EE.UU. conoció la existencia de ETA dos años antes que España
Washington tuvo noticia de la creación de la banda terrorista antes que nuestro Gobierno. La CIA ni supo ni participó en el atentado contra Carrero Blanco. Estas son solo dos de las claves que el historiador David Mota da en su último libro
Estados Unidos conoció entre noviembre y diciembre de 1959 la creación, dentro del mundo del nacionalismo vasco, de una organización llamada ETA; es decir, dos años antes de que la Policía hablase por primera vez de ella en un informe de la Brigada Político-Social de Bilbao. A esta conclusión llega David Mota, profesor de la Historia Contemporánea de la Universidad Isabel I, que ha escrito el libro ‘En manos del Tío Sam. ETA y Estados Unidos’ (Editorial Comares), que aborda la visión que los norteamericanos tenían del fenómeno terrorista en España hasta 1987. El autor ha consultado 1.060 documentos de la CIA y del Departamento de Estado para llegar a sus conclusiones. Todo ese fondo ha pasado a manos del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo.
«El consulado de Estados Unidos en Bilbao envió ese año a las autoridades norteamericanas un ejemplar del boletín interno de ETA que había llegado a sus manos gracias a sus relaciones con el mundo nacionalista», explica Mota a ABC. Y aporta otro dato clave: «El vicecónsul incluso se entrevistó con miembros de la organización o personas próximas a ella, como Kepa Enbeita ó José Idogaya, un poeta que además ejercía de corresponsal para ‘Le Monde’ y el ‘Washington Post’». De hecho, de esas conversaciones hay algún memorándum que está en los archivos norteamericanos, a los que el investigador ha tenido acceso.
Un problema doméstico
«A pesar de que los gobiernos de España y de EE.UU. eran aliados, por parte norteamericana no se trasladó la información a la Policía española», precisa Mota. De hecho, la visión que se tenía en ese país de la naturaleza de ETA era similar a la de otras organizaciones de liberación como las que operaban en países como Argelia, un movimiento de opinión del entorno nacionalista que no preocupaba en tanto que se trataba de una cuestión interna de nuestro país. «Empezó a cambiar algo esta visión cuando el consulado tuvo noticias del notable interés de ETA en una base de comunicaciones estadounidenses en Elizondo (Navarra) sobre la que deslizaban bulos como que en esas instalaciones había misiles o el número de personas allí destinadas... Esa atención de la organización a todo lo relacionado con la base sí les preocupó».
De forma cronológica, el siguiente hito del libro es la constatación documental de que ni la CIA ni el Departamento de Estado tuvieron la menor relación con el asesinato en Madrid, el 20 de diciembre de 1973, del entonces presidente del Gobierno, almirante Luis Carrero Blanco, de su conductor y de su escolta. El que el ataque se perpetrara solo unos días después de la visita del secretario de Estado de EE.UU. Henry Kissinger, a pocos metros de la Embajada norteamericana y que fuera perpetrado «por cuatro aldeanos que coqueteaban con las bombas», unido a una cinematografía sugerente, facilitó que surgiesen teorías de la conspiración según las cuales los servicios de Inteligencia estadounidenses colaboraron con los etarras.
El análisis de los archivos norteamericanos desmonta esta tesis. Primero porque los informes de esos días revelan que la única preocupación de Estados Unidos era que ETA atentase contra Kissinger o coincidiendo con su visita a España, porque eso tendría para la organización un efecto propagandístico de nivel mundial; segundo, porque cuando se produce el ataque la CIA muestra su sorpresa, y en los informes que envía al presidente Nixon sobre el suceso le tiene que explicar qué es ETA, algo absurdo si los servicios de inteligencia le hubiesen prestado ayuda; y tercero, porque al gobierno norteamericano no le interesaba que desapareciese Carrero, el personaje clave para que se mantuviera el ‘statu quo’ de entonces, como era su deseo. «No hay que olvidar –advierte Mota– que en 1973 no hay interés alguno por parte de EE.UU. en fomentar la democracia en España».
