La bronca del FROB a König por ‘hundir’ al Popular en 2017: «Es de la mayor gravedad»
▶ La presidenta de la autoridad europea de resolución filtró que seguían de cerca la situación del banco
El terremoto sobre Banco Popular que organizó Elke König, presidenta de la autoridad europea de resolución (la Junta Única de Resolución, JUR), en mayo de 2017 fue duramente criticado, personalmente, por Jaime Ponce, por entonces presidente del FROB. La cadena de emails que la autoridad española entregó hace pocas semanas a la Audiencia Nacional, y a la que ha tenido acceso ABC, así lo corrobora. Lo que ocurrió fue una gran bronca del dirigente español hacia la alemana.
El problema atañe a unas palabras pronunciadas por König en los últimos diez días de mayo de 2017. Apenas dos semanas antes de que el Popular entrará en resolución y fuera vendido a Banco Santander por la cantidad simbólica de un euro (aunque más adelante tuvo que acometer una millonaria ampliación de capital para digerir la operación). El mayor de los sucesos se produjo el 23 de mayo de 2017 en una entrevista en Bloomberg TV en la que la presidenta de la JUR aseguró que el Popular era uno de los bancos cuya situación estaban siguiendo de cerca. Las alertas saltaron, con efecto inmediato en los mercados. Una semana después se produjo otro suceso tras publicar la agencia Reuters un artículo en un tono similar respecto a la postura de König sobre la posible preparación de una intervención en el por entonces sexto banco español.
Las palabras del día 23 irritaron sobremanera a Ponce. «Mencionar por el nombre a un banco bajo esas circunstancias tan sensibles da siempre un titular a la prensa», le escribió por email a König, para añadir a continuación una recomendación sobre cómo debería pronunciarse en estos casos.
El tono del entonces presidente del FROB no se destensó en ningún momento. «Tengo que decir que estoy muy sorprendido por el hecho de que una autoridad de resolución haya mencionado públicamente que está siguiente de cerca la situación de una entidad financiera mencionada por el nombre. No estoy seguro de si hay algún precedente (...) y considero esta situación como de la mayor gravedad», le espetó.
Ponce le advirtió de que el mercado es muy sensible a palabras como las suyas, «las cuales pueden tener un potencial impacto en la liquidez». Precisamente el Popular uno de los grandes problemas que tenía era de liquidez –sufrió una fuerte fuga de depósitos en los meses previos–, y no tanto de solvencia, como ha quedado probado en el sumario del caso que se sigue en la Audiencia Nacional.
«Es importante para la JUR atajar estas historias perjudiciales rápidamente y hacerlo en los términos más claros posible. (...). Recomendaría a la JUR por favor aumentar la seguridad y confidencialidad de los procedimientos», comentó Ponce a König vía email, tras alertarle de que sus palabras podían forzar que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) exigiera una explicación.
König no reculó
La máxima dirigente de la JUR, por su parte, lejos de reconocer que sus palabras habían propiciado una caída del precio de la acción, como le recriminó Ponce, se hizo fuerte en su forma de pronunciarse. «Déjeme asegurarle que la JUR, como el FROB, está adoptando el máximo cuidado para preservar cualquier información confidencial de bancos concretos», se defendió König.
La mandataria de la autoridad europea de resolución insistió durante toda la cadena de correos en que no había dicho nada reseñable en concreto sobre
König, lejos de rectificar, señaló que estaba usando el vocabulario y las expresiones que solía utilizar en muchos casos
el Popular. «Mi único comentario fue que por supuesto que miramos el banco como hacemos con otros bancos también. No hice ningún comentario específico», aseguró, al tiempo que le decía a Ponce que le enviaría el ‘link’ exacto y que es el vocabulario y manera de hablar que suele utilizar en muchas otras ocasiones.
La JUR y los juzgados
Estos correos electrónicos se enmarcan en la causa sobre la caída de Banco Popular en 2017. Jaime Ponce, de hecho, acudió a declarar como testigo hace varias semanas y Elke König pasará por el juzgado en poco tiempo. Sin embargo, que la dirigente acuda a declarar no significa que su institución vaya a colaborar plenamente con la justicia española.
El juez José Luis Calama, que instruye la causa, reclamó al FROB sus comunicaciones con la JUR más próximas a la resolución de la entidad el 1 de junio de 2017. La institución española consultó a su ‘superior’ europeo en materia de resolución bancaria de cara a entregar las comunicaciones, negándose este último. «El FROB se encuentra obligado a preservar dicha confidencialidad en el marco del requerimiento judicial de la información. (...). La JUR no está de acuerdo en la divulgación de la correspondencia (...) con la Audiencia Nacional», afirmó la institución comunitaria al FROB.
El argumento de la JUR para negarse a incorporar sus correos con el FROB está en la normativa europea, respecto de su confidencialidad y deber de secreto. Defiende que la correspondencia tiene información «altamente confidencial y protegida» y que dicha protección especial que ha de tener esa información «está justificada por el posible impacto que la divulgación de dicha información tendría en la estabilidad del mercado financiero en su conjunto».
«A juicio de la JUR, no podemos consentir la remisión de los documentos solicitados en la medida en que no existe un mecanismo en la legislación española que permita que únicamente el tribunal pueda acceder a los mismos. De otra manera, estaríamos usurpando la competencia de los tribunales de la UE y dejando sin eficacia las diligencias de prueba y las próximas decisiones de dicho tribunal sobre los asuntos relativos a las solicitudes de acceso a los documentos», sostiene la autoridad europea de resolución. La institución sostiene que «la evaluación de la legalidad de la decisión de la resolución de Banco Popular es un asunto que solo puede ser determinado por los tribunales de la UE, que tiene jurisdicción exclusiva sobre este asunto». Es decir, que juzgar el proceso de resolución por el cual la entidad fue adjudicada al Santander solo puede corresponder a la justicia comunitaria.
El Banco Central Europeo (BCE), por su parte, sí ha querido colaborar con emails, aunque solo de manera parcial, según la documentación remitida.