LOS FONDOS PÚBLICOS, EN LA DIANA DE LA AIREF
La maraña estadística impide conocer el gasto real en políticas de empleo El órgano fiscalizador estima que cada año se inyectan a las comunidades autónomas entre 6.100 y 6.500 millones
No existen bases de datos que permitan evaluar, comparar y realizar un seguimiento y estudio de los parados que han sido beneficiarios de políticas activas de empleo y, por tanto, no hay cifra exacta del gasto que se destina en España a buscar empleo a los que no lo tienen. Es la conclusión de un estudio sobre estos programas presentado ayer por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) en el que se constata que esta falta de información ha impedido realizar una evaluación en profundidad sobre qué medidas funcionan y cuáles no, que era el objetivo inicial de la revisión del gasto en estas políticas.
«Existen claras deficiencias que ponen en cuestión la calidad del gasto en políticas activas de empleo», dice la Airef tras analizar estas políticas de gasto que se inyectan cada año a las comunidades autónomas para luchar contra el desempleo, que, según sus estimaciones se llevaron entre 6100 y 6.500 millones de euros en 2017.
Dice el órgano fiscalizador que los objetivos de reparto de los fondos que distribuye el Ministerio de Trabajo no están claramente definidos, que «la trazabilidad del gasto es insuficiente para poder conocer los flujos de principio a fin» y que «los criterios contables no están normalizados, lo que hace que España se aleje de las mejores prácticas internacionales». «El sistema de subvenciones para la formación es cuestionable», apunta la Airef, que hace unas semanas ya aseguró que en España había 14.000 millones en subvenciones sin controlar.
El organismo que preside José Luis Escrivá destaca que en relación al PIB se gasta en España lo mismo que en otros países. Sin embargo, al ser el nuestro campeón en desempleo, los fondos para parados son mucho menores que la media de otras economías comparables. La Airef arremete también contra la distribución de los fondos y afirma que el 40% se dedica a in
centivos a la contratación frente al 20% que, por ejemplo, se lleva esta política de gasto en países como Alemania. La orientación del parado absorbe, en cambio, solo el 15%, la formación el 25% y apoyo al emprendimiento el 20%.
Se queja la Autoridad Fiscal de que los datos suministrados para elaborar este trabajo por parte del servicio público de empleo, la Seguridad Social y las comunidades autónomas han sido «insuficientes y de una calidad dudosa». Asegura tajante que, por tanto, «no se puede saber exactamente cuánto nos gastamos en políticas activas de empleo». Sin embargo ha intentado examinar el funcionamiento de los servicios de empleo autonómicos. «Se aprecian sustanciales diferencias –señala– en la calidad del servicio entre comunidades autónomas» y destaca que, en líneas generales, coincide el peor rendimiento con unas elevadas tasas de paro. Castilla-La Mancha, Andalucía y Canarias son las peores; Asturias, Cataluña y Aragón, las mejores.
Ligar más a objetivos
Hay muchas diferencias por comunidades en la formación que dan y que subcontratan, apunta. Es por estas diferencias por las que defiende que el reparto de fondos que hace el Estado por autonomías debería ligarse más y mejor a la consecución de objetivos.
La Airef analiza en su trabajo el plan puesto en marcha en el año 2012 para buscar empleo a los parados de larga duración, el «Plan Prepara», y concluye que «no mejora la probabilidad de incorporarse al mercado laboral, fundamentalmente durante los seis meses que dura la prestación». De este plan se benefician 850.000 parados y su coste es de 1.432 millones de euros.
El organismo arremete también contra el sistema de subvenciones a la formación porque «es cuestionable». Denuncia que no existe un censo para conocer quién presta forma
ción en España y la imposibilidad de fiscalizar en este caso, dado que existen hasta 14.000 centros que imparten formación. Detecta una escasa vinculación entre los cursos y las necesidades del mercado laboral y como ejemplo cita el caso de una localidad en la que se produce mucha legumbre, que no necesita precisamente frío para su conservación, pero el curso que se oferta en cambio es el de refrigeración.
El espejo de Alemania
También aprovechó para reclamar mejoras en la autonomía de las oficinas de empleo para que puedan innovar y adaptarse al mercado local. Citó el caso de Alemania, país en el que existe una clasificación pública de cómo funcionan las oficinas y el desempleado puede elegir las que ofrecen mejores resultados. Defendió que el sistema pueda dar incentivos a los trabajadores de las oficinas según sus resultados.
La Airef propone 27 propuestas de mejora entre las que se incluye itinerarios adecuados que detecten las necesidades de los demandantes de empleo según sus características, incorporar la evaluación como práctica habitual e incentivos al cumplimiento de objetivos. Apuesta también por la colaboración público-privada pagando solo por la eficacia de las políticas, por resultados en la colocación de parados. Al servicio público de empleo le recomienda que tenga en cuenta las demandas de las empresas porque son los verdaderos agentes de colocación en España y que fomente la cuantificación de costes en la prestación del servicio. «El paro es el principal problema que tiene España», concluye.