La Administración sufre una temporalidad récord del 30%, que el ‘icetazo’ pretende bajar al 8%
► Sánchez salva por los pelos el decreto tras plegarse a exigencias de sus socios e introducir cambios como que los ejercicios puedan ser no eliminatorios
► La norma, que será tramitada como proyecto de ley, beneficiará a 300.000 interinos, cifra que los sindicatos sitúan por encima de 800.000
El Ejecutivo consiguió salvar ayer in extremis el decreto de los interinos con negociaciones frenéticas que tuvieron lugar solo minutos antes de que se celebrara el debate en el Congreso. El ‘icetazo’ salió finalmente adelante en una votación muy ajustada y tras un acuerdo inesperado del grupo socialista con ERC, que también arrastró a otros socios del Gobierno como Unidas Podemos.
El ‘sí’ fue posible después de que Hacienda aceptara ceder en algunos de los puntos más criticados por los propios interinos y los grupos políticos de la oposición. Para lograr convalidar el pacto, y en el último minuto, la ahora ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, quien heredó el contenido de la normativa del anterior ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, ofreció a los grupos parlamentarios modificar el decreto ley que trazará la hoja de ruta de los futuros acceso a la Administración.
Finalmente, y tras un resultado de empate en la primera ronda, el decreto ley salió adelante de forma muy ajustada en la segunda votación: por un solo voto tras recabar 170 apoyos a favor, 169 en contra y ocho abstenciones. Para conseguir atraer los votos de ERC, Montero no dudó en introducir cambios de calado en la norma elaborada por su antecesor en el cargo e incluyó la opción de realizar ejercicios de la oposición que puedan ser no eliminatorias para eximir así de ellas al personal temporal con más de diez años de experiencia que no haya obtenido plaza en ese período de carrera laboral. Las exigencias de los socios del Gobierno harán también que el decreto tenga que ser convalidado en
La nueva normativa busca recortar la temporalidad en la Administración desde el récord actual del 30% hasta al 8%
el Congreso y durante su trámite parlamentario podrá ser modificado vía enmiendas. Montero ya adelantó durante el debate parlamentario que estos cambios se introducirían durante la tramitación del decreto como proyecto de ley y, al mismo tiempo, se comprometió a tenerlo aprobado a mediados de octubre. Según detalló la ministra, el personal temporal con más de diez años de experiencia en la Administración podrá acogerse al artículo 61.6 del Estatuto Básico del Empleado Público. Esta norma hace posible la valoración de méritos para el acceso como posibilidad excepcional en vez de obligar a pasar por un examen o prueba eliminatoria como requisito para obtener la plaza.
Otro de los puntos modificados facilitará que las comunidades autónomas tengan la última palabra y puedan elegir que la oposición no sea eliminatoria. En principio, esto será así para los procesos de estabilización de las plazas estructurales ocupadas desde hace más de tres años por personal interino.
Abuso laboral
El acuerdo inicial fue pactado por Iceta con los sindicatos semanas antes de su llegada al Congreso. El objetivo principal del decreto que ayer salió adelante era conseguir regularizar a 300.000 interinos y lograr que la temporalidad baje desde el 30% al 8%, una meta que se debía haber cumplido ya en 2020. No obstante, los sindicatos apuntan a cifras más altas y calculan que el abuso laboral en la Administración afecta a entre 800.000 y 900.000 trabajadores. Todos llevan años realizando tareas de funcionarios fijos pero con un contrato temporal que termina perpetuándose en muchos casos.
Como ya informó este diario, el Covid ha aumentado la contratación de sanitarios y de personal de servicios sociales y estos nuevos empleos se han realizado, en su gran mayoría, por tiempo limitado, lo que ha provocado que la brecha existente entre empleos temporales e indefinidos se haya marcado más en el sector público, donde la tasa está hoy cuatro veces por encima del objetivo marcado en 2018. Es un récord sin precedentes que se distancia en más de diez puntos de la que registra el sector privado.
Tras años de recesión y dos reformas laborales (2010 y 2012) los contratos que se firman son, en su gran mayoría, por tiempo limitado, lo que mantiene a nuestro país en el pódium de la temporalidad entre los países de la OCDE y de Europa. España registra el doble de precariedad que la media, con una tasa cercana al 20%, según los últimos datos de Eurostat, porcentaje que la EPA eleva hasta casi el 25%. Es decir, que de cada cien contratos que se firman en España, 25 son temporales. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha emprendido una cruzada contra la temporalidad y ha planteado a los agentes sociales un giro radical en la legislación que hace prácticamente desaparecer la contratación eventual, lo que ha sido duramente rechazada por los empresarios.
Desde CSIF, sindicato mayoritario en las administraciones públicas, valoraron ayer de forma positiva la convalidación del decreto para la reducción de la temporalidad y
emplazaron a que dicho trámite se realice acortando al máximo los plazos para que se empiece a aplicar cuanto antes y reclamaron que se dote de seguridad jurídica a la norma. «Debemos dar una solución a miles de personas que llevan años encadenando contratos temporales por la mala planificación de las distintas administraciones públicas, favoreciendo la estabilización de su plaza con seguridad jurídica, para que los procesos selectivos no puedan verse truncados con posterioridad en los tribunales», advirtieron desde CSIF.
El pacto no fue recibido de inicio con satisfacción por los propios interinos, quienes a través de la Coordinadora Estatal de Personal Público Temporal han hecho presión para tumbar los planes iniciales del Ejecutivo. Sus presiones y el rechazo casi unánime del Parlamento han hecho finalmente recular al Gobierno.