Moncloa pide al TC que avise a Torra de las consecuencias de desobedecer
Plantea dos incidentes de ejecución por las resoluciones del 26 de septiembre
El Gobierno presentó ayer dos nuevos incidentes de ejecución ante el Tribunal Constitucional (TC) por dos resoluciones del Parlamento de Cataluña del pasado 26 de septiembre referidas al derecho a la autodeterminación y a la desobediencia civil e institucional.
Este último punto es fundamental. Uno de los apartados de esas resoluciones instaba al Ejecutivo de Quim Torra a actos de desobediencia. Y es lo que ha motivado al Gobierno central a pedir al Constitucional que notifique al «president» de la Generalitat, Quim Torra, y a los miembros de su Gobierno, «su obligación de impedir o paralizar iniciativas que supongan ignorar o eludir la suspensión acordada, apercibiéndoles de las responsabilidades en las que pudieran incurrir». La vicepresidenta del Ejecutivo, Carmen Calvo, denunció que esas resoluciones «vulneran sentencias previas» del propio TC. El Gobierno solicita la declaración de nulidad y la suspensión de determinados apartados de esas resoluciones.
El Ejecutivo ya recurrió la semana pasada otros acuerdos adoptados por la Cámara autonómica por esta misma vía y advirtió a su presidente, Roger Torrent, y al resto de la Mesa de las consecuencias penales de no cumplir las resoluciones judiciales. Torrent, el secretario general del Parlamento catalán, Xavier Muro, y el resto de miembros de la Mesa de la Cámara ya recibieron ayer la notificación del TC que les recuerda que su obligación de impedir o paralizar «cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir». En esta situación se encontrará Torra en unos días.
Las resoluciones de aquel 26 de septiembre también incluían la petición de retirada de la Guardia Civil de Cataluña. La vicepresidenta Calvo dijo que este planteamiento es políticamente «inaceptable» y «aberrante» pero que no tiene fundamento jurídico. Desde su departamento explicaban después que «tal como está planteado» no puede incluirse en un incidente de ejecución pues ha quedado reducido a «una referencia» sobre algo «que se conosdera necesario». Pero «no se ha aprobado dicha retirada». Desde el Gobierno justifican que es la diferencia «entre una mera declaración política y una decisión que puede tener efectos jurídicos y, por lo tanto, sí sería recurrible».
La Guardia Civil
No se recurre el punto en el que se pide la retirada de la Benemérita porque es «una mera declaración»