La Moncloa mintió al Congreso al decirle que pidió el informe de la Intervención
► El Ejecutivo asegura que se trata de un «error humano» que también cometió con el Consejo de Estado
El Gobierno comunicó el pasado 4 de enero al Congreso que para elaborar el decreto-ley sobre los fondos europeos solicitó el informe de la «Intervención Delegada de la Intervención General de la Administración del Estado en el Ministerio de la Presidencia», aunque sostiene ahora que no es cierto que pidiera ese dictamen.
El Ejecutivo dio fe de este trámite en la Memoria abreviada que acompaña al decreto-ley y a la que ha tenido acceso ABC. En ella, figura un punto específico sobre los «expedientes evacuados» durante el desarrollo del texto en el que se especifica que «se han recabado los siguientes informes»: en primer lugar aparece el de la Intervención Delegada, seguido por el dictamen del Consejo de Estado y, por último, el de la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa.
Más irregularidades
La convalidación del decreto-ley de los fondos europeos tuvo lugar con posterioridad a esta comunicación, el pasado 28 de enero. Desde el Ministerio de Hacienda le restan importancia, insisten en que el resultado de la votación hubiera sido el mismo aunque en la Memoria no hubiera figurado la participación de la Intervención Delegada y asegura que todo se debe a un «error humano». Sin embargo, esta irregularidad se une a muchas otras en esta norma.
La principal, que el Gobierno vulneró la Ley del Consejo de Estado al no indicar en el propio decreto-ley que había solicitado el dictamen de este organismo. Para continuar, el Ejecutivo aseguró desde el primer momento que no remitió al Congreso el duro informe del Consejo de Estado porque era potestativo y no preceptivo. Sin embargo, el decreto-ley modifica materias que sí requieren la valoración obligatoria del órgano que preside María Teresa Fernández de la Vega, por ejemplo, la reforma del Reglamento de emisiones industriales o el desarrollo de los acuerdos europeos.
El Congreso no es el único al que el Gobierno transmitió que había solicitado el informe de la Intervención Delegada. Esta misma información fue proporcionada al Consejo de Estado que, al no recibir ese dictamen, reprendió con dureza a La Moncloa entendiendo que lo ocultaba deliberadamente para privarle de las observaciones allí contenidas.
Pero aunque este «error humano» se ha producido con dos órganos y con tramitaciones distintas llevadas a cabo en fechas diferentes, el Ejecutivo insiste en que nunca solicitó el citado informe y que se trata siempre del «mismo» fallo. Según asegura, el error se detectó tras recibir el informe del Consejo de Estado y se enmendó dentro del propio decreto-ley antes de enviarlo al Congreso de los Diputados, pero no en la Memoria que lo acompaña. De ahí que vuelva a aparecer en la Cámara Baja.
Comparecencia
En todo caso, la confusión es tal que la oposición ha decidido elevar la presión sobre el Gobierno de Sánchez para que aclare todo este asunto. La portavoz adjunta de Vox en el Congreso, Macarena Olona, ha preguntado por escrito al Ejecutivo si «existe el citado informe de la Intervención Delegada». Además, ha solicitado la comparecencia del interventor general en la Comisión de Hacienda para que explique los informes emitidos por su organismo sobre el decreto-ley. El Gobierno dispone de un máximo de cuarenta días para responder a Olona por escrito. En cuanto a la comparecencia, la Junta de Portavoces decidirá este mes si la aprueba.
Olona eleva la presión Ante la confusión creada, Vox pide al Gobierno que responda por escrito si el informe existe o no