El imperio regulador
El paquete ‘verde’ de Bruselas es extraordinariamente intervencionista, los europeos lo notarán en su vida cotidiana y en los precios
A LComisión Europea presentó ayer un paquete legislativo para que Europa reduzca en 2030 sus emisiones de CO2 al 55% de los niveles que generaba en 1990. Se trata de un conjunto de normas extraordinariamente intervencionistas que afectará a casi todos los aspectos de la vida cotidiana de los europeos: desde la calefacción de sus hogares hasta la comida que ponen en sus platos, pasando por la motorización de sus coches, que no podrá ser de combustión a partir de 2035. La Comisión de Ursula von der Leyen se juega su futuro y el de la Unión con este salto legal.
Con todo, el aspecto más conflictivo del plan también es el menos popular. Se trata del Mecanismo de Ajuste del Carbono en Frontera (Carbon Border Adjustment Mechanism). El éxito del plan depende de este arancel que debe evitar la llamada «fuga de carbono», es decir, la deslocalización de producción europea en países que sean menos estrictos con las emisiones. Para ello habrá que fijar una tasa a las importaciones de ciertos bienes de fuera de la UE que permita compensar los sacrificios que la industria europea hará en la producción de bienes equivalentes.
Bruselas sostiene que esto no es proteccionismo, sino una garantía de igualdad de condiciones en una situación en la que algunos países están más dispuestos que otros para alcanzar la descarbonización. La medida tendrá un impacto importante sobre los precios al consumo.
La Comisión espera que, a más tardar en 2023, exista una normativa de ajuste en frontera que cubra al sector eléctrico y los sectores industriales intensivos en energía, que son las áreas donde más rápido se puede avanzar gracias a la existencia previa del Sistema de Comercio de Emisiones (ETS).
Este nuevo conjunto normativo supone pasar de las musas al teatro en el Pacto Verde Europeo. No todos los gobiernos están dispuestos a empeñar su popularidad en la promoción de estas leyes. Hay países como Polonia que llevan oponiéndose desde el principio porque consideran que amenazan su estilo de vida. Tampoco se han hecho coincidir las hojas de ruta hacia la descarbonización de sus economías de todos los miembros. Y un aspecto clave: no se ha acordado una metodología común para calcular el contenido de carbono de los bienes, un elemento fundamental para alimentar el famoso mecanismo de ajuste.
La Comisión recibió ayer una buena noticia. China anunció que mañana estrenará su propio sistema de comercio de emisiones de carbono que constituirá el mercado más grande del mundo y duplicará las emisiones cubiertas por estos programas. Ya están inscritas las 2.225 empresas eléctricas del país, responsables de la séptima parte de las emisiones globales. En los próximos cinco años, siete sectores industriales chinos deberán negociar sus derechos en este mercado. jmuller@abc.es