El caso de las «mordidas» de CDC cerca ahora a las constructoras

La Audiencia Nacional imputa a 15 empresas por pagar comisiones a cambio de obras

Que Convergència cobró durante años «mordidas» a empresarios a cambio de concederles obras públicas en Cataluña desde instituciones que controlaban los nacionalistas ya lo constató la sentencia del caso del Palau de la Música. La Audiencia de Barcelona condenó entonces por las comisiones ilegales al extesorero convergente Daniel Osàcar –además de a los responsables de la institución cultural por ayudar a «canalizar» las «mordidas»–; pero los responsables de Ferrovial se libraron de la condena por haber prescrito el delito de tráfico de influencia que les atribuían las acusaciones.

Sin embargo, las pesquisas sobre las tretas convergentes para financiarse ilegalmente no acabaron con el caso Palau, y la Audiencia Nacional tiene sobre la mesa la «causa del 3%», de mayores dimensiones, y donde las empresas investigadas a priori tendrán una más difícil escapatoria. El juez José de la Mata ha imputado a los representantes de un total de 15 empresas por pagar «mordidas» a Convergència, ya durante la presidencia de Artur Mas.

Según una providencia dictada el pasado 17 de junio, el magistrado ha citado entre el 3 y el 5 de julio a los representantes de estas empresas, entre ellas la Fundación ACS, Copisa, Urbaser, Teyco, Oproler y Soler Constructora. También ha citado al extesorero Osàcar; al expresidente de la empresa pública Infraestructures.cat Josep Lluís Quer y al empresario Jordi Sumarroca. En un auto que detalla las imputaciones, el juez cifra en 175 millones de euros el importe de las adjudicaciones de los proyectos investigados –un total de 28 obras– y en un millón de euros las supuestas mordidas que acabaron en las arcas convergentes. «El monto total de licitaciones comprometidas asciende por el momento a 218,75 millones de euros», dice el juez, que impulsa la investigación y pone el foco ahora en los empresarios.

Altos cargos de la antigua Convergència, rebautizada luego como PDECat para tratar de lavar su imagen asediada por los casos de corrupción, «pusieron en marcha una estructura para financiar ilegalmente a este partido político, de forma encubierta», argumenta el juez, según los indicios de los que dispone hasta la fecha. Los representantes de la formación política alteraban «todo tipo de concursos públicos» para favorecer a los empresarios amigos, que devolvían el favor a través de «donaciones» a las fundaciones ligadas a CDC: Catdem y Forum Barcelona. El magistrado desvela la operativa de las supuestas prácticas corruptas, detalla los contratos sospechosos y estrecha el cerco sobre las empresas, sobre todo constructoras, que deberán rendir cuentas. «Han existido múltiples empresarios que, sistemáticamente, se concertaron con altos cargos de Convergència para alterar en perjuicio de los intereses públicos los procesos de contratación pública», dice De la Mata, que sostiene que las adjudicaciones se recibían «a cambio de efectuar gran cantidad de pagos». Para disimular las ilegalidades, los pagos se hacían a diferentes empresas o fundaciones, e iban a parar no a Convergència directamente, sino a sus fundaciones. Las pesquisas se encaminan hacia una de las mayores dificultades de una causa de financiación ilegal de una formación política: cuadrar el círculo y descubrir los supuestos favores ilegales que recibieron a cambio los empresarios. El magistrado De la Mata considera que, además de «concretas adjudicaciones», estos pagos conseguían «crear o mantener la buena relación con el partido», conscientes los empresarios «de que era la vía para conseguir posteriormente adjudicaciones».

Andreu Viloca, entonces tesorero convergente y también imputado en la causa, era quien se encargaba de llevar «un control exhaustivo» de las licitaciones de obra pública en las instituciones que dominaba el partido.

Entre las operaciones sospechosas figuran, por ejemplo, la reforma de la plaza de las Glòries de la capital catalana, gobernada entonces por el convergente Xavier Trias, y también obras en el puerto de Barcelona que licitó la Autoridad Portuaria.

El tesorero convergente Viloca llevaba «un control exhaustivo» de las obras públicas que eran licitadas en las instituciones