La Cámara vasca culpa a Celaá del sobreprecio de los comedores escolares
Acusa a cuatro consejeros de no actuar y provocar un exceso de 80 millones de euros
El Parlamento Vasco ha responsabilizado políticamente a cuatro consejeros de Educación que han desempeñado su labor entre 2003 y 2017, entre los que se incluye a la actual ministra de Educación, Isabel Celaá, por su «inacción» ante los indicios de concertación de precios entre empresas adjudicatarias de los comedores escolares. El reparto del mercado y la fijación de precios entre un total de siete empresas llevaron a un sobrecoste de entre 70 y 80 millones de euros, informa Efe.
El pleno de la Cámara de Vitoria aprobó, con los votos mayoritarios de los grupos de la oposición (EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PP), el informe final de la comisión de investigación que desde febrero de 2018 ha analizado si hubo irregularidades en la contratación de empresas para gestionar los comedores escolares públicos. PNV y PSE, los grupos políticos que conforman el Gobierno de coalición de Iñigo Urkullu y que están en minoría en la Cámara, votaron en contra de este informe al no compartir sus conclusiones y considerar que la oposición ha unido sus votos por motivos electoralistas y partidistas.
Esta comisión de investigación fue impulsada a principios de 2018 por la oposición después de que la Autoridad Vasca de la Competencia impusiera una sanción de 18 millones de euros a 7 empresas por un reparto de mercado y fijación de precios entre 2003 y 2015, período durante el cual estuvieron al frente de Educación consejeros de EA, PSE-EE y PNV. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco rebajó posteriormente un 60% la sanción tras un recurso de varias de estas empresas, aunque entendió que existió un pacto entre ellas y consideró que fue posible gracias a la falta de «reacción, indagación, consulta o prevención» del Gobierno vasco.
El informe parlamentario considera que el cártel de empresas que se repartía el mercado de comedores escolares y acordaba los precios causó el citado sobrecoste aunque no se remitirá a la Fiscalía porque en el trabajo parlamentario no se han encontrado indicios de delito ni en los niveles técnicos ni en los políticos.
En el dictamen aprobado se responsabiliza políticamente a los consejeros de Educación por su «inacción» ante los indicios de concertación y por su falta de respuesta ante el quebranto patrimonial sufrido por la Administración. Añade que también hubo responsabilidad en todos los gestores de los comedores a partir de 2013, cuando ya había denuncias públicas y el Gobierno vasco «hizo caso omiso». Estos exconsejeros son Anjeles Iztueta y Tontxu Campos, de Eusko Alkartasuna; Isabel Celaá (PSE), y la actual titular del Departamento de Educación, Cristina Uriarte (PNV).
En el texto aprobado se considera acreditada la concertación de precios entre las empresas adjudicatarias de este servicio con un sobrecoste de entre 70,8 y 80,2 millones de euros. Este quebranto público pudo haber sido de entre 28,7 y 33,7 millones de euros, y el resto, entre 42,1 millones y 48,5 millones, fue el sobrecoste abonado por las familias a través de las cuotas de comedor.
Carmelo Barrio (PP) aseguró que quedó acreditada la práctica concertada por parte de las empresas y el refrendo de la Administración «sin tomar medidas correctoras». Desde los grupos que se opusieron, David Latxaga (PNV) tachó de «comedia de enredo» el informe cuyas conclusiones, a su juicio, estaban escritas desde el inicio con el objetivo de «desgastar» al Gobierno de Urkullu.