La Abogacía del Estado excluye al patriarca Pujol en su acusación al clan
▶ Pide 25 años de cárcel para el hijo mayor del ‘expresident’ y que devuelva más de 7,7 millones a Hacienda
En el caso Pujol, la Abogacía del Estado ha decidido no acusar al expresidente de la Generalitat. En su calificación previa al juicio, presentada ante la Audiencia Nacional, y a la que ha tenido acceso ABC, la Abogacía del Estado se limita, en esencia, a señalar a Jordi Pujol Ferrusola, el primogénito del ‘expresident’, y a Mercè Gironès, su exmujer, por un fraude fiscal millonario por el que reclama que devuelvan a la Agencia Tributaria 7,7 millones de euros supuestamente defraudados.
Ya en la segunda página de su escrito, y «con carácter previo a otras consideraciones», la Abogacía del Estado justifica por qué deja fuera de su acusación al expresidente y a cinco de sus vástagos. Y es que, como representa en la causa a la Agencia Tributaria, la Abogacía del Estado considera preciso «delimitar» su acción a los presuntos delitos «por los que se haya ocasionado un perjuicio a la Hacienda Pública». Deja fuera, por ejemplo, delitos como organización criminal, por el que está imputado casi todo el clan.
La Abogacía del Estado reclama que Jordi Pujol Ferrusola y Mercè Gironès devuelvan a Hacienda un total de 7,7 millones de euros, supuestamente defraudados en las declaraciones del
IRPF de los años 2007, 2008, 2009, 2010 y 2012. La Abogacía pide una condena de 25 años de cárcel para el primogénito del ‘expresident’ por este fraude –delitos contra la Hacienda Pública, falsificación en documento mercantil, blanqueo y frustración a la ejecución– y 17 años y medio de prisión para Gironès. Al margen de Jordi Pujol Ferrusola, la acusación de la Abogacía solo salpica a otro de los hijos del expresidente, Josep Pujol, para quien reclama cuatro años y medio de cárcel.
La estrategia defraudatoria
Durante décadas, la familia Pujol se enriqueció al amparo de su poder en Cataluña. Todo ese dinero, según las tesis tanto de la Fiscalía como de la Abogacía del Estado, lo iban repartiendo entre las diferentes cuentas bancarias que cada miembro del clan tenía en Andorra, «manteniéndolas ocultas a la Hacienda Pública» española y «sin tributar por ellas». El ‘modus operandi’ habitual era que Jordi Pujol Ferrusola fuera el «receptor inmediato de grandes sumas de dinero», según la Abogacía del Estado, y que se encargase de hacer las transferencias a sus hermanos, y también a su madre, Marta Ferrusola, a quien la Audiencia Nacional ha dejado fuera de la causa por su demencia sobrevenida.
En una primera etapa, la familia tenía
Cuando casi todo el clan se acogió a la ‘amnistía fiscal’, Jordi Pujol Ferrusola siguió con «la estrategia de ocultar sus fondos»
una importante suma escondida en Andorra, de origen desconocido. Son los millones que, según la versión que el ‘expresident’ ofreció en su mal llamada confesión de julio de 2014, les habría dejado en herencia el abuelo Florenci, y que este habría obtenido del tráfico ilegal de divisas durante el franquismo. Pero los Pujol no han aportado pruebas que apuntalen esta versión. La Fiscalía no se cree la versión familiar y apunta que los fondos proceden de la corrupción política.
Sea como fuere, luego todos los miembros de la familia se hicieron con estructuras societarias opacas, a las que transfirieron su dinero «con la finalidad declarada y admitida de ocultarlos a Hacienda», dice la Abogacía del Estado. Después, todo el clan cerró simultáneamente estas estructuras, y la mayoría de ellos regularizaron su situación a través de la ‘amnistía fiscal’ de Montoro. Pero no todos. Josep Pujol lo hizo, a juicio de la Abogacía del Estado, «de forma incompleta». Su hermano Jordi fue más lejos.
El primogénito del ‘expresident’, muy al contrario, se dedicó a «continuar con la estrategia de ocultar sus fondos, canalizándolos –primero– a México». Todo ello, con «la imprescindible colaboración» de su entonces esposa, que se puso al frente de las sociedades creadas con el único fin de ocultar estos fondos a Hacienda. La Abogacía incluye en la acusación a una decena de empresarios, testaferros en estas maniobras, para quienes reclama una pena de dos años de cárcel.