La UE alerta de «encubrimiento político» con las menores tuteladas de Baleares
▶ El informe definitivo pide más transparencia y acelerar las investigaciones
El Parlamento Europeo aprobó ayer el informe definitivo sobre la explotación de menores tuteladas en Baleares, en el que alerta del posible riesgo de «encubrimiento político» por parte de las instituciones políticas de Baleares. En una enmienda incorporada al texto provisional reclama que se incrementen «sustancialmente los recursos en el sistema de protección, acelerando todas aquellas investigaciones de casos de abuso infantil, especialmente ante el posible riesgo de encubrimiento político» y que haya «más transparencia».
Asimismo, recoge la «necesidad de prevención, planes y protocolos de actuación claros ante las posibles víctimas de abusos para una identificación temprana de casos de abusos y explotación sexual; o presiones para encubrimientos políticos». El informe definitivo sobre la explotación de menores tuteladas aprobado en la mañana de ayer incluye otras enmiendas que destacan la necesidad de «replantear la intervención judicial en la valoración y decisión de la declaración de desamparo» de las víctimas o «mayor agilidad y flexibilidad en la toma de decisiones de los organismos de tutela con el fin de proteger el interés superior del menor».
Además, la UE pide que la investigación siga abierta y se haga un exhaustivo seguimiento de la implementación de las medidas propuestas. El bloque conservador formado por el PP, Cs y Vox, que contaba con 17 votos, ha conseguido sumar 20 a favor gracias al apoyo de diputados no adscritos. El bloque de izquierdas formado por PSOE, Podemos y los verdes han mostrado su discrepancia y se han ausentado en la votación.
La izquierda, ausente
La investigación por parte de la Eurocámara surgió en enero de 2021 cuando la eurodiputada balear del PP, Rosa Estaràs, solicitó el envío de una misión para contribuir a esclarecer las circunstancias en las que se habían producido esos casos de explotación a niñas tuteladas. A raíz de esta petición, pidió explicaciones al entonces vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias; al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y a la consejera de Asuntos Sociales del Govern, Fina Santiago. La escueta respuesta fue que los casos de abusos que se conocen son remitidos a la Justicia. Estaràs celebró ayer que el informe haya salido adelante por una «amplia mayoría». «Es una pena que los grupos de izquierdas se ausenten de una votación cuando ven que la van a perder. En democracia hay que estar cuando se gana y cuando se pierde, y sobre todo cuando se pierde. Además de antidemocrático es cobarde», sentenció.
Una delegación de eurodiputados se desplazó el pasado mes de abril a Mallorca para investigar la explotación sexual de menores tuteladas por el Gobierno insular de la socialista Catalina Cladera, que preside el Consell de Mallorca. Durante su visita a las islas, la misión europea se reunió con autoridades regionales, expertos en explotación sexual infantil, así como familiares de las víctimas y periodistas. En las conclusiones preliminares, avanzadas por ABC en septiembre, la Comisión indicó que era «preciso» incrementar los recursos para la protección, mejorar la coordinación entre las instituciones que velan por su seguridad y prevenir las situaciones de riesgo. El documento recogía 15 conclusiones entre las que se urgía «replantear el sistema de protección de menores tutelados a nivel autonómico, nacional y europeo» y crear en las islas centros de protección específicos de menores con problemas de conducta. La delegación llegada desde Bruselas planteó mejorar los protocolos de actuación y la coordinación entre las instituciones después de que Policía y la Guardia Civil reconocieran que era «obtusa» y «mejorable».
Bloqueo del Gobierno insular
Desde que estalló el escándalo a principios de 2020, el Gobierno insular, formado por PSOE, Podemos y Més, ha bloqueado cualquier investigación sobre las denuncias de casos de menores tutelados víctimas de explotación sexual. Los socios nacionalistas de Armengol apoyaron una comisión de investigación en el Consell de Mallorca, secundando al PP, Cs y el PI, pero el PSOE y Podemos lograron que mutara en una comisión de expertos que no aclaró nada y que costó 30.278,73 euros.