EL MINISTRO DE LOS INDULTOS SE MARCHA AMORTIZADO
JUAN CARLOS CAMPO EXMINISTRO DE JUSTICIA
Los diferentes episodios en España de los últimos meses han marcado la revolución que Pedro Sánchez ha acometido en su Gobierno, bien como una reacción a un tema determinado o bien porque ha llegado el momento. Los indultos encajan en el segundo escenario. Nada podía moverse hasta el canje con los independentistas y hasta que los políticos presos salieran de la cárcel. Así, una vez consumados, su principal artífice se despide. Juan Carlos Campo dice adiós como el ministro que concedió la medida de gracia a los condenados por el ‘procés’. Vino por su talante conciliador y con la reforma de la Justicia en mente, pero hasta ahí alcanzó su labor en Justicia.
El nombramiento de Campo, que fue vocal del Consejo General del Poder Judicial entre 2001 y 2008 a propuesta del PSOE, se consideró en enero de 2020 como parte de la cuota de poder de los socialistas en el Gobierno de coalición con Unidas Podemos. Su vinculación con el partido era notoria, especialmente porque en febrero de 2009 fue designado secretario de Estado de Justicia en el último Gobierno de José Luis Rodríguez Zapataro. Diputado por Cádiz, entró en el Ejecutivo como magistrado en excedencia.
El tiempo y la perspectiva actual dan pistas inequívocas de cuál era el propósito de su llegada al equipo de Sánchez. Si bien el presidente del Gobierno negó hasta la saciedad los meses previos a su nombramiento la concesión de los indultos a los condenados por malversación y sedición, lo cierto es que ya se estaban cociendo. Su piloto acababa de aterrizar en Justicia y el horizonte aún no se había desvelado públicamente, pero era muy claro. Campo marcó los plazos de lo que estaba por llegar y ya en diciembre del año pasado, en plena pandemia y después de doce meses en el cargo, anunció la estrategia: la medida de gracia llegaría en el semestre inicial de este año. Dicho y hecho.
Los primeros meses de 2021 fueron una sucesión de justificaciones a los indultos, incluso contra el criterio del Supremo, el tribunal sentenciador, y la Fiscalía. «Es un instrumento que hay que ver con naturalidad», dijo el ministro en mayo, otra prueba de que todo estaba más que decidido en La Moncloa.
Después, una vez consumados, se afanó en argumentar la utilidad pública para sacar de la cárcel a los sediciosos, aún con la declaración de que no tenía ninguna certeza de que fueran garantía de nada respecto a las aspiraciones soberanistas de los condenados. «Perdón» o «reconciliación» marcaron sus discursos.
El ministro de los indultos se marcha con el trabajo hecho según la óptica del Gobierno, desgastado por la enorme exposición y del todo amortizado, pero no tanto en lo que se refiere a la reforma de la Justicia, su gran objetivo. Lo sustituirá la hasta ahora presidenta del Senado, Pilar Llop, también juez y con la difícil tarea de abordar la reforma del delito de sedición que exigirán los independentistas. También la transformación del Consejo General del Poder Judicial, que sigue a medias, y la renovación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en fase de informes.
SU LEGADO MEDIDA DE GRACIA
La gestión de Campo se resume en la concesión de los indultos en contra del Supremo y con el argumento de la utilidad pública.
REFORMA DE LA JUSTICIA
La herencia que deja a Pilar Llop es complicada. Deberá abordar la reforma de la Justicia que ha quedado a medias, sobre todo la renovación del CGPJ. También la modificiación del delito de sedición en el Código Penal.