ACOSO DESMEDIDO AL TC

El tono desafiante de todo el Ejecutivo contra el Tribunal Constitucional es grave. Sánchez solo quiere una supeditación indigna de todos los poderes del Estado y pasar por encima de la ley

INSISTIR, como hizo ayer la ministra Margarita Robles, en que el Gobierno «hizo lo que tenía que hacer» al decretar el estado de alarma no deja de ser una excusa de mal pagador y, sobre todo, un empecinamiento en una concepción autoritaria del poder. El Tribunal Constitucional ha sentenciado que no es así y que habría correspondido decretar el estado de excepción para imponer la suspensión total de movimientos, porque el buenismo no es ninguna práctica jurídica. No se trata de juzgar las buenas intenciones del Gobierno ante un virus masivo y mortal, sino de determinar si sus actos se someten a la legalidad. Y en lo que respecta al primer confinamiento, no fue así. Cuanto antes lo asuma Sánchez, mejor para él, para los españoles en general, y para la necesidad de humildad que tiene La Moncloa. La indignación desmedida de este Gobierno, que ha iniciado una auténtica revuelta contra el Tribunal Constitucional y que está enfangando su sentencia para deslegitimarlo, como si tuviese que ser un órgano supeditado al sanchismo, es un desprecio a la democracia. Y todo, sin siquiera haber aprobado una ley de pandemias, como volvió a exigir ayer Pablo Casado.

Robles, como otros ministros que manejan un relato falso, salió ayer en tromba para atacar la independencia del TC y reiterar que el Gobierno salvó vidas. La Moncloa las cifra en 450.000, algo verdaderamente asombroso para no haber acertado aún en determinar cuántos fallecidos reales deja el Covid-19. Pero es que además –es de suponer que aún por herencia de Iván Redondo–, el aparato de propaganda de Sánchez está creando el guion de que la sentencia es injusta y, como dijo Robles, de que el TC no está para hacer «elucubraciones doctrinales». Desde luego, es una falta de respeto institucional, sobre todo viniendo de una magistrada de profesión que ha deliberado sentencias en el Supremo, ha elucubrado con interpretaciones jurídicas, y ha sentado jurisprudencia con sus propios fallos. Ahora, parece que la auténtica doctrina válida es solo la que sienta Sánchez desde La Moncloa, y punto. Son comentarios ofensivos, e incluso el magistrado conservador del TC Andrés Ollero, que votó precisamente a favor de las mismas tesis que defiende Robles, salió ayer al paso de esas palabras, asegurando que si los magistrados no se dedican durante sus deliberaciones –secretas por cierto– a pensar y debatir para crear doctrina, entonces cabe preguntarse cuál es su papel. Ese es precisamente su trabajo en una democracia.

Este tono desafiante del Gobierno es muy grave porque exige que no haya diques de contención a sus abusos. Robles, por profesión y por acreditada trayectoria, debería saber mucho más sobre la independencia, primero del poder judicial, y después, de órganos constitucionales como el TC. Al margen queda el indigno papelón de la nueva ministra de Justicia, Pilar Llop, en su estreno. Lo que ocurre es que esta sentencia es un lastre para la credibilidad el Gobierno porque viene a avanzar que el poder plenipotenciario que quiere arrogarse Sánchez, por ejemplo con la futura reforma de la ley de seguridad nacional, es inviable. Pero ni por asomo Sánchez se plantea dimitir. La ofensiva del Gobierno para lograr la supeditación y el control total de los órganos esenciales del Estado es preocupante. Desde esta óptica, el presidente del TC, Juan José González Rivas, debería aclarar si es cierto que trató de retrasar la votación de la sentencia cuando supo que las tesis favorables al Gobierno quedaban en minoría de votos, y si antes hubo presiones de Carmen Calvo. Porque si de lo que se trata es de asumir las consignas gubernamentales para favorecer a La Moncloa con tan decepcionante servilismo jurídico, el desprestigio del TC va a ser irreversible durante años.