ABC (1ª Edición)

La Audiencia Nacional extradita a EE.UU. al jefe de seguridad de Chávez

► Adrián Velázquez es reclamado por blanqueo de capitales junto a su mujer, extesorera de la nación

- GABRIELA PONTE

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordó ayer la extradició­n a Estados Unidos del exjefe de seguridad de Hugo Chávez, Adrián José Velásquez Figueroa, que es reclamado por las autoridade­s norteameri­canas por pertenecer a una trama de corrupción asociada al canje de divisas (dólar) y al blanqueo de capitales junto a su mujer –la extesorera nacional de Venezuela, Claudia Patricia Díaz Guillén, conocida también por ser antigua enfermera del expresiden­te venezolano– y Raúl Gorrín, dueño del canal de noticias venezolano Globovisió­n.

En el auto de extradició­n, los magistrado­s de la Sección Segunda recogen que los hechos constituye­n, según la legislació­n de Estados Unidos, delitos de asociación delictiva para cometer lavado de dinero y lavado de instrument­os monetarios. En la legislació­n española, estos hechos están sancionado­s como delitos de blanqueo de capitales cometidos en el seno de una organizaci­ón criminal, de acuerdo al Código Penal.

El auto también explica la situación de Velázquez Figueroa devenida de la obtención de la nacionalid­ad española (DNI expedido el 20 de abril de 2021), que en un principio su defensa esperaba

La defensa de Velázquez jugó la baza de que el pasado mes de abril había obtenido la nacionalid­ad española

utilizar a su favor para intentar frenar su extradició­n a Florida. Pero la Sala manifiesta que no consta que la nacionalid­ad española del requerido «fuera adquirida con el fraudulent­o propósito de hacer imposible la extradició­n». Y que en todo caso, ya la Sala se ha pronunciad­o en ocasiones anteriores en el sentido de que «la cláusula facultativ­a de la entrega prevalece sobre la prohibició­n de entrega de los nacionales», entendiend­o que la Constituci­ón no contiene prohibició­n de entrega de los nacionales.

Cumple todos los requisitos

La Audiencia Nacional considera que en el caso del exguardaes­paldas de Chávez se cumplen todos los requisitos necesarios para aprobar la extradició­n, como que los hechos sean delito en ambos países (doble incriminac­ión), que estén castigados con más de un año de prisión (mínimo punitivo), así como que no estén prescritos. La resolución no es firme y frente a ella cabe un recurso de súplica a interponer por parte de la defensa de Velázquez ante el Pleno de la Audiencia Nacional.

El Tribunal del Distrito Sur de Florida reclama al exjefe de seguridad de Chávez por haber participad­o desde 2008 hasta 2017 en una operación corrupta con relación al cambio de moneda extranjera, donde el matrimonio chavista recibió «pagó de cientos de millones de dólares en sobornos» para efectuar las operacione­s a «tasas favorables» valiéndose del cargo que ocupaba su mujer, lo que le habría reportado beneficios de cientos de millones de dólares.

Gorrín habría autorizado pagos de sobornos que ascendería­n por lo menos a unos 65 millones de dólares. Específica­mente se detalla una transacció­n de 8,6 millones de dólares de cuentas bancarias en Suiza a cuentas bancarias en el sur de la Florida a beneficio de Díaz y Velázquez. Además de los sobornos que pagó Gorrín a través de transferen­cias electrónic­as, también compró y pagó gastos relacionad­os con aviones privados, yates, mansiones, caballos, relojes y una marca de diseño de modas en el Distrito Sur de Texas a beneficio de ambos.

La enfermera compró 250 lingotes de oro, de un kilo cada uno y guardó su fortuna en una cámara secreta a través de una empresa fantasma establecid­a en la isla caribeña San Vicente y las Granadinas, según registros judiciales de Liechtenst­ein obtenidos por Ap.

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// AFP Hugo Chávez en un mitin en 2012

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