Montero vende una inminente ley de vivienda tras frenar la catalana
► La Generalitat rechaza el gesto del PSOE tras eludir suspender la norma
El Consejo de Ministros aprobó ayer el recurso de inconstitucionalidad contra la ley catalana de vivienda que la Generalitat elaboró para, entre otros aspectos, poder limitar los precios del alquiler. No obstante, como había avisado el PSOE en las últimas horas, el Gobierno no solicitó al tribunal de garantías la suspensión cautelar de la norma, una potestad que, sin embargo, no ha sido suficiente ni para el Gobierno catalán, ni para socios de investidura de Sánchez. En este sentido, se da un panorama que complica el objetivo anunciado ayer por la ministra portavoz, María Jesús Montero, de tener lista una ley de vivienda nacional «antes de verano».
Según explicó Montero en la rueda de prensa posterior a la reunión, el hecho de que no se haya solicitado la suspensión de la norma se justifica porque la coalición espera aprobar «antes del verano» la ley de vivienda a nivel nacional. PSOE y Unidas Podemos (UP) acordaron, eso sí, que esa norma limitaría los precios del alquiler, algo que ahora rehúye el partido del presidente del Gobierno. Pese al envite por parte del PSOE que supone esta declaración, fuentes de Unidas Podemos insisten en que Yolanda Díaz no aceptará otra cosa que no sea cumplir con el compromiso. «Espero que haya acuerdo con Unidas Podemos antes del verano para que podamos llevar la ley al Consejo de Ministros antes de las vacaciones. Por eso no se ha solicitado la suspensión cautelar, muchos de estos elementos que se impugnan se incorporarán en esta ley», dijo Montero.
Unas palabras que no convencen a sus socios de Gobierno. En paralelo, desde el Congreso, el presidente del grupo parlamentario morado, Jaume Asens, tildaba la decisión de «error». También partidos clave para la estabilidad parlamentaria del Gobierno como ERC, Bildu, Más País o Compromís se han mostrado descontentos con este recurso, y de hecho son formaciones para las que este compromiso tuvo un peso importante en su apoyo al Gobierno.
Montero argumentó que la impugnación del Ejecutivo llega después de meses intentando llegar a un acuerdo con la Generalitat sin éxito. Y recordó además que el Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña, así como el Consejo de Estado, establecieron que buena parte del articulado de la ley catalana era inconstitucional.
Desprecio
Desde Cataluña, la decisión del Gobierno de no pedir la suspensión cautelar no se evaluó como el ‘gesto’ que asegura que es el Ejecutivo, sino que se hizo énfasis en la presentación del propio recurso, insistiendo además en que la negociación a la que se alude se limitó a una única reunión el 3 de marzo. «Es una mala noticia que el autodenominado Gobierno más progresista de la historia impugne leyes sociales, en vez de extender una ley que busca defender a los ciudadanos sobre los abusos del mercado inmobiliario», apuntó la portavoz del Ejecutivo catalán.
La presentación del recurso ha coincidido en Cataluña con el suicidio el lunes de un hombre de 58 años en Barcelona cuando iba a ser desahuciado de su vivienda por impago del alquiler.