en la dependencia y el clientelismo

Vivir del presupuesto» es el título de una obra póstuma del escritor y periodista Félix Bayón en la que definía, con lúcida amargura intelectual, el mecanismo esencial de la recién agotada hegemonía andaluza del PSOE: el clientelismo. Un sistema que durante tres décadas y media ha sometido la vida de la comunidad autónoma a la dependencia de un formidable aparato político y administrativo que ha fusionado el concepto mismo de las instituciones con el de la presencia omnímoda de un solo partido. Un tejido de subvenciones, cargos de confianza, ayudas públicas para todo lo imaginable, estructuras burocráticas paralelas o redes de asociaciones y organismos ha permeabilizado la sociedad bajo un mismo principio: el de que el empleo, la economía, la cultura o cualquier ámbito civil quedase bajo el control directo o indirecto de una autoridad proveedora ejercida en régimen de monocultivo.

Ese eficaz tinglado de permeable influencia social, que ya venía ofreciendo signos de agotamiento camuflados en una general atmósfera de resignación y galbana, se vino abajo en diciembre por una cierta carambola inesperada. De un lado, la rebelión de un voto de derecha dormido que de repente se levantó en protesta por la complacencia del presidente Sánchez con los responsables de la insurrección catalana. De otro, el cansancio de muchos votantes socialistas ante la gestión al trantrán de una Susana Díaz tan autosatisfecha como ensimismada. La doble sacudida de placas generó un terremoto de enorme relevancia en el mapa político de España: el desplome del último bastión intacto de la socialdemocracia.

Sin embargo, bajo la cúpula institucional, que es la que ha caído, pervive un inmenso latifundio de poder sumergido que representa hoy el principal desafío de las fuerzas que han asumido el compromiso de regenerar un ambiente dominado por la rutina y el conformismo, y en el que por su propia naturaleza ha germinado un sinfín de corruptelas, inercias irregulares y vicios. El verdadero cambio no constituye, en ese sentido, un simple tránsito de normalidad democrática sino la oportunidad de conferir al ejercicio de la autonomía un rumbo distinto y transformar su condición de herramienta de patrocinio en la de un modelo de igualdad de oportunidades abierto, transparente y limpio.

Desmontar la red

La regeneración anunciada por los partidos que van a componer el nuevo Gobierno de la Junta consiste esencialmente en eso: en desmontar el inmenso entramado clientelar construido sobre la base del presupuesto. Una tarea ingente para una sola legislatura que debe además abordar otro esfuerzo: el de sacar a Andalucía de la cola de indicadores nacionales de renta, productividad o empleo. Y que con toda seguridad ocasionará al Gabinete bipartito un sinfín de conflictos diversos porque la sofisticada tela de araña será la principal herramienta de la oposición socialista para atravesar su desierto. Al margen de la mayor o menor voluntad con que el PP y Ciudadanos aborden el empeño, se van a encontrar con una resistencia encastrada en el subsuelo, en los pliegues de una Administración con más que previsible capacidad de bloqueo.

En este momento, ni siquiera la propia Junta sabe cuántas personas integran la llamada «Administración paralela», una malla superpuesta a la estructura oficial y constituida por centenares de entes, empresas, institutos públicos, fundaciones, observatorios y agencias –los famosos «chiringuitos»– cuyo control ha escapado incluso a las inspecciones de la Cámara de Cuentas. Los sindicatos de funcionarios calculan la existencia de alrededor de 27.000 trabajadores acumulados al propio armazón oficial de servicios generales, cuyos efectivos no superan esa cifra superpuesta. Una prometida auditoría externa tendrá que tratar de cuantificar no sólo el número de estampillados –muchos de ellos con derechos laborales consolidados– sino su escala salarial, su método de selección y hasta su función concreta. Ordenar esa malla impermeable llevará tal vez años y no está claro que el equipo entrante disponga al final de una información completa.

A través de esa red, la Junta ha financiado actuaciones discrecionales, como los EREs o los cursos de formación, entre otras muchas, cuyo conocimiento y método ha devenido en célebres escándalos. Además, el propio organigrama del Gobierno se halla sobredimensionado. La red de delegaciones provinciales –una por consejería en cada provincia– cuenta con su propio personal adscrito, desde administrativos hasta asesores: en total pueden ser varios centenares, alrededor incluso de un millar de cargos. Los grandes departamentos de servicios públicos, como la sanidad o educación, tienen también sus estructuras de cuadros contratados con criterios de confianza por los altos mandos. Y la opinión pública que ha propulsado el cambio no va a admitir una simple sustitución: exigirá una poda significativa de ese árbol que el Gobierno entrante deberá ejecutar rápido si aspira a ser respetado.

Sociedad subvencional

Pero más allá del propio perímetro de la Junta, lo que está en juego con el relevo de poder es el concepto de sociedad subvencional, fuertemente anclada en un patrón de dependencia rutinaria que alcanza a las organizaciones empresariales y laborales, a las universidades, a la urdimbre asociativa y hasta a las ONG o las cofradías de Semana Santa. Un modelo sostenido por transferencias de renta que no pueden ser suprimidas sin provocar un descalabro asistencial a gran escala, y que ha consumido más de cien mil millones de euros en fondos europeos sin obtener los réditos sociales lógicos de una inversión tan alta. La transformación estructural ha sido evidente, pero de insuficiencia contrastada para situar a la autonomía