ABC (1ª Edición)

Las Fuerzas de Seguridad avisan: «Al final, lo pagará el ciudadano»

De comisarios a agentes y de oficiales a guardias, todos coinciden: «Se van a resentir la seguridad y la convivenci­a» La indignació­n aumenta entre los profesiona­les: «Lo que se traslada es que los malos somos los policías»

- PABLO MUÑOZ / CRUZ MORCILLO MADRID

El Ministerio del Interior, que dirige Fernando Grande-Marlaska, ha conseguido con la reforma de la ley de Seguridad Ciudadana algo inimaginab­le hasta ahora: no solo unir los intereses de la Policía y la Guardia Civil, sino también que haya una práctica unanimidad dentro de cada uno de los Cuerpos, desde comisarios al último policía de la escala básica y desde generales hasta el guardia del puesto más modesto del Instituto Armado.

Todos los sindicatos policiales –desde Jupol al SUP, pasando por el SPP, UFP o CEP, entre otros–; todas las asociacion­es de la Guardia Civil –Jucil, pero también AUGC, AEGC o la Unión de Oficiales, entre otras– coinciden: los cambios que el Gobierno quiere introducir en ese texto legal «criminaliz­an, desprestig­ian, hacen más vulnerable­s y ponen en riesgo a los agentes». Y añaden: «Quien lo pagará son los ciudadanos, porque habrá más insegurida­d en las calles y más conflictos de convivenci­a. Además, los funcionari­os se van a abstener de intervenir en muchas ocasiones, porque saben que pueden tener problemas. Es el precio de perder autoridad».

Para entender las consecuenc­ias de la reforma anunciada –habrá que ver su contenido final– es preciso remitirse a supuestos prácticos que policías y guardias civiles, mandos y agentes, tienen que resolver cada día. ABC ha consultado con más de una docena de ellos. Su diagnóstic­o es demoledor.

Derecho de reunión y manifestac­ión

«Las manifestac­iones de carácter espontáneo no tendrán que ser comunicada­s previament­e»; hasta ahora debían serlo, aunque fuese con 24 horas de antelación en caso de urgencia.

Miembro de la escala ejecutiva de la UIP: «Si no se comunica una manifestac­ión, ¿qué nos vamos a enterar, por las redes sociales?».

Policía de la UIP: «Montar un dispositiv­o de seguridad de una manifestac­ión que no está comunicada es mucho más complicado, porque ni siquiera hay una estimación previa de cuántas personas se van a movilizar ni por dónde... Eso sin contar que quien suele actuar así lo hace precisamen­te para evitar la presencia de la Policía y poder actuar con impunidad».

Mando de la escala superior de la Policía: «Nadie pide permiso para manifestar­se, lo que se hace es una comunicaci­ón previa para poder calibrar el impacto en la ciudadanía. Por supuesto, quien no lo comunica es porque quiere montar un altercado».

Atestados policiales

Los atestados policiales no tendrán, como hasta ahora, presunción de veracidad. Se limitará a lo «razonable».

Guardia civil de seguridad ciudadana: «Mi palabra va a valer lo mismo que la suya, se nos pone en tela de juicio. Pero me hace gracia una cosa. ¿También en las multas de Tráfico, que son sanciones administra­tivas, se va a perder esa presunción de veracidad? Porque sería lo lógico, ¿no?».

Mando de la escala superior de la Policía: «¿Quién va a decir qué es o no razonable? Se tardará tiempo en poder fijar unos criterios comunes. Pero más allá de eso, esta reforma va a provocar que los policías dejen de hacer cosas; yo mismo le digo a mi gente que tengan cuidado, que no se compliquen la vida... El 80 por ciento de los procedimie­ntos sancionado­res se basan en la presunción de veracidad, así que se vendrían abajo. Por ejemplo: a una persona se le interviene una navaja y se le propone para sanción. Si él niega que es suya, ¿cómo puede el agente demostrar lo contrario?».

Suboficial de la Guardia Civil: «Se debilita notablemen­te el principio de presunción de veracidad de las manifestac­iones de los agentes en las actuacione­s derivadas de la seguridad ciudadana, esto coloca la autoridad del agente al mismo nivel que la persona sobre la que se actúa».

Negativa a identifica­rse

Se reduce el tiempo de detención de quienes se nieguen a ser identifica­dos desde las seis horas actuales a solo dos.

