El PSC recurre el fondo para los avales del 1-O y choca con el Govern

▶ La decisión ralentiza la convalidación del decreto ley, y Cs y PP lo impugnarán juntos

El polémico Decreto Ley 15/2021 de la Generalitat de Cataluña con el que Pere Aragonès (ERC) quiere dar forma de legalidad al fondo de dinero público que avalará las fianzas y las multas a los procesados por el ‘procés’ –sobre todo ante el Tribunal de Cuentas (TdC)– tendrá que pasar el filtro jurídico del Consejo de Garantías Estatutarias (CGE), la institución autonómica que vela por la adecuación de las normas al Estatuto catalán y la Constitución.

El PSC registró ayer en el Parlamento de Cataluña la petición de un dictamen del CGE, cuya opinión no es vinculante, pero anticipará por dónde puede ir el caso si entra en juego la Justicia, y Cs y PP anunciaron que harán lo propio en los próximos días, en este caso de manera conjunta ya que para poder acudir al CGE se necesita la firma de 14 diputados autonómicos o dos grupos parlamentarios.

Según fuentes socialistas, la petición del PSC se aprobará en la Mesa parlamentaria el martes, por lo que será a partir de ese día cuando empiecen a contar los 12 días hábiles que tienen los ocho miembros del CGE para emitir su dictamen. Pese a la impugnación del PSC y la conjunta de Cs y PP que se presentará en los próximos días estas iniciativas no paran la vigencia del decreto ley. Pero sí ralentizan su convalidación por parte del Parlamento autonómico, pues este paso no se podrá dar hasta que el CGE no firme el dictamen no vinculante.

Por el procedimiento

En el texto de la petición del informe jurídico registrado ayer, el PSC recurre el decreto ley sobre todo por la forma en la que se ha aprobado, más que por el fondo de la cuestión, es decir, la creación de un fondo público con 10 millones de euros que gestionará el Instituto Catalán de Finanzas, que será quien avale a una entidad privada para que esta, a su vez, avale a los implicados en el ‘procés’ y así no tengan que hacer frente con sus bienes a las fianzas y las multas de los tribunales.

Según los socialistas, la creación del fondo debía haberse hecho «por el procedimiento legislativo ordinario». El argumento central de la impugnación se basa en que la medida del Govern no puede aprobarse por decreto ley sino por una ley ya que no es algo que sea urgente y extraordinario, tal y como señalan el artículo 86 de la Constitución y el 64.1 del Estatuto de Autonomía para la aprobación de los decretos leyes. Así, el PSC cree que la decisión de crear un fondo con 10 millones de euros para avalar las fianzas judiciales que afectan a los funcionarios de la Generalitat y sus altos cargos no es de extraordinaria y urgente necesidad.

Este asunto principal se une a que en la exposición de motivos del decreto ley (publicado en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña el 7 de julio) se cita el caso concreto del TdC que afecta a 34 exmiembros y ex altos cargos del Govern a los que se les reclama 5,4 millones de euros como fianza por la presunta acción exterior ilegal del ‘procés’. Es decir, estaríamos ante una norma creada para unas personas concretas, bajo la apariencia de una norma de carácter general.

Respecto a este asunto, Salvador Illa, líder del PSC en el Parlamento de Cataluña, justificó la decisión señalando que «es importante aclarar si se ajusta a la legalidad» el decreto ley. Sin embargo, en una entrevista para Catalunya Ràdio, avanzó que, si el decreto ley es legal, el PSC lo convalidará parlamentariamente junto a ERC y Junts. «Si es legal, no tenemos ningún inconveniente en convalidarlo», indicó, para añadir que el Gobierno también está analizando su legalidad.

Por su parte, Carlos Carrizosa, que confirmó los contactos de Cs con el PP para presentar la impugnación juntos ante el CGE, criticó en un comunicado que el Govern, con este decreto ley, «se saque de la manga un decretazo manifiestamente inconstitucional para privilegiar a los políticos que han dilapidado dinero público de todos los catalanes para fines partidistas».

Recurso de Artur Mas

Mientras tanto, algunos de los 34 implicados en la acción exterior ilegal del 1-O que están encausados en el TdC han recurrido la liquidación provisional del tribunal que asciende a 5,4 millones de euros. Es el caso del expresidente de la Generalitat Artur Mas, que alega indefensión por una «irregular» tramitación de diligencias.

La impugnación de Mas no es por razones de fondo sino de forma, porque cree que se ha generado una «indefensión material». «Lo cual, a nuestro entender, afecta a la validez de todo lo actuado hasta la fecha», indica el escrito de su abogado, informa Ep. El TdC reclama a Mas más de 2,9 millones de euros (solidariamente con otros implicados).