Lambán oculta el expediente de las mascarillas ‘fantasma’ por las que pagó 244.000 euros
► El Gobierno de Aragón incumple la ley de Transparencia para esconder detalles de esa sospechosa transacción
El Gobierno aragonés que preside Javier Lambán ha optado por infringir la ley de Transparencia para ocultar el expediente de las mascarillas ‘fantasma’, los 244.570 euros que pagó en abril de 2020 por un supuesto cargamento de mascarillas y guantes del que no hay albaranes ni actas de recepción. Es decir, se pagó un cuarto de millón de euros por un suministro que no está probado que llegara.
No existen esos documentos oficiales que son imprescindibles antes de autorizar un pago. Tampoco las preceptivas facturas. Los pagos se hicieron saltándose los más elementales requisitos de control administrativo. De hecho, ese cuarto de millón se pagó en contra de la Intervención de fondos de la Administración autonómica, que se opuso a ese abono por las irregularidades que observó.
El caso lo destapó ABC el pasado 30 de abril, a partir de una auditoría realizada por la Cámara de Cuentas de Aragón en la que se reflejaron esas gruesas irregularidades. El Gobierno de Lambán salió de inmediato, ese mismo día, a decir que el sospechoso cargamento sí que llegó. Pero no aportó ni un solo documento que lo acreditara. Solo la palabra de responsables de segundo nivel de la Consejería de Ciudadanía y Derechos Sociales, que dirige Mariví Broto. Fueron ellos a los que el Ejecutivo mandó salir a dar la cara ante los medios, pero no les quedó más remedio que reconocer que ni existe acta de entrega del material ni facturas regladas que respalden ese cuarto de millón de euros que el Gobierno aragonés transfirió al supuesto proveedor, una empresa radicada en Ámsterdam (Países Bajos) a la que aseguran que, poco después, le perdieron el rastro.
Políticos en el punto de mira
El 3 de mayo pasado, al amparo de la ley de Transparencia, ABC solicitó formalmente la copia íntegra de ese expediente. Al día siguiente, el 4 de mayo, la unidad de Transparencia de la Consejería de Ciudadanía y Derechos Sociales comunicó que había recibido la solicitud y que le daba curso, para responderla en el plazo de un mes. Sin embargo, el 25 de mayo indicó que se acogía a su derecho de ampliar por un mes más el plazo de respuesta, «con el fin de proceder a la adecuada recopilación de la información solicitada». Todo ello a pesar de que, según había dicho el Gobierno aragonés cuando se desveló el escándalo, el expediente estaba perfectamente localizado.
En realidad, ese mes añadido que se autoconcedió el Ejecutivo de Lambán se ha demostrado que fue una mera dilación, dar largas, sin más. El 4 de julio finalizó el plazo, pero no ha dado ninguna explicación, ni mucho menos ha facilitado el expediente de ese sospechoso pago de 244.570 euros, asunto del que pueden derivarse responsabilidades legales directas contra quienes intervinieron en ese procedimiento. Y en él estuvo implicada la cúpula del Gobierno aragonés al completo, porque, ante la negativa de la Intervención a validar el pago, el visto bueno se lo dio directamente el Consejo de Gobierno. Es decir, el presidente Lambán y el resto de consejeros de su cuatripartito, el gabinete formado por el PSOE, Podemos, los soberanistas de la Chunta y el PAR.
Ignoran también a las Cortes
La petición de ABC al amparo de la ley de Transparencia fue nítida y la Administración autonómica, de hecho, reconoció implícitamente que encajaba en los casos típicos que ampara la ley de Transparencia: acceder a la copia de un expediente oficial sobre una materia que no es información reservada y que ha sido objeto de comparecencias de representantes políticos del Ejecutivo regional. A principios del pasado mes de mayo, en las Cortes de Aragón, la consejera socialista Mariví Broto llegó a pedir públicamente «apoyo» para enterrar este comprometedor caso.
Ahora, ante la falta de respuestas se multiplican las sombras. Más aún si se tiene en cuenta que el Gobierno de Lambán tampoco ha facilitado el expediente a las Cortes de Aragón. Se lo reclamó el grupo parlamentario del PP a primeros de mayo, pero no se lo han facilitado. El Ejecutivo aragonés, pese a defender de palabra la corrección de aquel cuantioso pago bajo sospecha, ha optado por encerrar a cal y canto ese expediente, cuyos documentos resultan cruciales no solo para poder conocer más detalles sobre las irregularidades que rodearon ese anómalo y cuantioso pago sino, también, para dilucidar otros extremos del caso.
ABC solicitó, textualmente, la «copia íntegra, en formato electrónico del expediente número SC-42/2020», que es el que corresponde a este sospechoso contrato. Y en la misma solicitud se hizo constar que, además de la copia íntegra de dicho expediente, se requiere igualmente la copia íntegra de «cualquier otro documento relacionado con la contratación, pago y seguimiento de dicho contrato de emergencia, en caso de que dichos documentos consten en expedientes distintos o relacionados con el arriba indicado». Ni un solo documento o explicación ha sido aportado.
En el caso del grupo del PP en las Cortes de Aragón, solicitó por vía parlamentaria «copia completa del expediente de contratación y de toda la documentación relativa a la adquisición de material y equipos de protección individual» objeto de ese sospechoso contrato. También reclamó la copia íntegra de toda la documentación relativa al pago de esos 244.570 euros, entre otros extremos. Ninguno de esos expedientes han sido facilitados por el Gobierno aragonés al PP, que hace más de un mes presentó una queja formal, por vía parlamentaria. Sigue sin obtener respuesta.