«Deslegitima la democracia del 78 y blanquea a ETA»
▶ Critica que se «falsee el proceso histórico» y se dé cobertura a la tesis de quienes reniegan de la Constitución
El objetivo íntimo de la ley de Memoria no es tanto la reparación de las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura como el moldear la historia al ideológico gusto de quienes reniegan del régimen democrático del 78. Así lo considera Rafael Arias-Salgado, otro de los testigos directos y actores de la Transición que ha alzado su voz contra esta ley que –afirma– «contribuye a deslegitimar nuestra democracia y a blanquear a los terroristas».
«Buscar, exhumar y dar entierro digno a quienes fueron víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura es algo en lo que estoy totalmente de acuerdo; el problema es que, a la vista de la ley de Memoria, eso se convierte en un pretexto para manipular la historia», advierte en declaraciones a ABC Rafael AriasSalgado, presidente de la Fundación Transición. Fue diputado constituyente por UCD (1977-1982) y ministro en los gobiernos de Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo-Sotelo y de José María Aznar –ingresó en el PP en 1993, desde cuyas filas fue diputado en el Congreso durante once años, hasta 2004.
La Ley de Memoria Democrática «falsea el proceso histórico, trata de establecer una verdad que no tiene nada que ver con la historia real, tiene otra pretensión que enraíza con lo que llamo la ‘doctrina Zapatero’: pregonar que la democracia del 78 no fue una auténtica democracia, que nació hipotecada y que nuestro régimen democrático hay que conectarlo ideológicamente con la II República», explica Rafael Arias-Salgado. De ahí –indica– que para servir a ese objetivo ideológico, no histórico, la ley de Memoria evite hablar del terrorismo que amenazó la Transición y atacó a la democracia, pero ponga en tela de juicio el régimen constitucional elegido por los españoles.
Como ejemplo de desmemoria intencionada, Arias-Salgado recuerda que, inicialmente, el proyecto de ley ignoraba por completo la Ley de Amnistía de 1977. «Al final sí se cita –indica–, no les ha quedado más remedio, pero no se dice que la amnistía abarcó a los delitos de sangre».
Considera que esta es «una omisión muy grave», porque así se obvia que el terrorismo de ETA persistió pese a esa «ley fundacional de nuestra democracia, promulgada con la especial participación de UCD, PSOE y PCE para construir en España una auténtica democracia sin hipotecas históricas».