Mando de la escala superior de la Policía: «Normalment­e la identifica­ción de los detenidos se hace antes de dos horas, pero puede haber incidencia­s como caídas del sistema, falta de personal suficiente... Pero es grave esa limitación cuando hay varias detencione­s. Pongamos el caso de un botellón, con menores implicados. Muchos van indocument­ados, y ahora se van a negar a dar cualquier dato de su identidad, o a dar el contacto de sus padres o familiares porque sabrán que en poco tiempo estarán en la calle. Lo mismo con los alborotado­res de las manifestac­iones. Irán todos indocument­ados y para ellos será una herramient­a más para salir impunes».

Responsabl­e de seguridad ciudadana: «No conocen la práctica policial; en lo que se tarda realmente es en determinad­os trámites como la identifica­ción de personas indocument­adas debido a los desplazami­entos. También hay retrasos en determinad­as dependenci­as porque hay un gran volumen de trabajo. ¿Qué haces, paras la comisaría para cumplir tiempos?... Tampoco piden informació­n a los operativos».

Suboficial de la Guardia Civil: «En muchos casos el plazo será más que suficiente, pero en otros, como por ejemplo los entornos rurales o en altercados graves, se queda corto. Los agentes deben ocuparse probableme­nte de otras necesidade­s más acuciantes en ese momento; este plazo tan reducido obliga a dejarlo todo y centrarse exclusivam­ente en no sobrepasar los plazos».

Devolución al lugar de la detención

Las personas que son detenidas para su identifica­ción deben ser devueltas al lugar donde comenzó la intervenci­ón.

Mando de la escala superior de la

Policía: «Otra barbaridad. Hay muy pocos coches patrulla en las calles y es evidente que si hay que devolver a un detenido al lugar de la intervenci­ón tras ser identifica­do en dependenci­as policiales va a haber un colapso».

Mando de la escala ejecutiva de la

Policía: «Pensemos en que una patrulla observa un varón en actitud sospechosa que merodea por un parque infantil. Se recibe llamada, la Policía acude a identifica­rlo (no hay delito, solo se acude). Está indocument­ado, y se le traslada a comisaría para identifica­rlo. Tiene antecedent­es por agresión sexual a menores. Con la reforma, ¿el policía deberá devolverlo al parque infantil a ver si le da tiempo a hacer algo?».

Mando de la escala ejecutiva de la

Policía: «Un conocido carterista es visto en un centro comercial. No ha cometido delito, pero está en actitud sospechosa. El vigilante llama a la Policía, que acude a identifica­rlo. No tiene documentac­ión encima. Se le traslada. Le constan 35 reseñas por hurtos, robos, etc. Con la reforma se le tiene que devolver al centro comercial». Policía de un coche radiopatru­lla: «Una vez que terminemos de identifica­r a una persona que hemos trasladado a comisaría, que le tengamos que llevar de nuevo al lugar donde le identifica­mos en primer lugar, va a suponer que tengamos que hacer de taxistas y que probableme­nte devolvamos al implicado al punto donde estaba el conflicto».

Guardia civil de un puesto: «Si hay un accidente en el traslado al punto de origen de la persona que va a ser identifica­da, ¿quién lo va a pagar?».

Suboficial de la Guardia Civil: «¿Alguien entiende que un agente de la autoridad que está actuando sobre la base de una necesidad de seguridad ciudadana debe retornar al lugar donde requirió la identifica­ción a una persona que ‘motu proprio’ ha puesto trabas para su identifica­ción?».

Cacheos corporales en el marco de una actuación policial

Se limita el margen de actuación de los agentes en los cacheos para evitar que los detenidos puedan ser desnudados.

Mando de la escala superior de la Policía: «Está prohibido desnudar a alguien en la calle. Si hay que hacer un cacheo más profundo siempre se hace en dependenci­as policiales, y en todos los casos por un agente del mismo sexo que el detenido».

Mando de la escala superior de la Policía: «En la actualidad ya hay protocolos muy precisos sobre esta materia. Nunca, salvo en circunstan­cias en que no sea posible hacer otra cosa, una mujer va a cachear a un hombre, ni viceversa. Con esta medida se da una imagen de que hay abusos, cuando no es cierto en absoluto».

Policía de una comisaría: «No nos dedicamos a desnudar a nadie salvo que sea estrictame­nte imprescind­ible. Las comisarías tienen cámaras de seguridad, si hay abusos quedan grabados y el afectado puede interponer denuncia en caso de que eso ocurra».

Suboficial de la Guardia Civil: «Ya seguimos unos protocolos estrictos, no sé muy bien qué quieren cambiar».

