Historias del Ingreso Mínimo Vital, el espejismo roto del Gobierno
Afectados por el colapso de la prestación cuentan en ABC su situación
Cuatro millones de parados registrados, escenario inédito en España desde 2016, 800.000 ocupados en ERTE, otros 600.000 autónomos sin actividad... El caldo de cultivo perfecto para un polvorín social que se cocina a fuego lento mientras el ingreso mínimo vital, la gran promesa que el Gobierno de coalición aprobó con urgencia el pasado mes de mayo para «no dejar a nadie atrás», se ha desvelado un doloroso espejismo para millones de familias.
En unos tiempos en los que el ruido político se ha convertido en la norma, el Ingreso Mínimo Vital consiguió reunir a todos los grupos en torno a un tranquilo consenso el día de su aprobación. Algo que pocas veces más se ha repetido en el Pleno. Pero a pie de calle, ni los hogares que lo esperaban ni las asociaciones especializadas en ayudar a estos colectivos ofrecen a día de hoy su aval a la norma. Las familias se quejan de que los ingresos no llegan mientras las organizaciones denuncian la complejidad burocrática del proceso, caracterizado por largos tiempos de espera, fallos en el procedimiento que obligan a volver a empezar y, en muchos casos de respuestas afirmativas, cuantías simbólicas, que no les permiten cubrir sus necesidades básicas.
Solo en los primeros diez días desde el inicio del plazo para solicitar este ingreso mínimo, se registraron 344.585 solicitudes, que siguieron creciendo hasta los 1,1 millones. Los últimos datos disponibles desvelan que, en diciembre, esta prestación la ingresaban menos de 160.000 hogares de los 850.000 que el propio Gobierno se puso como objetivo cuando comenzó a rodar el pasado mes de junio. Según datos del Ministerio de Seguridad Social, hasta la fecha se han conseguido resolver el 80% de las solicitudes tramitadas, de las que terminaron en rechazo el 50%, mientras que 181.000 expedientes se devolvieron con la petición de que se subsanen errores administrativos. La mayor parte de estas las solicitudes denegadas superaban los niveles de renta y patrimonio.
Pilar Galindo es responsable del acompañamiento a las Cáritas parroquiales en Sevilla, y conoce de primera mano todos los problemas a los que se enfrentan las familias que solicitan el Ingreso Mínimo Vital. Y da fé de los muchos obstáculos que existen tanto a la hora de realizar la solicitud como a la de recibir el dinero de las ayudas. «La tramitación vía internet requiere un mínimo de conocimientos digitales que muchas personas vulnerables no tienen», asegura. «Además, el sistema de citas previas presenciales de la Seguridad Social está colapsado», añade.
A esto se une que la respuesta de la Administración suele demorarse unos seis meses de plazo medio y que los solicitantes muchas veces no entienden las razones de las alegaciones. «El lenguaje de la Administración no es sencillo de comprender, ni tampoco es fácil cumplimentar las alegaciones si hay errores», puntualiza Galindo. Otro de los obstáculos a la hora de acceder a esta ayuda está en la multitud de requisitos impuestos. «Hay gente que solo ha trabajado dentro de la economía sumergida o que no ha estado empadronada durante el tiempo establecido como mínimo en la norma», cuenta Galindo, que recuerda además cómo «una gran mayoría de las familias en extrema pobreza son migrantes y se quedan sin la ayuda por no estar regularizados al encontrarse fuera del sistema», relata.
La puesta en marcha del ingreso mínimo responde a un requerimiento continuado desde las instituciones europeas en los últimos años, especialmente desde el año 2014. España suspende en sus políticas para erradicar la pobreza extrema y por ello la puesta en marcha del IMV fue alabada desde varios foros internacionales, como el Fondo Monetario Internacional.
