ELECTORALISMO INFANTIL
«El bloqueo político ha acarreado suficientes consecuencias dañinas para nuestra confianza interna y nuestra reputación internacional»
TRAS el mal comportamiento de un niño es frecuente que se reproduzca un patrón que le delata: se contradice y se enreda en variopintas justificaciones para finalmente no poder ocultar su culpa. Esta misma actitud pueril la hemos sufrido en los últimos meses al respecto de la deuda contraída por el Gobierno central con las comunidades.
Durante todo este tiempo, se han ido fabricando excusas de toda índole para no darnos a las autonomías los recursos que nos corresponden. Se infravaloró nuestra legítima petición, se forzaron informes a medida, se amagó con ir escogiendo a discreción unas comunidades a las que se les saldaría la deuda antes que al resto y, por supuesto, se repitió hasta la saciedad que un gobierno en funciones no podría resolver este problema.
Ahora, al igual que el pequeño que ya no encuentra más subterfugios, el Gobierno central también se descubre al anunciar que abonará parte de la deuda pese a que, con las Cortes ya disueltas, se encuentra en una situación de aún mayor provisionalidad que la que alegaba para no hacerlo.
Lo más lamentable es que, por mucho que la evoque, la inocencia infantil no justifica esta conducta. Que el Gobierno en funciones sólo haya buscado soluciones tras la nueva convocatoria electoral revela que el problema no era un supuesto impedimento legal, sino la frivolidad y el partidismo con el que se han abordado muchos temas en los últimos meses.
En efecto, el secuestro de los recursos que por derecho corresponden a las comunidades se está prolongando de forma tan innecesaria como consciente. Se hizo a sabiendas de que no era una reivindicación secundaria, puesto que hablamos de fondos ya recogidos en su mayoría en los presupuestos autonómicos en vigor y, por tanto, de recibirlos depende no abrir en las comunidades agujeros de tesorería que solo se pueden paliar con más déficit o menos gasto.
También es conocido que no se trata de una petición extraordinaria, toda vez que los recursos que reclamamos son de los ciudadanos porque los han pagado con sus impuestos, y son también para ellos, ya que su fin es que las comunidades podamos prestarles servicios públicos básicos. Ahora que se habla con cierta frecuencia de los llamados «viernes sociales», ¿habría algo más social que garantizar que las autonomías podamos garantizar con normalidad la Educación o la Sanidad públicas?
Una vez que ya ha quedado al descubierto que no hay ningún obstáculo objetivo, solicito que el problema no siga agravándose pretendiendo abonar la deuda de forma parcial y no completa. Desde luego, no es aceptable un nuevo engaño, basado en pagar exclusivamente las entregas a cuenta, y obviando que aún quedaría pendiente casi la mitad de la deuda, más de 2.500 millones en conjunto, correspondientes a una mensualidad del IVA y los incentivos a las comunidades cumplidoras como es el caso de Galicia.
Lo pido en mi doble condición de presidente de la Xunta y representante ordinario del Estado en Galicia. Un Gobierno en funciones no puede suplantar al conjunto del Estado, que también conformamos el resto de las administraciones autonómicas y locales. Esto significa que no puede seguir actuando con una idea propia de regímenes de otro tiempo: la de que «el Estado soy yo», usando los recursos de los ciudadanos con total arbitrariedad.
El bloqueo político que se vive a nivel nacional ha acarreado suficientes consecuencias dañinas para nuestra confianza interna y nuestra reputación internacional. Es incomprensible que se pretenda agravar la situación con un asunto como éste, que puede y debe quedar al margen del debate político.
Sorprende y preocupa todavía más si se analiza el quién y el cuándo se practica esta farsa financiera. Asombra que los mismos que juegan así con los fondos de todos invoquen el federalismo como vía de desarrollo del Estado de las Autonomías. En ningún modelo federal democrático sería admisible una conducta similar respecto a los estados federados.
Pero también inquieta que ocurra en este momento, cuando todos los organismos alertan de una más que posible desaceleración. Un Gobierno que no es capaz de hacer frente a las gestiones económicas ordinarias difícilmente podría hacer frente a un contexto extraordinario como el que se nos advierte.
Lo que tenemos por delante no es ningún juego de niños y, por eso, es hora de que quien obtenga la confianza de los ciudadanos para gestionar los recursos que son de todos abandone esta actitud de quien se comporta como ellos, y actúe con la madurez que requiere el presente y que merecen todos los españoles.