«Por entonces –añade– la política del Gobierno norteamericano era pragmática y no consideraba que tuviera que intervenir ante el terrorismo etarra siempre que no afectara a sus empresas o ciudadanos». De hecho, en los informes de la CIA de 1987 y 1989 sobre terrorismo internacional se presta más atención al Ejército Rojo de Liberación en Cataluña, que había colocado un artefacto a mediados de los 80 en un edificio de la USO, una especie de centro social estadounidense, en el que murió uno de sus ciudadanos, y a Iraultza, que atentó contra intereses norteamericanos, como el Bank of America. Además, los servicios de Inteligencia de ese país seguían con interés las huelgas en empresas estadounidenses instaladas en el País Vasco en la medida que afectaban a sus intereses económicos.
«Los servicios de Inteligencia norteamericanos hicieron un seguimiento intenso de ETA desde que comenzó a coquetear con el terrorismo, pero tenían la visión de que era un asunto de españoles y la solución debía ser interna», insiste el investigador.
En julio de 1978, el primero de los años de plomo, en el que se habían producido 17 asesinatos etarras, el Gobierno de Adolfo Suárez vio una oportunidad de pedir la colaboración de Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo. Ese mes se celebró en Bonn una reunión del G-7 en el que se firmó un acuerdo antiterrorista que nuestro Ejecutivo interpretó como un guiño. De hecho, de inmediato sondeó a los estadounidenses, pero éstos alegaron que era un problema interno, ante lo que España repuso que la organización tenía su base en Francia y operaba desde ese país, por lo que se trataba de un asunto trasnacional. Además, recordó a la Administración norteamericana que estábamos en negociaciones para entrar en la OTAN –EE.UU. presionaba para ello– y que esa colaboración en materia antiterrorista facilitaría las cosas.
Viaje de Gutiérrez Mellado
En ese contexto hubo varias reuniones entre las dos administraciones, hasta que se decidió que el vicepresidente del Gobierno, Manuel Gutiérrez Mellado, visitara la sede del FBI, en Quantico, y la de NARA. Las consecuencias de aquel viaje se desconocen porque no hay documentos directos al respecto, pero Mota sí ha encontra
do alusiones, notas colaterales en varios informes sobre un programa de entrenamiento antiterrorista que habrían impartido especialistas norteamericanos a agentes españoles. Hay que recordar que a comienzos de los 80 comenzaron a crearse en España unidades especiales de las Fuerzas de Seguridad para luchar contra el terrorismo, por lo que todo indica que esa colaboración existió.
También influyeron los informes de un funcionario norteamericano enviado a Bilbao en los que se daba cuenta de la escasa colaboración de su consulado con las autoridades españolas, la poca seguridad que había en una comunidad autónoma ‘ulsterizada’ y la enorme violencia que se vivía en las calles. Una visión algo exagerada, pero que abrió la puerta a la concesión de ayuda por parte de Estados Unidos.
Por aquel entonces, el Gobierno de España estaba convencido que de nos iban a sobrar los apoyos por nuestra conexión evidente con el mundo árabe, que era muy del interés de Estados Unidos, y nuestros lazos con Iberoamérica, aspectos ambos que podían ser utilizados como arma de presión en las negociaciones. Resulta curiosa también la visión que EE.UU. tenía de los GAL. Los informes de Inteligencia norteamericanos hablaban de la violencia creciente en el País Vasco y en sus boletines se apostaba por adoptar medidas más contundentes contra ETA siempre dentro de la legalidad. Cuando surgió el terrorismo de Estado, los estadounidenses se llevaron las manos a la cabeza con el fenómeno porque incluso se atacaba a personajes de cuarta fila de la banda, se cometían errores fatales o se mataba a gente con una relación muy superficial con la organización.
Se ha publicado que EE.UU. señalaba a Felipe González como la X de los GAL. Sin embargo, los documentos consultados por Mota matizan esa versión, porque en todos ellos se utiliza el condicional: «Si se demuestra que...», era el tipo de expresiones que se utilizaban, aunque sí se tenía claro que si eso era realmente así «perjudicaría gravemente al Gobierno de España», como luego sucedió. «No hay afirmaciones taxativas», insiste el autor.
La documentación acaba en 1987 –la de los años posteriores aún no está clasificada–, y el investigador advierte además de que la mayoría de los informes de los servicios de Inteligencia norteamericanos están elaborados a partir de información obtenida en fuentes abiertas, especialmente medios de comunicación, entre ellos ABC. «No hay documentos escritos a partir de informadores, y es normal porque el despliegue de la CIA en España era modesto».