El Gobierno traslada al Congreso la reforma de los aforamientos
∑ Necesita alcanzar un acuerdo con el PP para esta reforma de la Constitución El prior del Valle de los Caídos: «Han abierto una cuestión innecesaria y no saben cómo salir»
El Consejo de Ministros aprobó ayer el anteproyecto de ley que plantea una modificación de la Constitución para limitar los aforamientos. Se trataba de algo ya esperado al ser una medida anunciada por Pedro Sánchez en el mes de septiembre.
Tras solicitar y recibir informes del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial, el Gobierno traslada a las Cortes su proyecto, que consiste en la modificación de los artículos 71.3 y 102.1 de la Constitución. Como explicó la portavoz, Isabel Celaá, con esta reforma los miembros del Gobierno, los diputados y los senadores mantendrán su aforamiento «en aquellos delitos vinculados estrictamente al ejercicio de las funciones propias del cargo», lo que excluiría causas judiciales que tuvieran que ver con el ámbito personal. Celaá manifestó que para limitar otros aforamientos, los que no aparecen en la Constitución y que se recogen en la Ley Orgánica del Poder Judicial, se harán modificaciones «un poco más tarde». Para ser aprobada la reforma necesita en cualquier caso el concurso del Partido Popular. Sin un pacto con Pablo Casado la propuesta del Gobierno no podrá salir adelante. Además, Podemos y Ciudadanos han manifestado, por distintos motivos, que el planteamiento del Gobierno es poco ambicioso y tampoco han garantizado su apoyo. Celaá aseguró que el Gobierno buscará negociar con el PP pero no pudo garantizar que el cauce de la negociación vaya a producirse entre Pedro Sánchez y Pablo Casado.
Reformas adicionales
El Gobierno destaca que la reforma tiene un claro efecto limitador en dos sentidos: «Reduce a un núcleo mínimo el aforamiento en el ejercicio de sus funciones y durante el periodo de su mandato y, en segundo lugar, cierra la puerta a una posible extensión por vía legislativa de su ámbito de aplicación en materia penal». Sin embargo, la reforma puede acabar teniendo un efecto muy limitado, como alertaba el Consejo de Estado. Por ejemplo, los casos de corrupción suelen ejercerse en el ejercicio del cargo público y en ese caso mantendrían el aforamiento.
A lo que se refiere Celaá con otras modificaciones posteriores es a lo que demandaba en su informe el Consejo El prior del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, asegura que aún queda recorrido para que se resuelva la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco de la Basílica, que hay que contar con el permiso de la familia y que el caso incluso podría pasar al Tribunal Constitucional o al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. «Está claro que han abierto una cuestión que no era necesaria y de la que ahora parece que no saben cómo salir», dice en un amplio reportaje de la revista religiosa «Vida Nueva» sobre el empeño del Ejecutivo de Pedro Sánchez de exhumar a Francisco Franco. S. CANTERA de Estado, que instaba a «en el plazo máximo de un año» se aprueben disposiciones legales necesarias para regular el régimen procesal de los aforamientos. Y apuntaba al artículo 57.1.2º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ya que en la misma se atribuye al Supremo la instrucción y el enjuiciamientos de determinadas autoridades. Esto es algo que afectaría a los siguientes altos cargos: los presidentes del Tribunal Supremo y del CGPJ y sus vocales, del Tribunal Constitucional, de los magistrados del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, del presidente de la Audiencia Nacional y de sus Salas y de los Tribunales Superiores de Justicia. Además de los del fiscal general del Estado, fiscales de Sala del Tribunal Supremo, presidente y consejeros del Tribunal de Cuentas, presidente y consejeros del Consejo de Estado y Defensor del Pueblo. «No parece coherente con el sentido de la reforma que el aforamiento de esas otras autoridades (...) tengan un ámbito objetivo mayor que el de las autoridades al que se refieren los artículos 71 y 102 de la Constitución», argumentaba el Consejo de Estado.