Los nubarrones que empañan el horizonte del campo español
► La compleja negociación de la nueva PAC, los precios en origen y el de las materias primas, entre los retos ► El sector exhibe su resistencia y exportó un 2,3% más en 2020, dando empleo a más de un millón personas
La próxima semana será decisiva para los agricultores y ganaderos españoles. El miércoles está convocado el Consejo Consultivo de Política Agrícola en el que están representadas las principales organizaciones agrarias (Asaja, Coag, UPA y Cooperativas Agroalimentarias) y la Conferencia Sectorial de Agricultura, que reúne al ministro del ramo con los consejeros de las 17 comunidades autónomas. Ambas citas serán monográficas sobre la nueva PAC (Política Agraria Común) 20212027 cerrada recientemente a nivel europeo y su aplicación en España. Es decir, la elaboración del Plan Estratégico Nacional que distribuirá los 47.724 millones de euros que recibirá España hasta 2027 para políticas agrícolas y desarrollo rural entre unos 700.000 beneficiarios. Un documento que se debe remitir a Bruselas antes del 31 de diciembre de este año.
Esta negociación acaparará todo el protagonismo en los próximos meses y promete no ser sencilla. ABC ha informado de las críticas del PP a este proceso y del envío de sendas misivas al ministro de Agricultura, pidiendo la participación de las organizaciones agrarias en la Sectorial o más información. La secretaria de Agricultura y Desploblación del partido y portavoz popular en la comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados, Milagros Marcos, exigía «transparencia, diálogo y datos en la negociación de la PAC» y lamentaba que «la propuesta del ministerio sea un folio en blanco». Sobre la mesa, la posibilidad de un acuerdo aprobado por mayoría, y con el voto en contra de alguna o todas las autonomías gobernadas por el PP (Andalucía, Murcia, Madrid, Castilla y León y Galicia). Pero el camino del consenso no está exento de obstáculos: la definición de ‘agricultor activo’ (quiénes serán los receptores de las ayudas), la aplicación de los ecoesquemas (el 25% de los pagos directos a los productores), la convergencia en las ayudas, etc...
Termine o no en la enésima tormenta política o, finalmente, se logre un entendimiento la aplicación de la PAC no es el único dolor de cabeza para el sector primario y toda la actividad agroalimentaria. Hay otros temas, más coyunturales o estructurales, que no se lo ponen fácil a agricultores y ganaderos: Entre los primeros, el incremento de algunas materias primas y la repercusión sobre los costes de producción. El ministro de Agricultura, Luis Planas, alertaba sobre ello hace unos días y ponía el foco en la subida de los cereales y las oleaginosas (soja, girasol, maíz...). Todo ello, con una producción nacional de cereales que en Cooperativas Agroalimentarias estiman en 19,5 millones de toneladas, frente a un consumo de 36,5 millones de toneladas –100.000 toneladas diarias– para diversos fines, incluída la alimentación animal, según Agricultura. En este sentido, Cooperativas Agroalimentarias estima que el valor del pienso para terneros repuntó un 26,6% entre 2019 y 2021. Este es el caso de Pedro José Gómez, dueño de una explotación de 1.200 ovejas en Pétrola (Albacete), quien reconoce que el incremento de las materias primas le está impactando a la hora de comprar piensos para sus corderos. «También apostamos por invertir en la mecanización y eso supone más equipos electrónicos y maquinaria telescópica», destaca Gómez, quien sufre ahora subidas en el diésel y la luz.
Pedro Barato, presidente de Asaja, apunta que «el alza de la electricidad y del petróleo se traslada al consumidor» y pide que los productores puedan hacerlo también. En este sentido, recuerda que la ley de la Cadena obliga a que los precios de origen estén por encima de los costes de producción. Por ejemplo, desde la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (Fenacore) vienen exigiendo que se haga permanente la doble tarificación –la posibilidad de firmar dos contratos a lo largo del año– aprobada en los últimos Presupuestos. Según sus estimaciones, desde la supresión de las tarifas especiales de regadío en 2007, la factura de la luz se ha encarecido más del 120%. Tampoco están ayudando los últimos cambios regulatorios.
Desde COAG advierten de que «España es un país con una producción agraria muy potente, pero dependiente de materias primas como la soja y el cereal». En este sentido, desde esta organización agraria esperan que los repuntes sean «provisionales» y advierten de que muchos productores pueden entrar en pérdidas. «Sobre todo, los ganaderos, cuyos camiones
de pienso tienen que pagar de inmediato y no hay capacidad para repercutirlo por las posiciones de dominio de las grandes empresas industriales y la distribución».
Sin embargo, no es el único problema relacionado con los precios. Esta semana, el Ministerio de Agricultura publicaba el informe sobre el mercado lácteo realizado por el Observatorio de la Cadena Alimentaria. En concreto, este documento estima que el coste de producir un litro de leche fue de 0,35 euros entre 2018 y 2020, mientras que los ganaderos percibieron un precio medio de 0,32 euros/litro. El informe también advertía de que la diferencia entre el valor pagado al ganadero y el precio de venta al público (PVP) oscila entre 1,77 y 2,38 euros. Los productores andaluces anunciaron movilizaciones esta semana.
Un sector resiliente
A pesar de todo lo anterior y las polémicas alrededor de algunos productos de terceros países que, en el caso del tomate marroquí la patronal europea Fruit Vegetables Europe (Eucofel) mandara el mes pasado una dura carta a Bruselas, el sector agroalimentario exhibe fortaleza.
En concreto, en un año marcado por el Covid como 2020, el volumen de sus exportaciones alcanzó los 54.840 millones de euros, un 2,3% más que en 2019. España fue el cuarto exportador de la UE y el quinto importador. Al respecto, Planas ha aportado un nuevo dato: entre mayo de 2020 y abril de 2021 las exportaciones superaron los 55.000 millones de euros, un 3,9% más que en el mismo periodo del año anterior. El saldo comercial positivo supera los 20.000 millones. Además, el sector agroalimentario incrementó su aportación a la economía española: el Valor Añadido Bruto (VAB) creció un 5,8% en 2020, hasta los 59.311 millones de euros, y supera de esta forma la media de la UE-27 (3,8%), según el Observatorio de Cajamar. Todo ello, a pesar de que en términos reales el VAB registra una caída del 2,2% sobre la de otros sectores, como la industria de la transformación (-12,5%).
Pero, ¿qué futuro le espera a las nuevas generaciones en el campo, al que la nueva PAC reserva el 3% de las a ayudas? Si bien el citado Observatorio destaca que 1,1 millones de personas trabajaron en el campo en 2020, más de un 30% contaban con 50 o más años. Una proporción bastante menor a la media de toda la Unión Europea (39,2%).
Este envejecimiento preocupa en organizaciones como Asaja, cuyo presidente pide «menos titulares y un apoyo de verdad». En su opinión, es necesario un plan nacional que complemente las medidas de las comunidades autónomas. Barato insta a que se mantengan la tutela y el asesoramiento más allá de los primeros pasos de la instalación de la explotación y evitar los retrasos en el cobro.