Cultura envuelve el caso Selgas en un manto de silencio
► Iceta sigue sin anunciar medidas por la compraventa del ‘Aníbal vencedor’ de Goya dos meses después de que el Protectorado iniciara una investigación
Más de dos meses después de que el Principado de Asturias se dirigiera al Protectorado de Fundaciones para que valorara la intervención de la Fundación Selgas-Fagalde por posibles irregularidades en la venta de un cuadro de Goya y en su gestión económica, el Ministerio de Cultura sigue sin resolver el caso. «Sin novedad» es la respuesta que este diario recibe cada vez que pregunta al departamento que dirige Miquel Iceta, quien a mediados de septiembre se comprometió a llevar el caso a la Justicia si apreciaba «cualquier tipo de irregularidad o falta de detalle en los temas cruciales de esta transacción u otras actividades de la fundación». El ministerio, aseguró, iba a ser muy «exigente» y «transparente».
Nada ha vuelto a decir el ministro desde entonces, pese a que la documentación publicada por ABC revela que la fundación presidida por el abogado Gregorio Peña, en el informe aportado al ministerio, omitió que el ‘Aníbal vencedor’ de Goya pertenecía a la dotación fundacional y, por tanto, la operación debió contar con la autorización del Protectorado. Además de la información contenida en los estatutos de la fundación, el acta de noviembre de 2020 donde se acordó la compraventa del cuadro y detalles sobre una dudosa compra de un hotel –datos que motivaron la petición de intervención del Principado–, ABC ha publicado estas semanas documentos como el contenido de la herencia de las dos hermanas fundadoras, fichas del inventario y actas de los años 90.
En todos estos papeles se deja claro que la fundación, que cuenta con unos activos de alrededor de 95 millones de euros, se constituyó para preservar el conjunto de la Quinta que los Selgas levantaron en Cudillero. Los escritos de la fundación protegen la colección artística, incluidos el Goya vendido y otro de El Greco que el ministerio impidió exportar. Pese a estas informaciones, el ministerio no ha variado su rumbo. «Seguimos sin novedad» es la respuesta más repetida. Cultura se justifica en que los trabajos técnicos del Protectorado no son públicos y que la ley de fundaciones no concreta plazos, pero que una investigación como esta lleva semanas. Ya van diez semanas con el tema sobre la mesa.
La Consejería de Cultura del Principado tampoco parece dispuesta a mucho más. Cuando el escándalo estalló se comprometió a pedir la intervención de la fundación y a estudiar posibles acciones legales. Sobre lo segundo, nada nuevo en estos dos me
ses. Llevar el caso a los tribunales sería denunciarse a sí mismo, puesto que la Consejería, como patrona pública, participa de las decisiones de la fundación.
La ley indica que los patronos deben responder solidariamente frente a la fundación de los daños y perjuicios que causen por una determinada infracción. La semana pasada, en declaraciones a los medios, la consejera Berta Piñán (PSOE) dijo que ellos siguen pidiendo documentación a la Fundación Selgas con objeto de declarar BIC el conjunto de la Quinta, pero que la entidad les «niega» la información o «alarga» la entrega de papeles. Piñán ha renunciado a ejercer la acción de responsabilidad, como le exigía la oposición.
Tampoco han querido recurrir a esta figura que se ejerce contra los patronos que hayan causado un daño al patrimonio de la fundación el resto de vocales públicos del patronato: el alcalde de Cudillero, la Universidad de Oviedo y el Arzobispado. Estas instituciones deben velar por los intereses de la fundación por expreso deseo de las fundadoras. El alcalde, el socialista Carlos Valle Ondina, despachó en poco más de cuatro minutos un pleno convocado para que diera explicaciones sobre su papel como patrono: se limitó a leer un comunicado en el que culpó al anterior alcalde y no permitió réplicas de la oposición.
A la espera de la Fiscalía
Todos andan a la espera de la Fiscalía de Asturias, que tras las denuncias de Foro Asturias y Podemos abrió diligencias el pasado 22 de septiembre para investigar si la Fundación Selgas ha incurrido en los delitos de administración desleal, estafa o apropiación indebida. Si constata la actividad delictiva del patronato de la fundación pondrá el caso en conocimiento del juez. Para ello cuenta con un plazo de seis meses prorrogables.
El Museo del Prado, donde se expone ahora el ‘Aníbal’ de Goya, y la Fundación Amigos del Prado, que pagó 3,3 millones de euros por él, tampoco harán nada hasta que la Justicia se pronuncie. Desde la pinacoteca insisten en que ellos son los depositarios de la donación y que tendrá que ser el juez quien dirima si hubo irregularidades o no en la compraventa, mientras que desde la fundación sostienen que ellos cumplieron con los requisitos.
Pese a que las informaciones desveladas por ABC apuntan a que la Fundación Selgas debió pedir permiso al ministerio para vender el Goya por ser un bien dotacional, Nuria de Miguel, secretaria general de los Amigos del Prado, sigue convencida de que con la compra ellos han cumplido con su objetivo fundacional y no han cometido ninguna irregularidad. «La Fundación Selgas nos aportó certificaciones del acuerdo del patronato para la compraventa y de que no estaba en la dotación fundacional. No nos planteamos volver a pedirlo ni revisar la operación. Lo que tenga que venir, vendrá. No nos planteamos nada», asegura De Miguel.