Denuncian ante la ONU la expatriación forzosa de disidentes cubanos
Bajo amenazas de muerte, dan dinero a los disidentes y les montan en un avión para no volver jamás a Cuba
El 21 de febrero de 2019, Eliécer Góngora Izaguirre, un activista de la ONG Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), fue puesto sin su consentimiento ni conocimiento, y sin que mediara ninguna orden judicial, en un avión de Aruba Airlines [compañía propiedad del régimen venezolano] con rumbo a Guyana. Le dieron 200 dólares y le dijeron que era «para que se buscase la vida y no regresase más a Cuba». Como Eliécer hay decenas de disidentes cubanos que han sufrido la misma suerte: la expatriación forzosa impuesta por el Gobierno cubano, bajo amenaza de represión contra él y su familia si no abandonaban el país para siempre.
Dos ONG –Cuban Prisoners Defenders y la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu)– ha recogido en una denuncia, remitida esta semana a la ONU, declaraciones y documentación que refrendan que las expatriaciones forzosas se han convertido en una «práctica masiva y sistemática» contra activistas y defensores de DD.HH. en Cuba.
«Al menos en los últimos meses se ha detectado de forma generalizada y masiva que la policía política y la Seguridad del Estado, así como los Comités de Defensa de la Revolución y otros organismos afines al proceder del Ministerio del Interior, han puesto en marcha un plan que incluye amenazas, coacción, golpizas y detenciones arbitrarias a los activistas para que, explícitamente, dejen el país de forma definitiva, hecho que les comunican como única solución a la represión y amenazas de muerte y cárcel», indica la denuncia presentada.
El informe incluye más de una treintena de casos, y 26 testimonios directos. Todos ellos son cubanos que se han visto obligados a abandonar la isla con la prohibición de volver a ella. A estos se suman otros 42 casos de activistas y disidentes cubanos que están siendo «instigados» por el régimen para que abandonen el país, pero han decidido quedarse a pesar de la represión que sufren. En este último grupo se encuentra, por ejemplo, la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler.
La práctica no es nueva, pero los datos demuestran que se ha incrementado durante el mandato del presidente Díaz-Canel. «Más de 40 miembros de la Unpacu, que sepamos, han recibido esa presión en estos seis meses. Es brutal y debemos pararlo, porque los que se van, los menos, lo hacen a un camino de muerte. Y genera mucha represión adicional. El régimen a los “elegidos” los machaca diariamente», afirma a ABC Javier Larrondo, presidente de Cuban Prisoners Defenders.
«Camino de muerte»
El «camino de muerte» es como se conoce a la ruta de salida forzosa de estos expatriados. Abandonados –algunos de ellos con entre 100 y 300 dólares que les da el régimen– en países que simpatizan con Castro, como Guyana, Trinidad y Tobago y Nicaragua. Muchos deciden buscar un refugio mejor, para lo que tienen que transitar el «Camino Viejo», antigua ruta que va de Suramérica a EE.UU. Deben atravesar Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, hasta llegar a México, y de ahí a EE.UU. Una ruta «de expolio y de torturas» tomada por las mafias.
Sobre los motivos que habrían llevado al régimen a intensificar las expatriaciones forzosas, Larrondo se refiere a «la ausencia de visados para los activistas de DD.HH. por parte de EE.UU., que fueron suspendidos antes de la salida de Obama». Otro factor es «la impunidad con la que el Gobierno de Cuba ha creído que puede reprimir, porque la Unión Europea no reacciona con fuerza ante los crímenes de lesa humanidad que se cometen como sería deseable». A esto se suma, que las listas de presos políticos «están generando mucha presión en el régimen en los últimos seis meses, y los que “elige” son todos activistas de valor que no tienen más forma de pararles que sacándolos de la isla o metiéndolos en prisión».
Actualmente, los disidentes desterrados de manera forzosa se encuentran repartidos en países como Costa Rica, Panamá, Chile, México o España. Muchos de ellos no disfrutan de reconocimiento como refugiados, por lo que no tienen acceso al mercado laboral ni a educación.
Impunidad del régimen Las expatriaciones forzosas han aumentando debido a la impunidad del régimen y la falta de reacción de la UE