Fundación Madrina hace frente a la violencia vicaria con 9 claves

Según la Fundación Madrina (FM), en España hay 471 menores en riesgo. Consideran que la violencia de género no solo afecta a las mujeres, sino que es un atentado contra la infancia y la maternidad. Explican que ningún maltratador pierde la patria potestad y siguen con visitas, al tiempo que muchas mujeres tienen miedo a denunciar maltrato por el temor de ser declarados sus hijos en desamparo al finalizar el proceso. «Se sienten arrepentidas de denunciar por el abandono de la administración tras el juicio».

Para evitar esta realidad FM ha desarrollado nueve medidas. En primer lugar, solicita que en los juicios de violencia de género con sentencia firme se valore el riesgo de los menores y se quiten custodias y regímenes de visitas, o bien se mantengan supervisión en un ‘punto de encuentro’ tutelado.

Plantean que se considere violencia con posibilidad de perder la custodia, el abandono y abuso de la madre embarazada o con niños, que deja a la mujer gestante o madre con menores a cargo en condiciones de máxima vulnerabilidad o situación de calle.

Apuestan por un apoyo real a las mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijos, para que puedan dar el paso definitivo de la denuncia. Proponen, además, que se facilite vivienda social protegida y permanente, no temporal como hasta ahora, para estos menores y sus madres hasta normalizar su situación económica.

En quinto lugar, solicitan estudios periciales psicosociales de la mujer y los niños a cargo, ante la primera sospecha de violencia infantil y que apoye la autonomía familiar de la presunta víctima e hijos de forma integral.

Apoyan que ningún maltratador con sentencia firme de víctima de violencia tenga acceso legal ni de custodia a los niños. Piden, además, la retirada de la custodia y de la patria potestad si fuera necesario. También pretenden agravar las penas para cualquier progenitor que agreda gravemente a un menor, con pérdida de patria potestad. Por último, proponen la figura de observador o defensor del menor en centros escolares, o al menos a nivel de comunidades autónomas, capacitados para denunciar si hay sospechas de violencia ante madres que no desean denunciar.