Tanto es así que el refuerzo al sistema de rentas mínimas para reducir la pobreza y la desigualdad es una de las recomendaciones que la Comisión Europea incluyó a nuestro país en el último semestre europeo celebrado en
Burocracia
Las asociaciones denuncian los farragosos trámites asociados a la ayuda
Bruselas antes de la aprobación del IMV. Y es que España era el único país de nuestro entorno que no contaba con una red de ámbito estatal para intentar evitar la exclusión social. La iniciativa era especialmente urgente pues, ya en la España preCovid, la tasa de probreza extrema rozaba el 7%, lo que supone duplicar la media de la Unión Europea y triplicar la de países como Alemania.
Pobres de clase media
Pero el drama de la pobreza severa, lejos de remitir, se extiende en España como una mancha de aceite. Conrado Giménez, presidente de la fundación Madrina, explica que «un año después de la pandemia han aumentado el doble las colas del hambre con una gran presencia de familias españolas, que están pasando a ser las nuevas protagonistas de la crisis». «Muchas de ellas eran, tan solo unos meses atrás, de clase media. Las más vulnerables son las familias con hijos que han perdido el trabajo, no tienen ingresos y sin ningún tipo de ayuda oficial. A muchas de ellas les han denegado el ingreso mínimo porque tenían un trabajo en marzo del año pasado», remarca.
El día a día de estas familias, que relata Giménez con la voz entrecortada, es angustioso. «La gente tiene que seguir pagando los alquileres de sus viviendas y a muchos les están echando de sus casas. Se está produciendo un éxodo a casa de los abuelos, con el hacinamiento correspondiente. Otros están optando por irse al entorno rural con casas donde se les realoja. Las ciudades se están convirtiendo en una trampa mortal para muchas familias», reflexiona. Además, remarca el marcado carácter femenino de esta crisis: «Necesitamos donaciones urgentes para ayudar a todas las madres que acuden a nuestra fundación».
Rocío Pantrigo es madre soltera de cuatro niñas y vive en Parla (Madrid) con ellas y su padre, que las ayuda a salir adelante. Solicitó la prestación dos veces, pero se la han denegado. «No entiendo nada porque no tengo ningún tipo de ayudas y llevo ya cinco años sin trabajar y seis sin ingresos», asegura. Rocío y sus hijas sobreviven gracias a la ayuda económica del padre de ésta. «Gracias que mi padre tiene un trabajo, si no, no sé qué sería de nosotras. En verano también acudí a la Fundación Madrina porque necesitábamos comer», afirma. Una situación similar vive Susana Gómez, con cuatro hijos también, y que relata cómo le han rechazado la concesión de la ayuda porque su padre se empadronó con ella durante el año pasado durante unos meses y él sí cuenta con ingresos. «Voy a intentar volver a pedirlo otra vez con la ayuda de una asistente social para poder conseguir acceder a ella y enviar los documentos correctos», afirma.
De cara al futuro, el sombrío panorama laboral del país va minando la esperanza incluso de las personas que cuentan con estudios. Esteban Martín, padre de tres hijos, perdió su trabajo en la industria de la automoción en julio, momento en que solicitó la ayuda por primera vez. Tras perderse en su maraña burocrática, recurrió a un asesor que les ayudó en el segundo proceso en septiembre. Siete meses después siguen sin recibir respuesta alguna de la Seguridad Social. «Aún así no sé si nos van a dar la ayuda porque contamos con una ayuda de orfandad para mis hijos, pues su madre falleció, y cobramos el paro», explica Esteban. Pero el tiempo pasa y en los últimos meses solo le han llamado para dos entrevistas que no han cuajado y en las que, a pesar de estar formado y tener mucha experiencia, ofrecían un salario bajo. Rechazan su currículum por estar «demasiado preparado».
Desde Seguridad Social piden tiempo. Reconocen que «se han detectado algunas cuestiones que dificultaban inicialmente su despliegue» y confían en que se eleve el ritmo de resolución de las prestaciones a partir de ahora. «Había un grupo de 60.000 solicitudes que se habían denegado por falta de acreditación de la unidad de convivencia, a pesar de cumplir los requisitos de vulnerabilidad. Para dar acceso a estas personas, y a otras que tengan situaciones complejas, se ha modificado la normativa», concluyen.