España pierde una década para salvar las pensiones
El aplazamiento de la medicina más amarga que exigen los expertos mantiene en la UCI al organismo que paga las nóminas desde 2011 Todos los países buscan la fórmula para mantener las bondades de sus sistemas
Tras el acuerdo con los agentes sociales, España tiene enfilada ya la primera pata de la reforma del sistema de pensiones, una de las tareas imprescindibles impuestas por Bruselas, aunque antes deberá sortear un complejo camino en el Congreso. Y es que aunque lo acordado se limita a abordar los aspectos más amables de la reforma, como la vinculación de las nóminas al IPC, y deja para la vuelta del verano los más espinosos, incluido el nuevo factor de sostenibilidad, el rechazo que muestran todos los grupos políticos a la propuesta del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, demuestra que la partida se juega en un terreno de arenas movedizas. El sistema de pensiones es uno de los elementos fundamentales del modelo de bienestar social ya no español, sino europeo. Y, de hecho, la realidad es que la mayoría de los países deberán afrontar tensiones financieras en un futuro próximo. La diferencia está, no obstante, en la aversión a las reformas que adolece España. Muestra de ello es que, salvo en lo referente a los incentivos al retraso de la jubilación, el acuerdo implica en la práctica volver a la situación que había tras la reforma de 2011. O, dicho de otra forma, la constatación de que se ha perdido una década para asegurar la sostenibilidad de las pensiones.
El continuo aplazamiento de lo que los expertos consideran inevitable se explica porque hablamos de una medicina amarga. Trabajar más años y cobrar menos sueldo es la receta con la que están combatiendo los países industrializados la tendencia al envejecimiento de la población y las reducidas tasas de natalidad. Alemania, Francia, Grecia, España… casi todos han ampliado la edad de jubilación y aumentado los años que se tienen en cuenta para cobrar la pensión.
Aunque los sistemas varían entre países, prácticamente todos buscan fórmulas para mantener la generosidad de sus pensiones, no solo por el obstáculo que supone la transición demográfica, también por el entorno de bajos tipos de interés que está afectando de forma muy negativa a la rentabilidad de muchos planes de pensiones en los países desarrollados.
En los últimos diez años España ha emprendido tres reformas del sistema de pensiones, contando la que ya está marcha, pero no ha conseguido equilibrar las cuentas, sobre las que pesan números rojos de infarto acompañados de una deuda cercana a los 100.000 millones que hipoteca las cuentas públicas. La factura electoral de tocar un sistema del que viven nueve millones de pensionistas ha pesado siempre a la hora de tomar decisiones valientes para equilibrar las cuentas.
La crisis financiera y el desplome del empleo hizo que el sistema entrara en números rojos en 2011 tras un largo periodo de esplendor que impulsaron largos años de crecimiento. La presión de los números y los malos augurios de los organismos internacionales forzaron al Gobierno de Rodríguez Zapatero
a emprender unos cambios que buscaban cuadrar el balance con medidas de recorte del gasto, y logró hacerlo con el apoyo de los agentes sociales. Retrasar la edad de jubilación desde los 65 años a los 67 de forma progresiva hasta 2027 y ampliar los años para calcular la nómina de 15 a 25 fueron los cambios estrella de una reforma que el tiempo ha demostrado que se quedó corta. Dos años después, y en plena crisis financiera, Bruselas, como ha vuelto a ocurrir ahora, exigió al Ejecutivo de Rajoy que emprendiera nuevos cambios de calado.
La economía se había desplomado y con ella el empleo –España llegó a perder casi cuatro millones de puestos de trabajo– y el sistema no se sostenía, lo que forzó a realizar reformas paramétricas tras encargar un estudio a un grupo de expertos. No logró apoyo de los agentes sociales para poner en marcha medicinas como desligar las nóminas del IPC por la elevada factura que había supuesto para la economía. Las subidas se limitaron al 0,25% para momentos de crisis.
Hoy esta fórmula está desactivada, como también otra de las medidas estrella, el factor de sostenibilidad. Este hubiera ligado las pensiones a la esperanza de vida desde 2019, pero un pacto del PP con PNV en 2018 distanció su puesta en marcha a 2023. La reforma de Escrivá ha eliminado este mecanismo para sustituirlo por otro intergeneracional, que aún está por definir, y que comenzará a funcionar en 2027, ya con el aterrizaje de los ‘baby boomer’.
La clave está ahora precisamente en la negociación de este mecanismo. Según la Airef, la supresión del factor de sostenibilidad de 2013 a partir de 2023 supondrá un mayor gasto de casi un punto del PIB en el año 2050. Su sustituto, el mecanismo de equidad intergeneracional, cuya letra pequeña deberá estar lista en noviembre, concentrará el ajuste en las generaciones del ‘baby boom’, según adelantó el titular de Seguridad Social, por lo que si se busca un ahorro similar al mecanismo derogado, el esfuerzo de esta generación deberá ser mayor.
Los expertos calculan que eliminar el factor de sostenibilidad y el índice de revalorización que desligó las pensiones del IPC elevará el gasto en pensiones en torno a tres puntos del PIB en las décadas venideras, lo que ensanchará el déficit ya existente de más de dos puntos. Las medidas propuestas hasta el momento por el Gobierno, sin embargo, no consiguen en absoluto cerrar la brecha. El retraso en la edad de jubilación con los mecanismos propuestos supondrá un ahorro de unas décimas en el mejor de los casos.
De hecho, esta es una de las críticas más escuchadas a la reforma: el anteproyecto de ley nace sin una memoria económica ni un análisis de sus costes y beneficios. Ausencia que choca con la insistencia que había venido mostrando Escrivá en cuantificar el impacto de las políticas públicas, terreno en el que aún la administración española está lejos de la media europea. En cualquier caso, lo que parece claro es que el próximo otoño arrancará en España la negociación de las medidas más duras, que proporcionarán el ahorro necesario para mantener el delicado equilibrio del gran pilar de nuestro estado del bienestar.
Tras salvar una reforma amable, Escrivá encara una segunda fase dura con recortes por exigencia de Bruselas