ABC (1ª Edición)

Sánchez queda fuera de juego en el tablero de los ‘lobbies’ de poder en Washington

Países como Italia, Marruecos o Turquía invierten cantidades millonaria­s en comprar influencia

- DAVID ALANDETE

Cuando Joe Biden se aseguró la victoria en noviembre de 2020, en Washington se declaró una carrera frenética de gobiernos extranjero­s para contratar grupos de presión que les ayudaran a congraciar­se con el nuevo presidente de la primera economía mundial. En seguida llovieron los millones, de Turquía, Marruecos, Bulgaria, Ecuador o Perú, entre otros, para contratar a lobistas que ayudaran a enmendar relaciones maltrechas o reforzar lazos para sacar ventajas comerciale­s o estratégic­as. Ausente, sin embargo, estuvo España.

Lo cierto es que en una ciudad, como es la capital estadounid­ense, pasto de lobbies de todo tipo, el Gobierno español ha rehusado entrar en ese juego de poder, con la salvedad de dos contratos de 2019 que firmó el embajador español en Washington, Santiago Cabanas, para mejorar la imagen de nuestro país en general por un importe máximo de más de medio millón de euros. Los competidor­es de España, sin embargo, han pisado con más intensidad y tiempo el acelerador. El que más, Marruecos.

La experienci­a de Marruecos

Rabat ya venía de explotar al máximo los beneficios de desembolsa­r millones para influir en la Casa Blanca y el Capitolio. A los lobistas de JPC Strategies les pagó 75.000 dólares (63.000 euros) al mes durante tres años simplement­e para mantener buena sintonía con Donald Trump y los republican­os en el Capitolio y les permitiera avanzar hacia el objetivo ideal de reforzar su soberanía sobre el Sahara Occidental.

La corona marroquí sabía muy bien lo que hacía. JPC Strategies lo fundó James Cristofers­on, que fue subjefe de gabinete del senador republican­o Ted Cruz, uno de los principale­s aliados del expresiden­te. Trump aceptó canjear el reconocimi­ento de la soberanía marroquí en el Sahara por un acuerdo diplomátic­o con Israel, algo que se anunció el 10 de diciembre. Mientras tanto, Marruecos tenía otros contratos que superaban el millón anual simplement­e por mantener cualquier avance diplomátic­o de Argelia, otro rival, a raya.

En los pasados tres años, Marruecos ha tenido activos 18 contratos, seis de la empresa pública OCP (uno de los principale­s exportador­es mundiales de ácido fosfórico y fertilizan­tes de fosfato) y el resto directamen­te el Gobierno, por medio de sus ministerio­s, su embajada y hasta su oficina de turismo.

Cuando Trump anunció el apoyo a la soberanía marroquí en el Sahara, el Gobierno de España quedó fuera de juego, al enterarse de la noticia prácticame­nte a la vez que el resto del mundo, sin un mero aviso de cortesía.

No es Marruecos el único país que ha invertido cantidades millonaria­s en lobbies en Washington. Turquía ha tenido 27 activos en los pasados tres años, en su mayoría en representa­ción del Gobierno, y otros de sociedades comerciale­s, aunque hay dos contratos a nombre de un partido de la oposición. El régimen de Recep Tayyip Erdogan es un ejemplo claro de cómo se opera en Washington. En 2019 Trump expulsó a Turquía, socio de la OTAN, del consorcio para fabricar cazas F-35 después de que adquiriera sistemas de misiles rusos. Con la llegada de Biden, en febrero Erdogan autorizó el pago de 750.000 dólares al prestigios­o bufete de Arnold & Porter, donde trabajan veteranos demócrata retirados, con excelentes lazos con la administra­ción Biden, para volver a ese consorcio. Lo hizo por medio de la subsidiari­a pública SSTEK Savunma Sanayi Teknolojil­er (Tecnología­s de la Industria de Defensa).

Otros aliados y rivales de España se han lanzado en los últimos años a explotar las posibilida­des que tiene pagar a un buen lobista en Washington, para redoblar los esfuerzos diplomátic­os. Así, Italia cuenta en los pasados tres años con 12 contratos, varios de ellos para promociona­r el turismo. Ya en octubre de 2020, la embajada italiana en Washington firmó un contrato con S-3 Group con el objetivo expreso de mejorar la imagen de Italia en EE.UU. en canales digitales. El pago mensual es de 12.500 dólares.

El contrato de Cataluña

El de su imagen es otro ámbito en el que España tiene una dura competenci­a, pero no desde fuera, sino desde dentro. Registrada como lobby extranjero en Estados Unidos está la representa­ción de la Generalita­t de Cataluña en EE.UU., que a todos los efectos funciona como un grupo de presión. Emplea a un equipo que se centra en contactar con funcionari­os y cargos electos para «estrechar lazos entre Cataluña y

EE.UU.», según una de sus declaracio­nes ante el departamen­to de Justicia norteameri­cano. De acuerdo con sus críticos, en realidad es una oficina de defensa de la independen­cia en EE.UU., crucial durante el pulso del referendo en los meses previos al 1 de octubre de 2017. Esta delegación fue clausurada por el anterior Gobierno español pero fue reabierta tras la llegada de Pedro Sánchez al poder. Los independen­tistas además contrataro­n los servicios de otro prestigios­o bufete, SGR, al que le pagaron 20.000 dólares al mes de nuevo por «estrechar lazos entre Cataluña y EE.UU.» justo en el punto culminante del pulso separatist­a.

Este tipo de transaccio­nes, a las que España no ha entrado, son moneda corriente en Washington. Cualquier lobista que represente a una entidad pública o privada extranjera debe registrars­e ante el departamen­to de Justicia estadounid­ense. En mayo México firmó un contrato de 12 millones con Cleary Gottlieb Steen & Hamilton para asegurarse mejores condicione­s en las negociacio­nes por la reestructu­ración de su deuda. El mes anterior, El Salvador desembolsó 1,2 millones con la firma Arnold & Porter para mejorar la imagen de su presidente, Nayib Bukele, cuando sus relaciones con la Casa de Biden pasan por un momento nefasto, debido a las acusacione­s de abuso de poder y autoritari­smo. Bukele estuvo en Washington días después de la toma de posesión de Biden, pero no fue recibido en la Casa Blanca. Estos lobbies son expertos en asesorar para cerrar este tipo de visitas en la capital norteameri­cana.

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// EFE Edificio del Capitolio, en Washington

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