El Ejecutivo se escuda en la pandemia y dice que es un entorno «muy cambiante»

► El Ingreso Mínimo Vital, obstruido por la burocracia, se modificó cinco veces por decreto

La velocidad con la que la pandemia arrasó la economía y, sobre todo, la fuerza con la que cada nueva ola ha ido convirtiendo en permanente una crisis que prometía ser temporal obligaron al Gobierno a actuar rápido, sin muchos miramientos a los procedimientos parlamentarios. Esta es la justificación que ofrece el Ejecutivo para responder acerca de los cambios en los decretos-leyes, a través de otros mismos. «En un entorno tan cambiante como el actual...», justifican desde el Ministerio de Economía, e inciden en que la mayoría de las modificaciones eran necesarias para prorrogar el escudo social. «Son modificaciones lógicas», explican.

Una teoría que no comparten en la oposicón, donde denuncian que hay normas varadas en el proceso de tramitación, que el PSOE aplaza una y otra vez dilatando meses procedimientos «urgentes». La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, considera que «hablamos de un Gobierno que va chapuza tras chapuza, que hace las cosas improvisando y generando la máxima confusión mientras paraliza los proyectos de ley que permiten legislar con seriedad y rigor».

Esta manera de proceder, advierte la dirigente popular, «genera una elevada litigiosidad y una ralentización de la economía». Termina acusando al Ejecutivo de incurrir en fraude de ley al abusar sistemáticamente del decreto para legislar cuando es una herramienta reservada para casos de «extraordinaria y urgente necesidad».

Porque lo cierto es que, aunque sí es el más llamativo, el caso del real decreto 8/2020 no es único. También el decreto-ley del Ingreso Mínimo Vital ha sido modificado a través de otros decretos hasta en cinco ocasiones, mientras se tramitaba su ley correspondiente en el Congreso. La intención de estas modificaciones era mejorar la permeabilidad de una ayuda especialmente necesaria por la dureza económica de la pandemia pero la realidad es que, pese a los cambios vía «decretazo», la ayuda sigue sin llegar a muchos de los beneficiarios.

Este atajo del que tanto abusa el Ejecutivo tiene además implicaciones en la tramitación parlamentaria de las normas. En concreto, en el caso de la renta mínima, una de sus modificaciones se hizo a través del decreto 30/ 2020 que no se está tramitando como proyecto de ley, lo que anula la capacidad de intervención de los grupos de la oposición.

De hecho, fuentes parlamentarias aseguran que se ha dado la situación de presentar enmiendas que al tiempo se han quedado caducas por las modificaciones que ha ido sufriendo el texto original.

Medidas caducas

El bloqueo en la tramitación de muchas leyes aprobadas con carácter de urgencia en la pandemia está originando, además, situaciones tan anómalas, como la aprobación de medidas que ya no tienen vigor. Es lo ocurrido, por ejemplo, con el mismo decreto 8/2020 o con el permiso retribuido recuperable para trabajadores por cuenta ajena que se puso en marcha durante el estricto confinamiento de la primera ola, y cuyo dictamen del proyecto de ley ha recibido luz verde hace apenas unos días.

El PP discrepa «El Gobierno va chapuza tras chapuza, improvisando y confundiendo», dice Gamarra