Johnson reafirma la potestad de Guaidó sobre el oro venezolano
► El Tribunal Supremo de Londres decidirá a quién cede las reservas internacionales
Treinta y una toneladas de oro, con un valor aproximado de 900 millones de euros, son los activos que intenta recuperar el régimen de Nicolás Maduro desde el año 2018 de las cámaras acorazadas del Banco de Inglaterra. Pero la petición del presidente interino Juan Guaidó al Gobierno británico (de Theresa May, en aquél entonces) de frenar la repatriación del dinero de los venezolano ha trastocado los planes de Caracas.
El Tribunal Supremo del Reino Unido dio inicio ayer a una ronda de cuatro días de audiencias para determinar a quién otorga la potestad de las reservas de oro venezolano. Pero horas antes de que comenzara el juicio de apelaciones, el Gobierno de Boris Johnson dio un nuevo espaldarazo al Gobierno interino y reiteró que reconoce al líder opositor, Juan Guaidó, como presidente encargado de Venezuela, tras no dar por válidas las elecciones (en mayo de 2018) en las que Maduro fue reelegido en el cargo. El Reino Unido se sumó así a la lista de más de 60 países, encabezados por EE.UU., que consideraron ilegítimo el segundo mandato de Maduro.
«El Gobierno del Reino Unido tiene claro que Juan Guaidó ha sido reconocido por el Gobierno de Su Majestad desde febrero de 2019 como el único presidente legítimo de Venezuela», reza el comunicado publicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores británico, tras haber sido invitado por el Tribunal Supremo a aclarar su posición ante las audiencias. En las sesiones, que se llevarán a cabo en los próximos tres días, intervendrá el ministro Dominic Raab.
«Frenar» el covid
El anuncio del Ejecutivo de Johnson «ratifica el reconocimiento a Guaidó y debería llevar a confirmar la sentencia (del Tribunal Supremo) de 2020», asegura a ABC José Ignacio Hernández, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica Andrés Bello e investigador del Growth Lab en la Escuela Kennedy de Harvard.
Caracas reclama los lingotes de oro supuestamente para hacer frente a la pandemia del Covid-19 y a la crisis humanitaria. Hernández explica que el Gobierno de Venezuela «nunca presentó un plan de ayuda humanitaria. Además, el oro depositado en el Banco de Inglaterra forma parte de las reservas internacionales, que no están destinadas a sufragar gastos de salud, pues quien sufraga esos gastos es el Gobierno, no el BCV». Agrega que sería necesario liquidar las reservas y suscribir un préstamo entre el BCV y el Gobierno para poder usar esos recursos con fines sanitarios, pero Maduro no necesita hacerlo «pues maneja muchos más recursos por exportaciones petroleras». La prueba de ello es el pago reciente por las vacunas del Covax con ingresos fiscales, entre ellos, los ingresos petroleros.
Los equipos legales de ambos bandos estuvieron presentes en el Tribunal Supremo, en lo que se supone será la última etapa de este largo litigio por las reservas que representan un 15% de las divisas del país sudamericano. En octubre de 2020, un Tribunal de Apelaciones de Londres anuló la decisión, que había tomado el Supremo en julio de ese mismo año, que rechazaba la entrega a Caracas de las reservas solicitadas por Maduro, porque consideraba que el reconocimiento a Guaidó «podía ser en realidad una mera declaración política y que era posible que el Ejecutivo de Johnson siguiese reconociendo ‘de facto’ a la Administración de Maduro».
Por lo que ahora cinco magistrados de la más alta jurisdicción del Reino Unido deberán determinar si efectivamente «el Gobierno británico ha reconocido a Guaidó como jefe de Estado de Venezuela» a todos los efectos. De conseguir un fallo favorable, Guaidó se garantiza la potestad sobre estos activos impidiendo así que, en palabras de Juan Guaidó, se utilicen estos fondos «para reprimir al pueblo o llenar los bolsillos de un régimen cleptócrata». También se pondría en duda el nombramiento de la junta directiva del Banco Central de Venezuela (BCV), presidido por Calixto Ortega, que viajó en 2018 a Londres para repatriar, sin éxito, el oro venezolano.
La decisión de los jueces puede tardar varias semanas, pero tendrá consecuencias a nivel diplomático. Y Maduro podría aumentar la persecución política contra la oposición.
Maduro apeló la sentencia que rechaza la entrega de los activos a Caracas y argumenta que los necesita para ayuda humanitaria