LA HORA DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN
Aunque no lo parezca, Pedro Duque también es ministro de Universidades. Sin embargo, da la sensación de que no le preocupa demasiado la trama de corrupción que ABC ha destapado —y seguirá destapando— en la Universidad Camilo José Cela. Doctorados regalados, tribunales amañados, plagios por doquier y, con la información de hoy, tres universidades afectadas: la UCJC, la Complutense y la Universidad de Málaga. Suma y sigue, pero el ministro de Universidades nada tiene que decir. ¿Será porque el primer afectado fue su jefe, el doctor Sánchez?
La excusa es que el Ministerio de Universidades no tiene competencias porque corresponden a la Comunidad Autónoma, lo cual es tanto como afirmar que el Ministerio de Sanidad no tiene nada que decir de la crisis de la listeriosis dado que las competencias también están transferidas. Sin embargo, la ministra Carcedo ha comparecido hasta en el Congreso, como es lógico. Sin embargo, a este Gobierno y a este ministro poco le importa la corrupción universitaria. Públicamente, Duque no está preocupado, aunque alguien me ha contado que en privado sí ha mantenido alguna reunión al respecto. ¿Por qué será?
En la trama de la Universidad Camilo José Cela intervienen demasiados silencios cómplices. El primero, el de la propia universidad, que acusa cada nueva información de Javier Chicote y Enrique Delgado como un boxeador noqueado. El segundo, el del afectado más ilustre, el doctor Sánchez, que un año después aún no ha dado explicaciones por los plagios en su tesis y en su libro y que mantiene la cabeza sobre los hombros con la misma dignidad que quien carece de principios. El tercero también es significativo: Ángel Gabilondo.
El exrector, exministro de Educación y líder de la oposición en Madrid al que los escándalos en una universidad madrileña parecen no importarle. Curiosa forma de demostrar esa autoproclamada auctoritas.
La esperanza de que este escándalo sea investigado pasa por que algunas personas quieran llegar hasta el final. El primero es el rector de la UCJC, Emilio Lora-Tamayo, que nada tiene que ver con los hechos, pues asumió el cargo el pasado mes de junio, pero que está llamado a arrojar luz sobre el fraude. El segundo es el consejero de Universidades de la Comunidad de Madrid,
Eduardo Sicilia (Cs), que ha empezado bien al interesarse por el tema y llamar a capítulo al rector.
Y la tercera, y probablemente la más importante, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Su primer movimiento al conocer los plagios de su directora general de Enseñanza Concertada, Concepción Canoyra, fue ejemplar e implacable: destitución en 62 minutos. El siguiente movimiento debe ser constituir una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid para que todos los que participaron de la trama comparezcan con obligación de decir la verdad. Empezando por Sánchez y siguiendo por los miembros de su tribunal de tesis, el director de departamento y todos los cargos relevantes de la Universidad. Es el paso previo a que el escándalo sea investigado en los tribunales de Justicia. Tal vez así Díaz Ayuso pueda enmendar la falta de entusiasmo que mostró el PP para obligar a comparecer a Sánchez en el Senado cuando aún tenían mayoría absoluta en esa Cámara. A veces, también al PP, la vida da segundas oportunidades.