Cataluña agranda la brecha con Madrid al imponer tres nuevos impuestos propios
Ya suma 22 tributos autonómicos, mientras que la región capitalina los ha eliminado todos
Nada tienen que ver los gobiernos de Madrid y Cataluña. El color político ya los diferencia sobremanera, y yendo al detalle se confirma que siguen postulados opuestos. En materia de impuestos queda cristalino: la región presidida por Isabel Díaz Ayuso apuesta por reducir impuestos y la de Pere Aragonès por subirlos. La brecha entre ambas cada vez es mayor.
El desierto que separa a ambas comunidades en estrategia tributaria se agrandará todavía más el año que viene por las cuentas autonómicas catalanas, concretamente al hablar de los llamados impuestos propios; desde hace décadas se permite a las regiones establecer ciertos tributos, con limitaciones: entre ellas, que no supongan un obstáculo a la libre circulación de personas o afecten a hechos imponibles gravados por el Estado. En este sentido, la autonomía capitalina gana puntos entre sus contribuyente al haber eliminado directamente todos sus tributos de esta índole.
El acuerdo para aprobar los Presupuestos catalanes para 2022 ha alejado a la CUP del centro del tablero político, con lo que en parte se atenúa la tensión política en esta comunidad. Lo que no ha cambiado es la anunciada mayor presión fiscal que ya anticipaba el fracasado pacto con los antisistema, y que ahora se mantiene una vez el Ejecutivo de ERC y Junts ha decidido seguir mirando a la izquierda, a los comunes en concreto, para sacar adelante las cuentas. La nueva vuelta de tuerca fiscal se traducirá en Cataluña en dos nuevos impuestos de tipo ambiental, otro que grabará los alimentos ultraprocesados, así como una modificación del vigente impuesto sobre vivienda vacías que amplía los supuestos en los que puede aplicarse.
El tributo que ya ha comenzado su tramitación es el que gravará las emisiones portuarias de grandes barcos, o como ya se comienza a conocer, el impuesto a los ferris. Ayer mismo, un día después del inicio en el Parlament de la tramitación de sus presupuestos, el Govern dio luz verde a la memoria preliminar del citado impuesto, un tributo de hecho ya previsto en la ley de 2017 de Cambio Climático. Según detalla el Govern, los ingresos que se deriven, aún sin concretar, se integrarán en un fondo para la protección del medio ambiente, en el desarrollo de un nuevo impuesto que tiene una música sin duda amable con los comunes, que desde posiciones a menudo turismofóbicas han señalado a los grandes cruceros que atracan en el puerto de Barcelona como un enemigo a batir. Según la Generalitat, las emisiones de óxidos de nitrógeno que emiten los barcos durante las maniobras de atraque son equivalentes a las del conjunto de la industria y a la mitad de las de todo el transporte terrestre.
Falta por ver qué cantidades van a verse obligadas a desembolsar las navieras y las compañías de ferris. En cualquier caso, ya existe cierta inquietud, y ayer mismo, sin ir más lejos, el presidente del Puerto de Barcelona y exconsejero de Junts, Damià Calvet, pidió «ponderar muy bien» esta tasa para que las navieras no se marchen a puertos donde se tribute menos.
Otro nuevo impuesto en el que la Generalitat ya está trabajando, confirman a ABC fuentes del Govern, es el que gravará toda actividad económica que genere gases de efecto invernadero, un tributo que se suma al que justo acaba de implantar el Govern para coches contaminantes, y que prevé una recaudación de 160 millones en 2022. En paralelo, el acuerdo con los comunes incluiría una ampliación de los supuestos en los que se debería pagar por tener viviendas vacías sin causa justificada, así como otro sobre los alimentos ultraprocesados. Este último se sumaría a lo que a veces desde el Govern se ha defendido como una nueva tipología de impuestos, como el que en 2017 se aprobó para las bebidas azucaradas, tumbado por el TSJC en 2019.
Mientras Cataluña impone más impuestos propios, Madrid elimina los tres últimos que le quedaban
Los tres nuevos tributos catalanes afectan a emisiones portuarias, a gases de efecto invernadero y un gravamen a alimentos ultraprocesados
Más impuestos
Estos tres nuevos impuestos propios se suman a la batería que ya tenía aprobados Cataluña. Hasta ahora era el territorio que contaba con más tributos de esta índole, en total 19, aunque cuatro de ellos han sido declarados inconstitucionales; tras esto, sumando estos tres adicionales, la cifra asciende hasta los 22, de los cuales son efectivos 18. A esta región le sigue Andalucía con ocho y Asturias con siete (uno inconstitucional).
La maraña de tributos autonómicos provoca que existan más de 80 sumando el conjunto de administraciones, con diferente importancia para unas regiones y otras. A Madrid solo le reportaron en 2019 (último año comparable entre todas las comunidades, según cifras del REAF, del Consejo General de Economistas) siete millones de euros; la región que menos sangra por estos conceptos a sus ciudadanos.
En el lado opuesto de la balanza está la autonomía presidida por Aragonès como la que más dinero capta de sus contribuyentes con 677,5 millones. Así las cosas, tomando en cuenta los datos del REAF hasta 2019, si se suman todos los territorios liderados por el PSOE más Cataluña, estos aglutinan el 83% del total de recaudación del conjunto de autonomías (2.020,6 millones), como publicó ABC.
Cataluña ahonda en su estrategia de aumentar gravámenes a ciudadanos y empresas, mientras Madrid elimina los tres únicos impuestos propios que le quedaban. Esta decisión adoptada por el Gobierno de Ayuso es más simbólica que efectiva, dado que apenas suponen recaudación para la región. El objetivo es transmitir al contribuyente que en el territorio todo pasa por bajar impuestos, no subirlos, al contrario que su ‘rival’ catalán.
Más allá de eso, la brecha entre autonomías está especialmente abierta por otros impuestos como el de Sucesiones y Donaciones, que está muy bonificado en la capital. Asimismo, el Impuesto sobre Patrimonio en Madrid es como si actualmente no existiera, y precisamente Ayuso saca ahora adelante una bajada en el IRPF, en la parte autonómica sobre la que puede actuar. Dos modelos opuestos de hacer política fiscal.