Sedición de la buena y de la mala
¿Por qué Estados Unidos nos recuerda que la democracia no es un pacto de suicidio colectivo?
Un jurado del Tribunal Federal del Distrito en Washington D.C. –después de tres días de deliberaciones– ha encontrado culpable a Stewart Rhodes, fundador del grupo neofascista Proud Boys, de ser el artífice de un complot para subvertir el traspaso de poder presidencial de Donald Trump a Joe Biden. Según el fallo de los doce miembros del jurado popular, Rhodes lideró una conspiración sediciosa contra el Gobierno federal para tratar de mantener a Trump en el poder a través de una operación clandestina que comenzó después de las elecciones de noviembre del 2020 y culminó con el asalto al Capitolio.
La conspiración sediciosa es la acusación más grave presentada hasta ahora en los 900 casos penales generados en Estados Unidos por la extensa investigación policial del ataque al Capitolio. En el caso de Stewart Rhodes, el líder de los Proud Boys también ha sido declarado culpable de destruir pruebas y obstruir la certificación de las elecciones presidenciales durante la sesión conjunta que el Congreso celebraba durante el ataque perpetrado el 6 de enero del 2021. Por estos tres cargos, Rhodes se enfrenta a un máximo de 60 años de prisión
Al respaldar el cargo de sedición, el caso de Rhodes se convierte en el primero en considerar que el asalto al Capitolio no fue un espontáneo «desorden público agravado» sino una conspiración organizada de principio a fin por los partidarios de Trump para revertir su derrota electoral por siete millones de votos. Hasta ahora, el expresidente y sus aliados no habían tenido que rendir cuentas por esta traumática violación del orden constitucional.
Casi dos años después de esta violenta crisis golpista en Estados Unidos, la decisión del caso Rhodes contrasta con el simultáneo intento en España para distinguir entre sedición de la buena y sedición de la mala. Este rebaje penal, que también se intenta extender al cargo de malversación de fondos públicos, representa una sobredosis de impunidad en un año crítico para demostrar que las democracias liberales no son un pacto de suicidio colectivo.