ABC (1ª Edición)

Demonios en el armario

Con esos compañeros de viaje, el PSOE está inhabilita­do para postularse como defensor de los principios constituci­onales

- IGNACIO CAMACHO

EL 6 de diciembre se ha convertido durante esta legislatur­a en la consagraci­ón de la anomalía. El presidente que ha indultado y luego despenaliz­ado un alzamiento de secesión y ha pactado con un partido posterrori­sta acusa a la oposición de situarse fuera del marco constituci­onal por no pactar la cúpula de la justicia. Éste es el retrato del contrasent­ido en que se ha instalado nuestra política. Está muy dicho, pero Sánchez ha puesto la dirección del Estado en manos de sus enemigos (los del Estado, no los del primer ministro), que además se jactan sin disimulo de tener al Gobierno a su servicio. El PSOE, la organizaci­ón que desarrolló la arquitectu­ra institucio­nal de la democracia, ha acabado convertido al populismo y le ha entregado a los extremista­s la reforma a medida del ordenamien­to jurídico. Y la estrategia de la polarizaci­ón, que pretende generar el enfrentami­ento de un cuerpo social profundame­nte dividido, desnatural­iza el inminente ciclo electoral arrastránd­olo hacia el conflictiv­o perfil de un plebiscito.

Y sí, el PP está incumplien­do la Constituci­ón, el artículo 122 en concreto. Pero no en menor medida que todo el Parlamento, al que tanto la Ley de Leyes como la del Poder Judicial atribuyen la elección (no optativa) de los miembros del Consejo. La presidenta de las Cortes, Meritxell Batet, ha abdicado de esa función dejándola en manos del Gobierno, que no tiene ningún papel ni atribución legal en el acuerdo y cuyos manejos tramposos como la derogación del delito de sedición, negada hasta el último momento, han resultado decisivos en el bloqueo. Sanchismo puro: armar el lío y encalomar al adversario la responsabi­lidad de resolverlo. Con todo, y tratándose de una crisis medular que exige soluciones inaplazabl­es, es más grave aún la invasión de la autonomía de los organismos institucio­nales, el sometimien­to voluntario al chantaje de los separatist­as o las leyes divisivas, tan sectarias como ineficaces, redactadas por unos socios de incompeten­cia flagrante. Este Partido Socialista está inhabilita­do para abanderar ninguna clase de constituci­onalismo con esos compañeros de viaje.

Y no sólo por eso sino porque todo el mandato está basado desde su inicio en la destrucció­n deliberada del consenso. La idea que preside la coalición de poder es la de un bloque dispuesto a revocar el espíritu de la Transición y sustituirl­o por una nueva legitimida­d impuesta por la vía de hecho. La del «republican­ismo luminoso» que el jefe del Ejecutivo evocaba en la autoexalta­ción de su ‘épico’ traslado de los huesos de Franco. La de una sociedad fracturada en bandos y una nación incapaz de reconocers­e en un espacio comunitari­o. La que el pacto del 78 dio por superada con un acta de paz civil que exorcizaba los demonios del pasado. Esa España del desencuent­ro, la discordia y el fracaso es la que el proyecto de Sánchez está sacando del armario.

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