El Gobierno cree que la sentencia del estado de alarma sería otra si los jueces pensasen en lo peor del Covid
El Gobierno no oculta su malestar con la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que la semana pasada declaró inconstitucional parte del primer estado de alarma decretado para contener la extensión del coronavirus. Ayer fue la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, quien deslegitimó el fallo al afirmar: «Quizá hubieran interpretado el derecho de otra forma si hubieran hecho el esfuerzo de poner sus mentes en la situación concreta» de marzo del año pasado.
En declaraciones a la Ser recogidas por Ep, Rodríguez se unió así a Pilar Llop, Margarita Robles e Ione Belarra, que en mayor o menor grado pusieron en tela de juicio la sentencia del TC incluso antes de conocerse su argumentación. Moncloa persiste así en su presión al Poder Judicial y critica que el Constitucional no actuase teniendo en cuenta que en aquellos momentos «no había tiempo de debate». «Creo que el Gobierno actuó con prudencia, con proporcionalidad y de forma garantista», dijo su portavoz. Pero lo cierto es, según dictaminó el TC, que el Ejecutivo suspendió derechos, no los limitó, por lo que debió aplicar un estado de excepción y no uno de alarma.
Rodríguez admitió que «estaría bien» aunar doctrina y que «hubiera consenso para las restricciones», para evitar que unos tribunales avalen el toque de queda y otros no. Edmundo Bal, de Cs, solicitó el año pasado que se legislase para que sea la Audiencia Nacional quien decida sobre las restricciones sin estado de alarma, pero no se hizo. El Gobierno insiste en que las comunidades tienen «herramientas» frente a la quinta ola.