UNA LEY SIN CONSENSO Y CONTRA EL ESFUERZO

ISABEL CELAÁ EXMINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Era rara la ocasión en la que la ministra de Educación, Isabel Celaá, se encontraba con los medios y no dejaba caer, medio en broma medio en serio, que se sentía atacada; que los periodistas eran malos con ella. La política vasca vivía de forma casi personal las críticas y se notaba a la legua que no le sentaban bien. Eso sí, nunca descuidaba las formas y, mientras en público (y en privado) acusaba a los medios abiertamente de mentir, también llegaba a tener buenos gestos hacia esos mismos periodistas que la criticaban si había alguna circunstancia personal grave de por medio.

Pero si Celaá era portada y abría telediarios un día tras otro no era por la crítica fácil, sino porque le puso nombre a una de las leyes educativas más contestadas y polémicas. Tal es así que se creó ex profeso una plataforma, Más Plurales –formada por la concertada, y en la que han participado otros colectivos como los de la educación especial–, para contestar su contenido, que ataca a la concertada al convertirla en ‘subsidiaria’ de la pública y no en complementaria, y abre la puerta al cierre de los centros de educación especial. Estas medidas, aunque criticadas, se esperaban de este Gobierno, sobre todo con el arribo de Podemos, que hicieron un texto, a través de enmiendas, mucho más beligerante con la concertada y la educación especial de lo que había propuesto el PSOE inicialmente.

Pero lo que terminó de poner patas arriba no solo a la comunidad educativa sino al país entero por las implicaciones políticas que tenía, fue la decisión de eliminar de la ley la referencia al castellano como lengua vehicular en la educación y oficial en España, en una polémica enmienda en el parlamento aprobada por ERC, PSOE y Podemos. De hecho, tal como adelantó ABC, el PP (y Vox) presentaron al TC sendos recursos de inconstitucionalidad en contra de la norma.

Celaá deja su escritorio a la actual delegada del Gobierno de Aragón, Pilar Alegría, a la que le tocará continuar con una ley, ya aprobada, pero con mucho camino aún por recorrer. Aprobada a toda prisa en diciembre de 2020, y sin contar con las comparecencias de la comunidad educativa, ha sido una ley contestada en la calle, en pleno estado de alarma, en dos marchas celebradas en 50 ciudades que reunieron a casi dos millones de personas, según la organización.

La aplicación de la ‘ley Celaá’ está a medias: aún falta aprobar los reales decretos de currículo de enseñanzas básicas cada etapa (Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y FP), así como el real decreto sobre evaluación, promoción y titulación (es decir, el que permite pasar de curso y titular sin límite de suspensos). Este aún no se ha votado en el Consejo Escolar y después de este paso tendrá que ir al Consejo de Ministros. Dicho decreto llega tarde porque empieza a aplicarse en septiembre, y las comunidades tienen que publicar sus propias normas. Teniendo en cuenta que la Lomloe se aprobó en diciembre de 2020, este decreto tendría que haberse aprobado antes porque ahora, para llegar a tiempo, obligará a publicarlo a fines de agosto para aplicarlo en septiembre. Por otro lado, Celaá se deja en el tintero la ley de FP, que promocionó hasta la saciedad, y que solo se llevó al Consejo de Ministros para primera lectura.

SU LEGADO LEY CONTESTADA Y RECURRIDA

Su ley educativa, la Lomloe, fue aprobada sin consultar al sector por vez primera en la historia. Ha sido llevada por el PP y Vox al TC.

LEY DE FP

Otra de sus grandes apuestas que deja en el tintero ya que solo fue llevada al Consejo de Ministros para primera lectura. Le queda aun el recorrido parlamentario y antes la nueva ministra podrá hacer cambios.