El PSOE pide en una ley propia penalizar a clientes y proxenetas
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La abolición de la prostitución es el plan más ambicioso y enfático que se planteó el Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos. Ya en el acuerdo firmado entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias después de las elecciones de 2019 se fijaba el objetivo de «erradicar la trata de mujeres con fines de explotación sexual» y se alertaba del hecho de que España sea, decía esa hoja de ruta del nuevo Ejecutivo, «uno de los países de tránsito y destino de muchas de estas mujeres y niñas que son obligadas a ejercer la prostitución». Ahora, con la legislatura en su ecuador (si Sánchez cumple su palabra de no adelantar elecciones) el tiempo empieza a apremiar a ambas formaciones, y el conflicto político no ha tardado en aflorar, como prueban los acontecimientos de las últimas cuarenta y ocho horas.
El miércoles el PSOE retiró una enmienda a la llamada ‘ley del solo sí es sí’ sobre consentimiento sexual en la que, con el apoyo del PP, se planteaba castigar con mayor severidad a los propietarios de clubes de alterne. Los socialistas evitaban así hacer caer la reforma impulsada por la ministra de Igualdad, Irene Montero, dado que si llevaba ese añadido contra la llamada ‘tercería locativa’ hubiese perdido el apoyo de varios grupos minoritarios, entre ellos el PNV, ERC y Ciudadanos, que así se lo comunicaron al Grupo Socialista.
Pero los socialistas tomaron ayer de nuevo la iniciativa, y de manera apresurada. A primera hora registraron en el Congreso una proposición de ley propia que plantea perseguir tanto a a los proxenetas como a los clientes de la prostitución. A los primeros (mediante una reforma del artículo 187 del Código Penal) con una pena de entre dos y cuatro años de prisión a quienes «con ánimo de lucro, y de manera habitual, destinen un inmueble, local o establecimiento, abierto o no al público, o cualquier otro espacio, a promover, favorecer o facilitar la prostitución de otra persona, aun con su consentimiento» (la citada ‘tercería locativa’). Además, en el caso de que la persona que presta el acto de naturaleza sexual fuese menor de edad o tuviese una situación de vulnerabilidad, la pena a su proxeneta sería de entre uno y tres años de prisión y una multa de 24 a 48 meses. Y a los segundos, a los clientes de prostitución, con una multa de 12 a 24 meses o, si la prostituta es menor de edad o vulnerable, con una condena de prisión de uno a tres años. En la exposición de motivos de la norma se argumenta el castigo penal al cliente, del que se dice que es «la condición de posibilidad para que se produzca la prostitución».
El apoyo de Podemos
La número dos del PSOE, Adriana Lastra, protagonizó una rueda de prensa específica en la que enfatizó una y otra vez el carácter abolicionista de su partido y en la que lanzó importantes dardos a su socio. «La posición actual de Unidas Podemos no la conozco, lo que sí conozco es que no quisieron apoyar nuestra enmienda de abolición de la prostitución y de persecución del proxenetismo, eso sí que lo sé. Pero ahora los grupos parlamentarios no tendrán excusas», señaló la vicesecretaria general del PSOE, quien habló de «vetos cruzados» entre el resto de formaciones del arco parlamentario.
Horas después, la propia Irene Montero se limitó a decir que la iniciativa de los socialistas «sumará en el camino del Gobierno para abolir la prostitución» dentro, remarcó, de su ley de garantía sexual. La titular de Igualdad reivindicó así una posición preeminente en la iniciativa para ese objetivo de máximos de la abolición, que Lastra se atrevió incluso a fijar para la presente legislatura. Montero especificó incluso que con la iniciativa que impulsa su departamento se «reconoce por primera vez en España a las mujeres víctimas de explotación sexual y también de trata con fines de explotación sexual como una forma de violencia machista». De fondo late una discrepancia procedimental entre la ley del PSOE, muy centrada en modificaciones del Código Penal, y la filosofía de Podemos, que cree más idónea, como dijo ayer la propia Montero, «la garantía de la identificación de las víctimas y sus derechos» que la persecución del cliente.
A partir de ahora, la batalla entre los socios de coalición se dará con el calendario parlamentario en la mano. Los socialistas confían en que su ley pueda llegar al pleno del Congreso antes de final de año. La ‘ley del solo sí es sí’, por su parte, llegará la semana que viene para su aprobación en la Cámara Baja.
Por otra parte, Lastra también arremetió en términos muy duros contra Alberto Núñez Feijóo, al que acusó de «traicionar» el compromiso del PP en favor de la abolición de la prostitución, aludiendo para ello al voto a favor del primer partido de la oposición en febrero de 2019 –en tiempos de Pablo Casado y del Gobierno de Sánchez en solitario– a una iniciativa en el mismo sentido del Grupo Socialista, aunque en aquella ocasión se trató de una proposición no de ley. Esa postura fue cambiada el miércoles, según la número dos socialista, que acusó a Feijóo de haber «vuelto a dar la espalda a las mujeres», si bien Génova desveló que llevaban meses negociando la enmienda con el PSOE, que al final retiró.
La mano derecha de Sánchez señaló que «en una democracia, luchar contra la peor forma de explotación no puede ser algo secundario. Para el PSOE no lo es, y –acabó Lastra– si tenemos que luchar solas, no será la primera vez».
Los socialistas proponen multas de 12 a 24 meses para los clientes y prisión en caso de que la meretriz sea menor de edad