La rúbrica
El Rey carece de margen para la objeción de conciencia. Son las reglas y ha de obedecerlas por mucho que nos duela
SI sigues creyendo que el Rey puede negarse a firmar los indultos de los separatistas, simplemente estás equivocado. No, no es una opinión; en este asunto no caben opiniones, ni tuyas ni mías; aunque resulte antipático asumirlo, se trata de una cuestión categórica, objetiva, que nos queda por encima y no admite interpretación distinta. La situación escapa a sus atribuciones y por tanto no sólo no debe –materia opinable, ¿ves?– sino que sobre todo no puede. En sentido literal: no tiene poderes. Y si no puede, está de más discutir por qué tampoco debe. Eso otro día, si quieres.
No puede, lamento repetir tanto el verbo, porque se lo impide la Constitución. Punto. Se llaman ‘actos debidos’, sintagma imperativo que consiste, en román paladino, en la obligación de sancionar con su firma, meramente nominal, simbólica si quieres, los acuerdos del Congreso y del Consejo de Ministros. Expedir, dice el artículo 62, lo que significa que en nuestro ordenamiento jurídico la función sancionadora de la Corona es automática –artículo 91: quince días de plazo–, desprovista de trascendencia y de contenido político, y carece de capacidad de veto absoluto o suspensivo. Por esa razón es imposible atisbar complicidad alguna con un acto injusto, como de forma alocada o ignorante ha sugerido Díaz Ayuso, ni la rúbrica real contrae compromiso alguno en caso de que el Supremo revocase la medida de gracia a consecuencia de un eventual recurso. De hecho, numerosas leyes y decretos han sido declarados inconstitucionales sin que quepa reclamar al Monarca ningún tipo de responsabilidades.
Tampoco está a su alcance la abdicación temporal, como en Bélgica, porque en España esa renuncia requiere de una ley que, al igual que sucedió con la de Juan Carlos I, ha de aprobar el Parlamento. Imagínate, tal como están las cosas y con las ganas que tienen algunos de jugar al fútbol con la Corona como pelota. ¿La baja por enfermedad? Sería fraudulenta. Desengáñate, no hay manera. Olvida las intoxicaciones sobre una presunta objeción de conciencia. Felipe VI tendrá que tragarse la humillación torticera –tan amarga como inevitable, por mucho que nos duela– que pretende inferirle la izquierda. Son las reglas y él es el primero que está obligado a obedecerlas. A cumplir la Carta Magna entera.
Y claro que se trata de una felonía, de una afrenta, de un agravio que lo trasciende a él para dirigirse contra todo el Estado y en especial contra la justicia que emana del pueblo soberano. Cuando establecieron el refrendo, los constituyentes sabían que el Rey tendría que suscribir leyes que le repugnaran, pero no imaginaron que el mismísimo Gobierno iba a cometer la infamia de forzarlo a rehabilitar a los autores de un golpe contra la integridad física e institucional de España. Y con seguridad esa idea le mortifica tanto como a ti. Con una pequeña diferencia: él no vota... y tú sí.