UN ‘PLAN E’ SOLO PARA SINDICATOS
El Gobierno prevé destinar cien millones para que 42 sedes sindicales, ninguna empresarial, se climaticen, remocen sus fachadas y cambien de luces. «Rehabilitación energética», lo llaman
E Ldestino que está empezando a dar el Gobierno a los 19.000 millones de euros comprometidos por Bruselas como primera ayuda a España para la recuperación económica es sintomático de dos cosas. Primero, de que el maná europeo no va a ser utilizado para iniciar una profunda reversión de nuestro sistema productivo ni va a ser un revulsivo estructural para la economía española. Y segundo, que el Gobierno funciona a salto de mata, de manera desorganizada, dispersa, y sin mostrar la coordinación que un proyecto de esta envergadura merece. Muy al contrario, es evidente que la falta de transparencia en la gestión de esos fondos le está permitiendo hacer inversiones basadas en la afinidad, el sectarismo, el amiguismo y las prebendas a colectivos a los que la izquierda quiere favorecer. Y sin duda, algunos de los principales beneficiados van a ser, por vía de la ayuda directa, los sindicatos.
De momento, los Presupuestos ya prevén destinar cien millones de euros entre 2022 y 2023 al llamado «patrimonio sindical acumulado», lo que no deja de ser dinero contante y sonante para arreglar 42 sedes de la administración del Estado cedidas a los sindicatos para poder realizar su labor. Y todo, con la burda coartada formal de afrontar una «rehabilitación energética» de esas sedes para cumplir, como no podía ser de otra manera, con el estándar semántico del progresismo correctamente entendido. Se trata en efecto de 42 edificios, y ninguno de ellos, por cierto, cedido a colectivos y asociaciones empresariales. Es sencillamente una inversión puramente ideológica camuflada bajo la partida de «Transición energética. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia» –otro mantra de la corrección política de este Gobierno–, que solo beneficiará a las centrales sindicales con casi diez millones de euros en 2021, y otros noventa en 2022. Parte del dinero europeo se dedicará así a la sustitución de los sistemas de climatización de varias sedes sindicales, a modificar los sistemas de ventilación y renovación del aire, al cambio de las clásicas luces fluorescentes por placas LED, o a la sustitución de la carpintería de fachadas. En definitiva, un plan de remozamiento, cuando no de reforma casi integral, al modo en el que en su día José Luis Rodríguez Zapatero utilizó para financiar su rimbombante ‘Plan E’, que apenas sirvió para construir rotondas en España y el arreglo ocasional de instalaciones. Eso sí, con grandes carteles propagandísticos alusivos a que era el Gobierno quien promovía todo, y sin crear un solo empleo de calidad, duradero y no precario. Toda una operación de maquillaje que hasta el PSOE reconoció como chapucera e insuficiente cuando ya no hubo remedio. La diferencia es que ahora el dinero que Europa pone en manos del Gobierno de Pedro Sánchez es mucho más, y que el número de empresas necesitadas de ayudas y en trance de desaparecer es muy superior. Pero sobre todo, que el margen de discrecionalidad es tan amplio que solo genera agravios indeseados y mucha desconfianza en las autonomías.
Los anuncios del Gobierno parecen más propios de una precampaña electoral de un presidente dadivoso que un proyecto para dar prioridad a la resolución de la crisis inflacionista. Moncloa reparte bonos vivienda con truco, inventa bonos culturales para jóvenes con tufo caciquil para atraer votos, alimenta las maltrechas cuentas de los sindicatos y alivia sus deudas… Todo es gasto estructural, no productivo. No es una inversión para generar actividad económica y empleo futuro, sino un cúmulo de enjuagues amistosos con los que Sánchez dispara con pólvora del rey mientras presume de que los españoles, con él, «salimos más fuertes». De momento, parece que los sindicatos, sí.