VISTO PARA SENTENCIA
Los doce acusados por el golpe del 1-O utilizan su alegato final para exigir al tribunal que anteponga la política a la Justicia, y Torra redobla sus amenazas al Estado: «Lo volveremos a hacer»
Con la reafirmación del derecho a la autodeterminación y sin entonar el mea culpa, los doce acusados del «procés» hicieron uso ayer de su derecho a la última palabra para pedir al tribunal una sentencia absolutoria que sirva para resolver el «conflicto político» en Cataluña. Lo hicieron en un tono que en algunos casos sonó a amenaza y en otros a invitación, pero que en todos tenía un denominador común: de la sentencia que dicte el Supremo dependerá que la situación política en Cataluña «se agrave». O no. «En este banquillo no estamos sentados doce acusados, sino que dos millones de personas están concernidas con su decisión, que espero que sea valiente porque no van a cambiar su opinion pase lo que pase», advertía el exconsejero Raül Romeva.
Ni una sola referencia a la declaración de independencia ni un atisbo de arrepentimiento hubo en las intervenciones de los líderes independentistas que durante los últimos cuatro meses
se han sentado en el banquillo del Tribunal Supremo por los delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos, acusaciones que en el caso del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras se pueden traducir hasta en 25 años de cárcel.
Lejos de aceptar la oportunidad que les brindaba la Justicia para hacer autocrítica de la ruptura de las reglas del juego de la democracia que supuso el órdago secesionista, los acusados se reafirmaron en sus convicciones independentistas, se erigieron en mártires de la causa y pidieron al tribunal que devuelva la pelota al campo de la política porque este asunto, lo que llaman «conflicto», no se resolverá en los tribunales. Lo dicen después de 52 sesiones de juicio, 422 testigos y un demoledor informe de la Fiscalía que calificó de golpe de Estado lo sucedido en Cataluña. «En democracia no hay puertas que se resistan si una mayoría lo pide», resumía el expresidente de la ANC Jordi Sànchez, quien llegó a emocionarse al hablar de su familia en su última intervención. No fue el único. Jordi Turull y Meritxell Borrás tampoco pudieron contener las lágrimas cuando recordaron a sus familias ante los siete magistrados que desde ayer a las siete de la tarde tienen encomendado el encargo de redactar una sentencia que, sea cual sea el fallo, será histórica.
Abrió el turno de la última palabra Oriol Junqueras, de quien se esperaba el discurso más vehemente y resulto uno de los más comedidos. Como hizo durante su declaración, el pasado 12 de febrero, sostuvo que defender la república desde un parlamento «no debería ser un delito». Tras mostrar su «compromiso irrenunciable con la «bondad y el respeto a la dignidad humana», señaló que siempre ha evitado esa «mala política en la que no hay diálogo, negociación y acuerdo» y que ha traspasado al tribunal la responsabilidad de dictar sentencia. «Lo mejor sería devolver la cuestión al terreno de la política», sugirió el que fue número dos de Puigdemont.
Castigar ideologías
Mucho más combativo (y locuaz) se mostró el exconsejero de Exteriores Raül Romeva, quien pidió al tribunal que examine los hechos sin atender a «exageraciones y tergiversaciones por parte de las acusaciones». «Aquí se ha buscado escarmentar, castigar una ideología, y eso me preocupa (...). Se ha instrumentalizado el concepto de odio, lo que es falaz e irresponsable». A su juicio, «lo que mueve a miles de personas es la frustración de ver cómo el Estado sigue sin ofrecer respuesta política a un problema político». Romeva justificó la convocatoria del referéndum en que «había que poner los medios para escuchar a todo el mundo y lo hicimos como lo hicimos porque no pudimos hacerlo de otra forma», dijo, en referencia a esa «silla vacía» en la que los acusados se escudan para justificar la deriva secesionista que culminó con la declaración de independencia y la aplicación del artículo 155 de la Constitución por parte del Estado.
«Nos encontramos en un escenario en el que tienen que decidir. En este banquillo no estamos sentadas doce
personas, sino dos millones, todos concernidos con su decisión, que espero que sea valiente porque no van a cambiar su opinión pase lo que pase». A renglón seguido anunció su intención de seguir «con la mano tendida para resolver conflictos».
El siguiente en intervenir fue Joaquim Forn, quien negó que su actuación tuviera como objetivo «atacar la Constitución». El exconsejero de Interior señaló que «si estamos aquí es por un fracaso de la política», porque –ahondando en la «silla vacía»– «nuestras demandas no hallaron respuesta por parte del Gobierno español». Sin aludir a la prohibición de su celebración, Forn sostuvo que el 1-O fue «una manifestacion de civismo de valores democraticos en la que no se votaba contra nada ni nadie». «Solo desde el diálogo seremos capaces de resolver el conflicto político», concluyó.
También de falta de respuesta por parte del Ejecutivo habló el exconsejero Turull, altivo en su intervención. «Es inaudito que de la suma de actos legales, lícitos y reuniones se pretenda construir uno de los delitos más graves del Código Penal (...). El origen de toda esta causa sólo tiene una raíz, que es política», apuntó el procesado. Tras reiterar que se le ha juzgado por sus ideas y no por sus actos, Turull lanzó un aviso al tribunal: «Descabezándonos a nosotros no se va a descabezar el independentismo y mucho menos la voluntad de ser y decidir».
Más directo fue en su mensaje el exconsejero Josep Rull, quien, con tono pausado y sin papeles en la mano, señaló: «Depende de cual sea su sentencia esto puede tener unas consecuencias negativas. Ustedes tienen la oportunidad de decir cuáles son los límites de los derechos y libertades». Y a continuación apuntó: «Después de nosotros siempre vendrán más; no hay suficientes cárceles para encerrar el anhelo de libertad de un pueblo».
«No agraven la crisis»
A la tarea que tiene en sus manos el tribunal, y pasando por alto que se les juzga por la presunta comisión de delitos, también se refirió el expresidente de la ANC y hoy diputado suspendido Jordi Sànchez. «Es injusto para este tribunal tener que resolver un problema de naturaleza política. Pero tienen la responsabilidad de no agravar la crisis política». Sin parecer importarle el fallo, Sànchez añadió que «en democracia no hay puerta que se resista si hay una mayoria que lo pide y estoy convencido de que la mayoría conseguirá abrir la puerta con una urna. Votaremos y lo haremos con un acuerdo con el Estado español».
El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, fue el más combativo y aprovechó hasta el último de los quince minutos que brindó el tribunal a cada acusado. Sostuvo que no se arrepiente de nada y que volvería a hacer lo que hizo –«ejercer mis derechos»–, criticó el discurso del Rey del 3 de octubre –porque «renunció a su papel de concordia avalando la impunidad de la brutalidad policial»– y adelantó que la decisión del tribunal no va a cambiar su opinión. «¿Alguien se cree que una sentencia va a evitar que los catalanes sigan luchando por el derecho a la autodeterminación?», se preguntó el procesado.
Tras la intervención «plana» de Forcadell, Borrás, Bassa y Mundó, llegó el turno de Santi Vila, quien, cerrando el círculo de su declaración (22 de febrero), lamentó que «en ningún sitio estaba escrito que las cosas iban a terminar como terminaron el 27 de octubre.
Cuixart, a la carga «¿Alguien se cree que una sentencia va a evitar que los catalanes sigan luchando por la autodeterminación?»
El fallo, en septiembre Cuatro meses, 52 sesiones, 422 testigos y 16 peritos es el balance del juicio que ayer quedó visto para sentencia