La Fiscalía se opone a investigar la empresa señalada como tapadera de Podemos
▶ Recurre esa decisión del juez para rastrear el supuesto pago de Maduro a Bescansa
La Fiscalía de la Audiencia Nacional se opone a la decisión del juez de refuerzo en el Central 6, Joaquín Gadea, de oficiar a la UDEF para que investigue las cuentas de las empresas VIU Comunicaciones y VIU Europa, ambas señaladas como presuntas tapaderas de una supuesta financiación irregular de Podemos por el general chavista Hugo Carvajal.
Según informaron a ABC en fuentes de la causa, la Fiscalía ha recurrido en reforma el auto del instructor que encomendaba a la unidad policial diligencias para contrastar la veracidad y el recorrido de uno de los documentos aportados por Carvajal, una orden de pago del Gobierno venezolano firmada por el presidente Nicolás Maduro en 2013 que libraba medio millón de dólares para VIU de los que 142.000 debían ir a la cofundadora de Podemos Carolina Bescansa así como a Jorge Lago y Ariel Jerez.
Se trataba de una encomienda para la organización de un estand de la petrolera estatal venezolana Pdvsa en la Feria Mundial del Petróleo que iba a celebrarse un año después en Moscú. En la orden de pago figura que VIU Comunicaciones será la beneficiaria del encargo y subcontratará a una empresa audiovisual y a los tres sociólogos mencionados. Tanto Bescansa como el administrador de la mercantil niegan la veracidad del documento.
El juez pidió a la UDEF que analizase los movimientos de las cuentas de la empresa, tanto de su facción venezolana (Viu Comunicaciones) como de la internacional que tiene sede en Madrid (Viu Europa) y encomendó asimismo que se indagase en las cuentas de los tres cofundadores de Podemos, en teoría, destinatarios de aquel pago para comprobar si este se produjo.
Sin embargo, en un escrito remitido al juzgado y que firma el fiscal Jefe Jesús Alonso, la Fiscalía, que se posiciona en general a favor de las diligencias acordadas, recurre la relativa a las cuentas de la empresa porque no lo considera procedente, de acuerdo a las fuentes fiscales consultadas por ABC.
Esa supuesta orden de pago está fechada en 2013, por lo que se habría producido en todo caso antes de que se fundase Podemos, que nació en 2014, y antes de que el Código Penal tipificase el delito de financiación ilegal de partidos. Además, en caso de concurrir un delito fiscal por la no declaración de esos importes en el caso de Bescansa y los sociólogos, habría ya prescrito, como en el de la empresa.
Con todo, Carvajal habló de una práctica sostenida en el tiempo. Según su relato, esas mercantiles habrían seguido funcionando como tapadera de una supuesa financiación ilegal a lo largo de los años y, al menos hasta julio de 2017, se habría desviado dinero al partido por otras dos vías: entregas en mano y valijas diplomáticas que, como reveló ayer este diario, están ya en el punto de mira.