Lo de Ayuso y el Rey
En una monarquía parlamentaria está obligado a firmarlos, pero el trago es ingrato
ISABEL Ayuso se ratificó ayer en sus declaraciones de Colón, cuando se preguntó en relación a los indultos si «el Gobierno va a hacer cómplice al Rey» y si el Jefe del Estado va a firmarlos. La presidenta de Madrid también asegura que Casado no la ha corregido, extremo que habían recogido todos los medios.
En mi falible opinión, Ayuso no estuvo fina en la manera en que planteó el tema el domingo, pues en una monarquía parlamentaria el Rey está obligado a sancionar lo que le presenta su Gobierno, con lo cual resulta ocioso hacerse preguntas retóricas sobre si va a rubricar o no. Pero al tiempo me parece que es difícil no compartir esta frase suya de ayer: «Me sigue produciendo el mismo sonrojo, bochorno y humillación que el Rey de España, que simboliza la unidad e igualdad de todos los españoles, tenga que firmarlo». O su recordatorio de que «el Rey de todos los españoles es el enemigo a batir por los separatistas» (a cuyos líderes sediciosos se apresta el Gobierno a indultar la próxima semana, contra el criterio de la justicia y solo por el interés ombliguista de Sánchez). Ayuso no está proponiendo que el Rey se niegue. Lo que afirma es que le provoca «bochorno» que el Gobierno lo haga pasar por ese trago. Y ahí concuerdo, como muchísimos españoles abochornados ante esta maniobra de Sánchez.
El artículo 56 de la Constitución establece que el Jefe del Estado es el «símbolo de su unidad y permanencia». Algo chirría cuando el epítome de la unidad nacional se ve obligado por su Gobierno a indultar a unos presos sediciosos que no solo no se arrepienten, sino que se jactan de que intentarán acciones similares contra la integridad territorial de España. Algo chirría cuando el Rey, cuyo oportuno discurso del 3 de octubre fue clave para reponer la legalidad en Cataluña, se ve forzado por el Gobierno a premiar con la libertad a los protagonistas de aquellos delitos, condenados a penas de entre 10 y 13 años, de las que no han cumplido ni cuatro. Algo chirría cuando la Constitución establece en su artículo 62 que «corresponde al Rey ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales» (evidentemente lo que va a hacer Sánchez no es un indulto individual, sino uno general para todos los líderes del ‘procés’, así que la constitucionalidad de la medida se antoja dudosa). Media además un aspecto de elemental sensibilidad institucional, que el Gobierno no está observando. Y es que mientras los dirigentes separatistas mantienen una campaña de boicot a la presencia del Rey en Cataluña (ABC ha adelantado que no acudirán ni a los premios Princesa de Girona ni a una cena con Felipe VI hoy en el Círculo de Economía), Sánchez, en lugar de respaldar con firmeza al Jefe del Estado, prefiere lisonjear a quienes lo desdeñan, ¡y hasta los premia con unos estrafalarios indultos!
El Rey, que como ha de ser siempre ha observado su deber de neutralidad constitucional, tendrá que firmar. Pero es innegable que millones de españoles sentiremos una profunda desazón al ver a lo que lo obliga Sánchez.