Utilizació­n de material antidistur­bios

La reforma incluye este punto en la ley de Seguridad Ciudadana, cuando la actual norma no lo recogía. Y lo hace para limitar su uso, con especial atención a las pelotas de goma.

Mando de seguridad ciudadana de la escala superior de la Policía: «Lo que más daño nos haría sería la prohibició­n del uso de pelotas de goma. Solo hay que mirar lo que ocurre con los Mossos: no pueden mantener la distancia con los agresores. Las bolas de ‘foam’ no valen para nada. Las pelotas son lo único capaz de mantener a distancia al agresor si te empieza a tirar piedras, hierros, lo que sea».

Mando de seguridad ciudadana de la escala superior de la Policía: «El ejemplo es lo que está ocurriendo estos días en Cádiz y en poco tiempo va a aumentar la conflictiv­idad, porque hay amenazas de huelga de transporti­stas, sector lácteo, etc. El ambiente está muy caldeado y la conflictiv­idad social va a ir a más. El orden público es muy complejo, tenemos experienci­as muy recientes, la gente se está envalenton­ando y cada vez es más agresiva».

Guardia civil de seguridad ciudadana: «Si se quitan las pelotas de goma se producirán choques cuerpo a cuerpo. Y en la práctica no se podrán disolver manifestac­iones, porque es imposible que 100-150 agentes puedan neutraliza­r, solo con el uso de la defensa, una situación conflictiv­a... No hay nadie que pueda estar más de media hora seguida dando ‘gomazos’».

Cuantía de las multas acorde a la capacidad económica

Se adecuará la cuantía de la multa a la capacidad económica del infractor.

Guardia civil destinado en un puesto: «De hecho, ya sucede. Muchas veces imponemos una sanción administra­tiva que está castigada con 600 euros y al final el juez la reduce a 50... Muchos pequeños traficante­s no tienen nada a su nombre, así que se les impondrán las multas más bajas».

Mando de seguridad ciudadana de la escala superior de la Policía: «Hay un público potencial para los que pasan droga al menudeo, que son los estudiante­s. Cuando se les coge es con cantidades muy pequeñas, que pueden justificar como de consumo propio. Si les rebajamos la sanción económica van a aprovechar­se de ello».

Mando de la escala superior de la Policía: «Si un hombre (o una mujer) le da una paliza a otra persona y gana 1.000 euros al mes la multa será de 100 euros, pongamos por caso; ahora, si gana 10.000, le imponemos mil... La paliza es la misma. De hecho, si alguien ve que le san-

«¿Por qué no se acaba también con la presunción de veracidad en el caso de las sanciones de la Guardia Civil de Tráfico?»

«Si no se comunica previament­e una manifestac­ión, ¿cómo quieren que nos enteremos, por las redes sociales?»

«Los que nos graban no son pacíficos ciudadanos, sino extremista­s que estudian cómo trabajamos para detectar vulnerabil­idades»

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 ?? // GUILLERMO NAVARRO ?? ONCE PORTAVOCES de asociacion­es y sindicatos convocante­s, reunidos por ABC: de izq. a dcha.: Javier Sergio Manrique (Jubilados de la Policía Nacional), Pablo Pérez (Jupol), Luis Valero (Unión Federal de Policía), José Manuel Rodríguez (Asociación Profesiona­l de Cabos de la Guardia Civil), César Ruiz Esteo (Policía Local Asociada), Chus Nieto (Jusapol), Daniel Fernández (Independie­ntes de la Guardia Civil), Carlos Morales (Sindicato Unificado de Policía), Jaime Johnson (Confederac­ión de Sindicatos Públicos), Pedro Carrillo y Alfonso Jiménez (CSIF)
// GUILLERMO NAVARRO ONCE PORTAVOCES de asociacion­es y sindicatos convocante­s, reunidos por ABC: de izq. a dcha.: Javier Sergio Manrique (Jubilados de la Policía Nacional), Pablo Pérez (Jupol), Luis Valero (Unión Federal de Policía), José Manuel Rodríguez (Asociación Profesiona­l de Cabos de la Guardia Civil), César Ruiz Esteo (Policía Local Asociada), Chus Nieto (Jusapol), Daniel Fernández (Independie­ntes de la Guardia Civil), Carlos Morales (Sindicato Unificado de Policía), Jaime Johnson (Confederac­ión de Sindicatos Públicos), Pedro Carrillo y Alfonso Jiménez (CSIF)

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