EDITORIALES AMNISTÍA TOTAL AL ‘PROCÉS’
Con los indultos, la sedición y la malversación el Gobierno revierte la derrota del separatismo catalán tras el 1-O y deja al Estado sin defensas ante nuevas intentonas sediciosas
NO por esperado resulta menos descorazonador. Cuando el PSOE dio a entender que el Gobierno no acometería la exigencia de Esquerra de suavizar el delito de malversación, estaba claro que sólo lo estaba aparcando, conociendo los precedentes en los que ha ido asumiendo por fases las demandas de ERC y Bildu a cambio de su apoyo parlamentario para mantenerse en el poder. Todo lo que no hace tanto nos parecía imposible de asumir por el Estado de derecho es hoy una realidad; indultos, sedición y malversación, por no hablar en otro orden del acercamiento de terroristas presos al País Vasco con el fin de acelerar su excarcelación.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, nos sacó ayer de la duda al confirmar la reforma del delito de malversación el mismo día en que se celebraba el cuadragésimo cuarto aniversario de la Constitución. Esta coincidencia, consciente o inconsciente, describe fielmente la ausencia de cualquier reparo a la política de alianzas del PSOE con los separatistas catalanes. Para que no haya duda ninguna de que esta nueva reforma penal tiene como objetivo proteger a los líderes independentistas condenados y a los pendientes de juzgar por el 1-O, la enmienda que la promoverá será de ERC. Y los socialistas, todos a una, como con la derogación de la sedición, secundarán una cesión sonrojante para el constitucionalismo.
El presidente del Gobierno «promete» que la reforma de la malversación no favorecerá a los corruptos, lo que ni rebaja la importancia de la cesión ni garantiza que no se produzca otro coladero como ha pasado con los agresores sexuales y la ley del ‘solo sí es sí’. La lista de promesas incumplidas por Sánchez a conciencia es muy amplia, por lo que debería al menos asumir el riesgo de que cualquier modificación de la malversación que pretenda beneficiar a los ya condenados y a los imputados por el 1-O acabará extendiéndose a otros delincuentes convictos y a acusados pendientes de juicio, sea de forma consciente o deliberada.
Tampoco debería el presidente dar por hecho que los tribunales de Justicia serán administradores silentes y obedientes de sus mandatos penales al margen de la falta de pericia en su ejecutoria legislativa y jurídica, porque se equivocará, como ya lo está comprobando con la ley llamada a proteger como nunca a las mujeres frente a la violencia sexual. Esta vez, el Gobierno no podrá escudarse en el argumento de la armonización europea, porque precisamente la normativa de Bruselas sobre la protección penal de fondos europeos define la malversación tanto si hay como si no hay enriquecimiento del funcionario. Su modificación del delito en función de esta distinción carece de fundamento. Basta leer, para comprobarlo, el artículo 4, apartado 4, de la Directiva 2017/1371, del Parlamento y del Consejo Europeo, aunque, como el PSOE va a utilizar el atajo de la enmienda de ERC para evitar –otra vez– a los órganos consultivos del Estado y del Gobierno, pasará por alto este detalle. Sin embargo, seguro que Bruselas y la Fiscalía europea tomarán nota de cómo Sánchez debilita la protección penal de los fondos públicos.
Con los indultos, la sedición y la malversación el Gobierno revierte la derrota del separatismo catalán tras el 1-O y le concede un salvoconducto penal para nuevas intentonas sediciosas, a cambio de asegurar a Sánchez unos meses más en el poder. No, no ha sido casualidad que el presidente del Gobierno anunciara la reforma de la malversación el día de la Constitución. El mensaje, desgraciadamente, está muy claro.